"Sevilla" vigila los fondos europeos.
En Sevilla está una de las delegaciones del Joint Research Center (JRC) de la Comisión Europea, son los que dan o rechazan la autorización técnica para acceder a unos 700.000 millones de euros.
Publicado en primicia en el digital La Razón (Andalucía) el 26/07/2021. Enviado posteriormente por su autor a La Razón de la Proa (LRP). Recibir actualizaciones de LRP (un envío semanal).
"Sevilla" vigila los fondos europeos.
En un edificio sevillano, ahora vetusto pero en su momento –años noventa– vanguardista, trabajan cuatrocientos funcionarios de la Unión Europea con sueldos elevados y libres de impuestos. A modo de ejemplo y a pie de playa me contaba un abogado amigo que acababa de cerrar un contrato de alquiler de 2.000 euros mensuales para alojar a uno de ellos.
Son los integrantes de una de las delegaciones del Joint Research Center (JRC) de la Comisión Europea, una suerte de centro de investigación de esta institución con cuyos miembros he tenido ocasionalmente oportunidad de colaborar. Entre sus cometidos pocos saben que está la evaluación de los planes nacionales de recuperación y resiliencia que los estados miembros han presentado para acceder a los fondos Next Generation UE (NG-UE). En definitiva, son los que dan o rechazan la autorización técnica para acceder a unos 700.000 millones de euros.
Una cuantía total contada con trampa pues la mitad son dinero en ayudas directas y no reembolsables y la otra mitad, préstamos a los que los estados pueden acceder sólo si lo desean. Hasta ahora sólo siete países han solicitado acceder a los fondos en forma de préstamos.
De momento se han aprobado dieciocho planes. Algunos países no los han presentado todavía, por ejemplo los Países Bajos y Bulgaria. Los primeros recibirían una escasa cuantía y por eso están más pendientes del uso que haremos los demás que de la cuantía que van a recibir.
Luego están los casos de Hungría y Polonia a los que la Unión Europea ha puesto objeciones a sus legislaciones nacionales que jamás pondría a grandes potencias como China. El jurista Miguel Ángel Loma ha sido el último en denunciarlo en el digital que dirige Pilar Fuertes. La Unión Europea –cuestionada por el Brexit– no puede permitirse el abandono de socios como Hungría y Polonia a los que Rusia acogería con las puertas abiertas si aquellos olvidasen heridas que aún supuran.
Frente al rigor con el que los funcionarios del JRC actúan en la evaluación de los planes nacionales, se supo que, antes de su salida del Ejecutivo, Iván Redondo se reunió con los empresarios catalanes de Fomento del Trabajo Nacional para allanar el camino del retorno del procés con un reparto favorable de fondos NG-UE. Nada nuevo bajo el sol. En definitiva, es seguir entendiendo que el independentismo catalán es un juego de puja constante que se aplaca con un dinero que se distrae al resto de España. Nada de eso, el procés fue el final del proceso de puja que sólo pudo acabar en victoria para el secesionismo si hubiesen declarado la independencia. No fue así y todo lo que ha venido después –ignominiosos indultos incluidos– son vueltas dentro del laberinto.
Jugar al trilerismo del reparto de los fondos NG-UE en modo "tironeo de chaqueta", como parece que hizo Iván Redondo en Barcelona, es ignorar la objetividad con la que actúan los funcionarios de la Unión Europea atrincherados en el vetusto edificio de hierro, a 45 grados a la sombra en pleno ferrajulio.
Vaya otro botón de muestra. De momento se han liberado sólo el 13% de los fondos NG-UE (para España son 9.000 millones), para seguir liberando los siguientes tramos para cada país se necesita la evaluación favorable de la Comisión y del Consejo, así lo dispone el reglamento aprobado en febrero.
El artículo 24 de este reglamento establece que la Comisión –esto es, los funcionarios del JRC– evaluarán los hitos y objetivos logrados por cada país antes de liberar más tramos de los fondos. En el plan enviado por España se incluye un anexo de 300 páginas. En la número 294 se compromete a que los fondos correspondientes al cuarto trimestre de 2022 dependerán de la puesta en marcha de la reforma del sistema de pensiones. En otro caso, "Sevilla" no dará el ok.
Las administraciones públicas españolas han hecho un duro trabajo para presentar proyectos creíbles tanto en objetivos como en capacidad de ejecución para acceder a estos fondos. En el caso de Andalucía es de justicia destacar el dictamen coordinado por el catedrático de la Universidad de Granada José Antonio Camacho desde el Instituto de Desarrollo Regional y en el que he tenido el honor de participar.
El esfuerzo español aún ha sido mayor si se tiene en cuenta que ha concentrado la mayor parte de los proyectos en los dos primeros años –2021 y 2022– para puentear cuanto antes la crisis. Pero si el resultado de todo esto es que buena parte del reparto final se haga en modo "tironeo de chaqueta", en definitiva según la fórmula ¿qué hay de lo mío? o dame pasta para aplacar a los CDR, entonces haremos una muy mala gestión de unos fondos cuantiosos.
Con ácida ironía y algún güisqui de más, Agustín de Foxá reivindicaba el término Latinoamérica diciendo «nada de Hispanoamérica, aquí la responsabilidad para todos» para así incluir a los franceses en un desaguisado que para nada fue así leyendo ahora a Marcelo Gullo. Pues si el reparto de fondos en España se ajusta a la práctica del tironeo, también la responsabilidad será de todos.
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