Liberados sindicales 'et al'
Publicado en el número 297 de 'Desde la Puerta del Sol', 24 de abril de 2020.
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Liberados sindicales et al
No está de más aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid para tocar un tema nebuloso dentro de las relaciones laborales que existen en España a través de unos sindicatos que patrocinamos todos los españoles aunque una gran parte no tengamos ningún interés en su existencia tal como existen hoy día.
Y es que, partiendo de la base de que durante mi larga vida laboral jamás los he precisado, pues he resuelto mis problemas personalmente, considero que deben ser unas organizaciones formadas por los trabajadores que los componen, aportando los mismos su saber, esfuerzo y cuotas para el sostenimiento de la organización; ya que considero que la subsistencia a base de las donaciones del estado es una forma de evidente dependencia de quién da de comer; eso aparte de la vinculación a determinados partidos políticos que necesariamente conlleva la independencia ideológica que lleva viene a pervertir libertad de las relaciones en los enfoques laborales que como tales deben liderar.
Partiendo de esa opinión personal, pasamos al caso que hace unos días me encocoró sobradamente. Y es la sorpresa que tuvo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al recibir la información de que de los 444 representantes sindicales liberados del Servicio Madrileño de Salud solamente 147 se habían incorporado a su puesto de trabajo; ello, mientras médicos y otras personas relacionadas con la medicina, tal como jubilados, sí lo habían hecho cumpliendo el juramento hipocrático y su deber moral; incluso no han faltado voluntarios que consideraron podían echar una mano a los profesionales.
En total la susodicha Consejería de Sanidad contaba, a 20 de enero, con un total de 1.064 liberados institucionales, de ellos 208 a tiempo completo y 856 a tiempo parcial. Resumiendo, que la cuestión sindical priva a la Seguridad Social, y en general a todo el mundo laboral, de una cantidad considerable de personas que cobran sin prestar servicio en su puesto de trabajo.
Esto, para mí, no deja de ser una inmoralidad. Por lo que he de añadir a lo expuesto en el párrafo anterior, que los sindicatos deben ser los que formen sus cuadros de acuerdo con sus necesidades y con la «caja» que tengan para pagarlos, de forma que sean unos funcionarios propios en lugar de unos empleados externos, que perciben sus ingresos de otro ente, pero que prestan un trabajo en un lugar distinto en una actividad diferente a la que ejercía en su auténtico empleo.
Pasando esas cifras a nivel nacional casi se pueden considerar espeluznantes. Por ejemplo, en empresas entre 251 y 500 trabajadores (según la información encontrada de hace unos años) ha de haber dos liberados por cada 13 delegados; de 501 a 750, 4 por cada 17 delegados; de 751 a 1.000, 4 por cada 21 delegados; de 1.000 a 2.000, 4 por cada 23; y de 2.000 a 3.000, 5 por cada 25 delegados.
A su vez, los liberados han de tener las siguientes horas libres al mes; en empresas hasta 100 trabajadores, 15 h/mes; de 101 a 250, 20 h/mes; de 251 a 500, 30 h/mes; de 501 a 750, 35 h/mes y de 751 en adelante, 40/h mes. No sé si se habrán producido variaciones desde el origen de estas cifras hasta el momento, pero si hacen una multiplicación nuestros lectores –cosa que reconocemos no es nada fácil– se encontrarán con que aparecen unas cantidades bastante considerables.
Y eso pensando se lleven a rajatabla esas horas/mes, pues, seguramente, se darán muchos casos en los que no aparezcan los interfectos por su puesto de trabajo salvo cuando vayan a malmeter a sus compañeros, pues incluso cobrarán por transferencia bancaria. Y lo digo por esa diferencia de 444 a 147 de los representantes del Servicio Madrileño de Salud que se han incorporado a su puesto de trabajo.
En la documentación que hemos consultado, hay un informe de la CEOE de 2012 que dice que en el sector privado hay 4.200 liberados a jornada completa y de entre 9.000 y 10.000 en el sector público.
Además existen 290.000 representantes sindicales que dedican 60 millones de horas anuales a esta función, más 42.944 de la Administración pública. Valorando la ausencia del trabajo de los 4.200 privados en 250 millones de euros, y los 10.000 públicos en 500 millones de euros.
Esquemáticamente esto es lo que cuestan los representantes sindicales liberados que, imaginamos, cualquiera puede pensar es una carga que no nos merecemos los españoles, complementada con las generosas subvenciones que además reciben de las arcas públicas del Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, que también pagamos los demás.
Ello me inclina a pensar que, en la necesaria limpieza que se ha de hacer en España a la salida del covid-19 está la regulación de los sindicatos, llevándolos a los justos términos que figuran en la Constitución, o sea, según el artículo 28 a asegurarlos que todos los trabajadores tienen derecho a: a) fundar sindicatos; b) a afiliarse al sindicato de su elección; c) a que los sindicatos puedan formar confederaciones; d) a que los sindicatos puedan fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las mismas; y e) a que nadie pueda ser obligado a afiliarse a un sindicato.
Respecto a la financiación, ya en noviembre de 2013, en el diario El Mundo, Casimiro García-Abadillo decía: «La financiación de los sindicatos es uno de los grandes secretos de nuestra democracia. Sólo sus dirigentes saben cuánto dinero ingresan sus organizaciones y cómo se lo gastan. De forma injustificable, ni CCOO, ni UGT (por mencionar sólo a las dos principales centrales, que suponen casi el 80% de la representación sindical) están sometidos a la fiscalización del Tribunal de Cuentas». Lo que no es poco decir. Y así siguen, gastando sin miramiento y sin que se vea realmente el servicio que prestan, aunque no digamos que sea cero. Efectivamente, es un misterio el dinero que reciben y en qué se lo gastan.
Pero volviendo al objetivo principal que nos ha guiado hoy a tocar este tema, insistiremos en que es vergonzoso que quienes se tenían que haber incorporado inmediatamente a su puesto de trabajo para cumplir su obligación primordial, lo han eludido.
Debería ser la razón de su inmediata expulsión de la empresa o institución a la que fundamentalmente se deben.
Observación. La abreviatura et al procede de la expresión latina et alii, que significa ‘y otros'