La Audiencia de Madrid contra José Antonio, un proceso repleto de irregularidades

Perdida su condición de aforado, al no haber podido renovar su acta de diputado, José Antonio fue presa de las autoridades judiciales leales al ala dura de la República. Ya durante su etapa como diputado a Cortes había tenido dos suplicatorios, que la comisión correspondiente de la Cámara. rechazó. Pocos días después de la celebración de las elecciones de febrero de 1936, la Audiencia de Madrid, en poco más de dos meses, inició una campaña contra el fundador de Falange, llegando a procesarlo en cuatro ocasiones, y otras dos que no llegarían a celebrarse por el traslado de José Antonio a Alicante y el correspondiente proceso que acabaría con su vida. La relación de José Antonio con los jueces y magistrados seria una constante en aquellos últimos meses de vida.

Con Eduardo Iglesias Portal, magistrado del Tribunal Supremo que presidió el Jurado Popular que condenó a muerte a José Antonio Primo de Rivera, en noviembre de 1936, había tenido José Antonio algunos encuentros anteriores. Uno de ellos con motivo del fallido golpe de estado del general Sanjurjo, en agosto de 1932, aunque el fundador de Falange Española se encontraba, en día de los hechos, en Irún, donde había ido a esperar el féretro con los restos mortales de la condesa de Fernán Núñez. José Antonio, y su hermano Miguel, viajaron aquellos días por el sur de Francia e incluso fueron multados porque el vehículo que conducía José Antonio tenia una luz fundida, cuya multa pagó y cuyo recibo conservó. De aquella imputación, cuyo sumario le fue encargado a Iglesias Portal, resultó absuelto. Otro encuentro entre los dos personajes fue con ocasión de un recurso de casación por infracción de ley, interpuesto por el fundador de Falange Española contra la sentencia dictada por la Audiencia de Madrid, en funciones de Tribunal de Urgencia, que lo había condenado a una pena de dos meses y un día por un supuesto delito de imprenta. La condena vino impuesta al atribuir a José Antonio la autoría y la responsabilidad en la distribución de un texto atribuido al fundador de Falange Española, cuyo reparto había ocurrido el mes de abril de 1936, estando ya José Antonio privado de libertad por las autoridades republicanas, aspecto este que resultó el eje principal del argumento que José Antonio utilizó en su defensa, y que el magistrado consideró como irrefutable.

El último encuentro entre ambos personajes tendría lugar desde el día 16 de noviembre, cuando comenzó la vista en la sala de Audiencias, improvisada, de la Prisión Provincial de Alicante, presidiendo el Tribunal Popular el magistrado Iglesias Portal. El último encuentro tendría lugar a las dos y media de la madrugada del da 18 de noviembre de 1936, al comunicar Iglesias Portal el veredicto del Jurado: pena de muerte para José Antonio; cadena perpetua, que no podría exceder de 30 años para su hermano Miguel, y seis meses y un día para su cuñada Margarita Larios.

Al serle comunicada la sentencia, como ya es conocido, José Antonio se dirigió al estrado y abrazó al magistrado Iglesias Portal, gesto que en su momento pasó desapercibido para los presentes, y del que no se han hecho eco los historiadores ni los biógrafos de José Antonio, pero que desveló las hijas del magistrado cuando, desde México, en 1955, pidieron a Miguel Primo de Rivera, entonces embajador de España en Londres, su mediación para el regreso de su padre, que trataba de acogerse al Decreto de indulto de octubre de las autoridades españolas. Parte de esta carta fue publicada por José Luis Saenz de Heredia en la revista Teresa, número 179, de noviembre de 1968, en un articulo titulado El aturdimiento de los predispuestos, y más tarde en el programa de TVE La Clave, dirigido por José Luis Balbin; Enrique de Aguinaga, en La Razón, José María García de Tuñón, entre otros escritores y periodistas, reproducirían también los párrafos de la carta.

