O Estado del bienestar o Estado de las autonomías

Italia ha aprobado una reducción drástica del número de sus parlamentarios de ambas cámaras. Dejemos aquí la noticia escueta, sin más concreción, pues no sabemos si este importante recorte que afecta a los representantes de los ciudadanos va a ser seguido con otros y sucesivos que metan la tijera en otros gastos oficiales y superfluos, ni si otras naciones europeas van a seguir este ejemplo.

Intentamos centrarnos en el caso de España, y las diversas informaciones que hemos obtenido acerca de cuánto nos cuesta a los españoles nuestra presunta democracia son muy dispares entre sí, pero todas ellas alarmantes para quienes viven de un sueldo o de una jubilación. No solo tengamos en cuenta las remuneraciones, viajes o dietas de sus señorías del Congreso y del Senado, sino el que supone el lujo de contar con un gobierno que (Felipe González dixit) se asemeja al camarote de los hermanos Marx; y, además, con la pléyade de secretarios, subsecretarios, asesores, consejeros y otros cargos de confianza (léase, de fidelidad a las cúspides de los partidos).

Sumemos también el gastos descomunal que supone mantener diecisiete gobiernos autonómicos y diecisiete parlamentos, con su indispensable séquito y nube de cargos que los rodean. Añadamos los dineros que sirven para financiar partidos y sindicatos mayoritarios (con sus correspondientes liberados) y, por qué no decirlo, aquella parte de los fondos públicos (ese dinero que no es de nadie, como dijo una ilustrada) que sirve para mantener la ficción de un entramado social, que en realidad es la clientela obligada para mantener la ficción democrática. Y seguro que nos dejamos muchas otras cuentas por el camino….

Ya hace bastantes años, un lúcido artículo (¡en El País!) se titulaba O Estado del bienestar o Estado de las autonomías, demostrando que era matemáticamente imposible mantener toda una estructura artificial y, a la vez, atender a las necesidades sociales de la sociedad española.

Ahora, con la crisis económica y social provocada –en esta ocasión– por la pandemia, sería del todo punto necesario revisar las cuentas, precisamente cuando estén en el tablero unos nuevos Presupuestos Generales, de cuya aprobación dependen muchas cosas, entre ellas el contentamiento de las oligarquías separatistas.

No confiamos, por tanto, en que se tengan en cuenta las verdaderas prioridades del pueblo español en este momento; se nos ocurre que invertir en sanidad o en educación sería un buen comienzo; tampoco olvidemos que muchísimos españoles no han recibido un euro de sus ERTEs y los más desfavorecidos siguen esperando ese maná del ingreso mínimo vital. Sería mucho esperar de nuestros gobernantes que se aplicaran criterios de racionalización y de justicia distributiva.

Mucho nos tememos que, presionados por lo que creían sopa boba del dinero europeo, vuelvan la tijera, por el contrario, hacia las pensiones o los ya congelados sueldos de los funcionarios.

Por cierto, se nos ocurre que si en Italia dejaran de actuar el poder ejecutivo y el legislativo, todo seguiría igual, pues su Administración no está contaminada por la política de los partidos, lo cual no es, evidentemente, nuestro caso.