ERTEs, una de las últimas fronteras.

Parte central del taponamiento de la hemorragia económica han sido las ayudas públicas para mantener el empleo. Las herramientas han sido muy diferentes. En Alemania el gobierno daba directamente a las empresas parte del sueldo de sus empleados a cambio de que no los despidiesen. La misma actuación realiza el gobierno de la Gran Bretaña post Brexit.

España optó por usar el mecanismo de los ERTEs que, en la práctica, supone mantener a centenares de miles de compatriotas en el limbo laboral, percibiendo una prestación pública nacida con carácter temporal a la espera de que la situación mejore, como si fotografiando el sol se quisiera impedir la llegada del invierno.

Que las personas incluidas en un ERTE no computen en las estadísticas de la Encuesta de Población Activa o en el paro registrado, provoca una infra percepción social de la gravedad de la situación. Por eso es importante ponerle números a los rostros de quienes no trabajan pero no con ánimo de herir lateralmente su alma con el vértigo de la angustia, sino por la obligación que tenemos los analistas de caminar por el estrecho filo que marca el trazo de las cifras.

Los compatriotas registrados como parados suman 3.802.814 personas. El 21,18 % residen en Andalucía. La mayor parte del total de parados (2,7 millones) trabajaban en el sector servicios. Para tener la imagen completa de quienes quieren trabajar y no pueden hay que sumar a los 1.912.197 españoles que permanecían incluidos en un ERTE a comienzos de agosto.

Esto suma un total de más de 5,7 millones de personas desempleadas bien en concepto de parados bien en términos de cese temporal. Para tener una idea de contexto hay que compararla con las cifras de la crisis reciente iniciada en 2008. El peor año de la pasada crisis fue 2013 con más de 4,7 millones de parados. Así las cosas, a comienzos del mes de agosto las personas sin trabajo por cuenta ajena en España superaban en casi un millón la peor cifra de las últimas décadas; la de 2013. A estos hay que sumar los autónomos con cese de actividad.

La siguiente cuestión es preguntarse ¿Cuántos de estos 5,7 millones de personas reciben una prestación pública que sustituya parcialmente a su salario? La respuesta es casi 4,2 millones; en otros términos, millón y medio de compatriotas no reciben ninguna prestación por desempleo. Es posible que reciban alguna cantidad en forma de asistencia privada pero no reciben ninguna cantidad que sustituya a su salario.

De los 4,2 millones beneficiarios de una prestación, 411.231 residen en Andalucía y cobran una prestación contributiva, 280.314 una prestación no contributiva en forma de subsidio, 84.823 reciben el subsidio para los trabajadores eventuales agrarios y 40.191 la renta de inserción.

La pregunta que surge a continuación es ¿hasta cuándo se puede sostener financieramente esto?

Esa es precisamente la cuestión que ahora negocian gobierno, sindicatos y empresarios; esto es, hasta cuándo se extienden nuevamente los ERTEs –parece que hasta enero de 2021–, hasta dónde alcanza la prestación –parece que se mantendría en el 70 % de la base reguladora sin caer al 50 % a los seis meses como lo hace la prestación por desempleo–, hasta dónde se reducen las cuotas de los empresarios a la Seguridad Social y –esto es determinante– a qué sectores económicos se aplica la medida.

Bien, algunos de los números clave son estos. La prestación bruta promedio de tipo contributivo que ahora recibe una persona desempleada o incluida en un ERTE es de 791,7 euros mensuales y la cuantía total que el sistema pagó en el mes de julio fue de 3.238 millones de euros (el pico se alcanzó en mayo con un monto de 5.508 millones). Con una caída estimada de la recaudación de impuestos del 12%, los pagos a los que debe hacer frente el Estado sólo se pueden atender completando la maltrecha recaudación con emisión de deuda pública o con ayudas de la Unión Europea.

Una de estas ayudas se diseñó para dar pulmón a las prestaciones por desempleo. Se trata del programa SURE, acrónimo de Support Unemployment Risk Emergency. Es la versión de "emergencia" del Reaseguro Europeo de Desempleo. Precisamente los gobiernos de la Unión Europea el viernes pasado aprobaron la propuesta de la Comisión Europea de conceder a España 21.325 millones de euros del SURE. Los fondos servirán también para financiar las ayudas por cese de actividad de autónomos provocada por la pandemia.

Tanto Andalucía como el conjunto de España planea sobre la ola de la crisis en una embarcación con cuatro estructuras que la mantienen a flote: los 18,6 millones de españoles que conservan aún su empleo (de ellos 3,2 trabajan para el sector público), los casi 2 millones de compatriotas que trabajan por cuenta propia (mayoritariamente autónomos), los 4,2 millones que reciben una prestación por desempleo y los más de 9,7 millones que reciben una pensión que financian los más de 20 millones que trabajan.

Los ERTEs no son la última frontera. Es un muro de contención fundamental pero no el más importante. El muro de paño más amplio es el de quienes aún mantienen su empleo porque sus empresas no echaron la persiana. Las que buscan cualquier rastro de vida con el que coser las nóminas de los empleados y dueños. La terquedad biológica de la vida.

Ahora, a todos los que se beben cada uno de estos aciagos días de un trago gélido y liso, les echan a la espalda una crisis institucional contra la Jefatura del Estado. Como si se quisiera abrir más una macabra verónica en un ruedo de albero ensangrentado que ya enseñó la crisis sanitaria y la económica.

Es como si alguien, no contento con tanta dureza quisiera volcar sobre los que aún se mantienen en pie un ataúd con todo lo que lleva dentro. Uno de esos que, al ocultarlos en los telediarios, se pretende también ocultar el dolor que arrastran. A veces llueve tanto que los cerdos quedan limpios y los hombres se embarran.