Nacionalizar puede ser una buena alternativa.
Nacionalizar la energía ⎼tal es nuestra propuesta⎼ es poner al servicio de toda la nación aquellos recursos que, por su naturaleza propia, representan un interés general y estratégico, y que no pueden, en consecuencia, estar sujetos al albur de los intereses privados y especulativos.
Editorial de La Razón de la Proa (LRP) de septiembre de 2021, recuperado para ser nuevamente publicado en abril de 2024. Solicita recibir el boletín semanal de LRP.
Nacionalizar puede ser una buena alternativa
No nos asustemos de las palabras, ni nos duelan prendas cuando las propuestas de algún ámbito de la izquierda coincidan con las nuestras; del mismo modo, también coincidimos con la derecha en la defensa (más bien teórica y pusilánime por su parte) de valores considerados tradicionales.
Existe un gravísimo problema para toda la población española y para la economía en general ante el aumento desmesurado del coste de la energía eléctrica, entre cuyos orígenes no es el menor la especulación de las empresas de ese ámbito y el acatamiento a los principios neoliberales del dios-Mercado.
Existe, también, una ignorancia completa de esta población sobre el fondo del problema, debido a una total falta de transparencia al respecto; el resultado es la indefensión del usuario y, por otra parte, la inactividad absoluta del Gobierno frente a los abusivos precios de la electricidad.
Opinamos humildemente que debe estudiarse con urgencia la nacionalización del sector, especialmente en cuanto afecta a la distribución y comercialización, pues la producción de la energía encierra otro tipo de cuestiones. No sabemos qué diría Bruselas, pero, por una parte, estamos acostumbrados a que nuestro Gobierno la ponga como excusa, y, por otra, no creo que la sangre llegara al río en caso de ponerse terne España.
No entramos en pormenores técnicos, que, por su naturaleza servimos en bandeja a la opinión fundamentada de nuestros economistas, pero sí dejamos sentado un principio básico: el interés de los españoles en su conjunto está por encima de los de los consejos de administración.
Ahora bien, ¿qué entendemos por nacionalización? Creemos que la definición que proporciona la RAE no es exacta y debería ser revisada por los señores académicos, pues, en su acepción tercera, que es la que viene al caso, nos dice que es hacer que pasen a depender del gobierno de la nación propiedades industriales o servicios explotados por los particulares. Si la palabra gobierno hubiera sido reemplazada por la de Estado, acaso estaríamos más acordes.
Pero tampoco nacionalizar equivale a estatificar, salvo que entendiéramos todos que un Estado no es más que la estructura política y jurídica de una sociedad, esto es, la sociedad organizada jurídica y políticamente, no el modelo de Leviatán tiránico al que nos están llevando.
Nacionalizar la energía ⎼tal es nuestra propuesta⎼ es poner al servicio de toda la nación aquellos recursos que, por su naturaleza propia, representan un interés general y estratégico, y que no pueden, en consecuencia, estar sujetos al albur de los intereses privados y especulativos.
El artículo 38 de la actual Constitución reconoce la libertad económica en el marco de la economía de mercado, pero añade: Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación. Y el artículo 51.1. especifica: Los poderes públicos garantizan la defensa de consumidores y usuarios…
¿No debe entrar en estos principios de la política social y económica la planificación de un servicio de interés general y la defensa de quienes se ven obligados a pagar los abusivos previos de unas facturas? ¿No existen medios jurídicos y políticos para esta tarea de intervención nacionalizadora?
En esta tarea que proponemos deberían tener cabida y protagonismo las asociaciones de consumidores y usuarios, que representan fielmente a los perjudicados; por el contrario, somos opuestos a que participen los partidos políticos, tan hábiles en el juego de las puertas giratorias, y los sindicatos oficiales, de cuya capacidad y vocación de defensa de los intereses de los trabajadores podemos albergar algo más que dudas.