El gran tenedor de la deuda pública española
Para forzar a reducir más rápidamente la carga de la deuda pública española se necesitará una Comisión Europea menos condescendiente con la ejecución presupuestaria del Gobierno de Pedro Sánchez .
Publicado en el digital El Debate (19/JUN/2024), y posteriormente por La Razón de la Proa (LRP). Solicita recibir el boletín semanal de LRP.
Pese a que el Banco de España tiene legalmente prohibida la compra directa de las emisiones de la deuda pública, desde el inicio de la crisis financiera en 2008 hasta hoy se ha convertido en uno de sus principales compradores –tenedores en la jerga especializada–. Aunque el propio banco central español deja claro que sólo puede adquirir títulos públicos de deuda en los mercados (secundarios) para el ejercicio de sus tareas de intervención monetaria (es decir, para regular la cantidad de dinero en circulación), la realidad es otra bien diferente y viene marcada desde Frankfurt.
Cuando quebró el gigante bancario estadounidense Lehman Brothers en el mes de septiembre de 2008, la deuda pública española viva (pendiente de amortización) era de 265.441 millones de euros (M€). La mayor parte de esta deuda estaba en poder de ahorradores no residentes; concretamente más del 51,6 %. Los datos publicados por el Tesoro (organismo del Gobierno responsable de la gestión de la deuda) no detallan el perfil de los tenedores de deuda pública española sin residencia en España. Quiero decir que, aun suponiendo que son compradores institucionales y no personas físicas, no se detalla si son otros estados nacionales, fondos de inversión, fondos de pensiones o entidades de crédito. Esta es una información relevante que los representantes políticos o no se han ocupado o no han logrado que se haga pública pese a su relevancia.
En definitiva, la mayor parte del pago anual por los intereses de la deuda salían de España al extranjero. Técnicamente hablando, España realizaba cada año una muy importante transferencia de renta al exterior en forma de pago de intereses.
En los inicios de la crisis financiera los principales tenedores de deuda pública residentes en España eran las entidades de crédito (19,46 %) seguidas de las administraciones públicas (11%) y de la empresas de seguros (5,2 %). El Banco de España apenas era propietario del 4,2 % de la deuda pública española en circulación; una situación que iba a cambiar radicalmente con la crisis financiera y la pandemia.
Efectivamente, el Banco de España –como agente del sistema europeo de bancos centrales– reaccionó ante la crisis financiera aumentando el porcentaje de deuda pública española en su cartera; un comportamiento que no aflojó hasta agosto de 2012, curiosamente en pleno repunte de la crisis pero ya con el anuncio de Mario Draghi de que el Banco Central Europeo (BCE) haría todo lo necesario para mantener la estabilidad del euro. Efectivamente, las decisiones últimas –también las compras de deuda– se toman por el BCE desde su sede en Frankfurt.
Básicamente las compras de deuda nacional por el BCE están en proporción a su peso en el capital de este banco. Esto es, explica Manuel Fernández Luna, profesor de política monetaria, si el BCE compra 100 M€ de deuda pública; en bonos alemanes corresponden 21,77 M€ y en bonos españoles 9,66 M€. Es decir, el BCE no compra 100 M€ en bonos españoles, lo hace en proporción al peso que en su capital tiene España. La participación en el capital del BCE se ajusta por país cada cinco años en función del PIB y la población.
A partir de febrero de 2015, con la salida de la crisis cada vez más afianzada, se produjo un repunte del peso del Banco de España en la compra de deuda pública, hubo que esperar hasta febrero de 2018 para que la tasa de variación de la cantidad de deuda en su poder se estabilizara.
Justo con el inicio del confinamiento debutó el último periodo de fuertes compras por el Banco de España. Las tasas de variación mensual de la deuda pública en poder de nuestro banco central se mantuvieron por encima del 2 % acumulativo hasta mayo del año siguiente.
La fotografía de llegada actual es bien distinta a la de la partida, cuando estalló la crisis de las subprime
La fotografía de llegada actual es bien distinta de la de partida cuando las crisis de las hipotecas subprime en EE.UU. provocaron el estallido de la burbuja inmobiliaria y la inauguración de décadas de política monetaria ultraexpansiva en casi todo el mundo.
Hoy día la deuda pública en poder de no residentes representa el 42,5% del total. Esto significa que más de la mitad de los aproximadamente 40.000 M€ que el estado paga anualmente a los tenedores de su deuda por intereses son transferencias de renta que se realizan a residentes en España.
El protagonismo de los que eran grandes clientes de la deuda emitida por el Tesoro en 2008 ha cambiado marcadamente. Las entidades de crédito han pasado de tener el 19,4% de la deuda pública al 12,8% y las administraciones públicas han reducido su peso desde el 11 % hasta el 1,4 %. El cambio más notable es el del Banco de España, ahora en poder del 33 % de la deuda emitida; casi 30 puntos porcentuales más que en 2008 y con un montante total que en diciembre de 2023 ascendía a los 401.868 M€.
La evolución en los próximos años de la carga de la deuda pública española dependerá de la composición del Ejecutivo de la Unión Europea: la Comisión. Si se repite la alianza entre populares, socialdemócratas y verdes, las exigencias de equilibrio presupuestario al Gobierno español seguirán siendo laxas como hasta ahora. Para forzar a reducir más rápidamente la carga de la deuda pública española se necesitará una Comisión Europea menos condescendiente con la ejecución presupuestaria del Gobierno de Pedro Sánchez.