Por un oficio de la Comisaria General de Investigación, se ordenó la puesta a disposición judicial de Primo de Rivera y otros dirigentes de Falange Española de las J.O.N.S., y la orden era comprobar si se podía declarar ilícita la actividad del partido y el cierre de sus centros tras su registro. Aunque no se encontraron pruebas incriminatorias, como reconoció la prensa socialista, las autoridades decretaron la prisión de José Antonio el 14 de marzo de 1936 acusado de la rotura de los precintos gubernativos que sellaban la sede falangista en el número 21 de la calle de Nicasio Gallego. La obsesión del director general de Seguridad, José Alonso Mallol, era conseguir una declaración de José Antonio como el principal responsable y sospechoso de la rotura de los precintos gubernativos, y trató, sin éxito, de que el acusado reconociera el delito. Y lejos de reconocerlo, José Antonio acusó al propio director general de Seguridad de ser el autor de la rotura de los precintos con sus cuernos. Se cuentan dos versiones sobre estas declaraciones pero, aludiendo a la más razonable, José Antonio hizo esta confesión en un ambiente coloquial a Antonio Goicoechea, presidente del Partido Reformista y amigo personal, cuando éste se interesó por el motivo de la detención. Al oír la respuesta un cabo de los guardias de asalto le faltó tiempo para ir a contárselo a su jefe, y de ahí sobrevino la denuncia.

En la mañana del día 17 de marzo, los falangistas fueron llevados al juzgado de guardia, en la plaza de las Salesas, ante el juez Ursicino Gómez Carbajo. Curiosamente, en lugar de encerrarlos en celdas, por cortesía del juez fueron alojados en una sala de la planta baja, cuyas ventanas daban directamente a la calle e, incluso, algunos valoraron la posibilidad de fugarse sin más, aprovechando las ventajas del lugar. Al parecer, fue José Antonio quien tranquilizó a sus compañeros diciendo que el juez había tenido a bien no hacerlos esperar en las celdas y por tanto no cabía traicionar su confianza. Pero iniciadas las actuaciones por el juez, se leyó el escrito de la Dirección General de Seguridad que consideraba a los falangistas, por fascistas, una amenaza para el orden constitucional. Los historiadores dicen que el magistrado estuvo de acuerdo en considerar presuntamente delictivo el programa de los 27 puntos de Falange, decretó el procesamiento de los acusados por asociación ilícita y su ingreso en prisión preventiva. Ese mismo día, Ursicino Gómez Carbajo decretó también la suspensión de F.E. de las J.O.N.S. Y el cierre de todas sus sedes. Gómez Carbajo, que según algunos autores se había especializado en perseguir a los falangistas, seria el primero en instruir el sumario por el asesinato de José Calvo Sotelo, el 14 de julio de 1936, realizando una investigación muy completa en las apenas 24 horas que llevó las diligencias, antes de que fuera sustituido, sin causa aparente, por las autoridades y entregaran el sumario a Iglesias Portal.

Otro de los episodios vividos por José Antonio con los jueces fue con ocasión de un registro en su domicilio, el 17 de abril, estando José Antonio ya en prisión, en el que al parecer se encontraron tres armas de fuego. El piso, de la calle de Serrano, era también su despacho, por lo que, según dijo, entre clientes y colaboradores, muchas personas habían tenido acceso al mismo y alguien pudo haber colocado las armas en la biblioteca. El registro fue ordenado por la Audiencia Provincial, y del resultado del mismo se desprende el afán de las autoridades judiciales para incriminar a José Antonio. En medios judiciales, se mantuvo la versión, durante un tiempo después, de que en el momento de procederse a la inspección ocular sólo estaban presentes en el domicilio su hermana Pilar y la tia Ma (María, hermana de su padre, el general Primo de Rivera), y el juez Calamita, por no imputar a las mujeres, decidió imputar a José Antonio por el delito de tenencia ilícita de armas. Pero de este suceso, al margen de la anécdota, se desprenden varias consecuencias: la Audiencia cambió el sumario de Sala y apartó a los magistrados con los que el inculpado había tenido relación tiempo atrás; el 28 de mayo se celebró la vista, y el Tribunal condenó a José Antonio a 5 meses de arresto, accesorias correspondientes y al pago de las costas. La reacción de José Antonio fue manifiestamente visible, rasgándose la toga y arremetiendo contra los miembros del Tribunal y, cuando el oficial, Felipe Reyes de la Cruz, le presentó el acta judicial para que la firmara, el jefe de Falange Española le espetó ya habrá tenido tiempo con estos canallas de falsificar el acta, a lo que el funcionario replicó tan chulo como su padre, y ambos se enzarzaron en una pelea a consecuencia de la cual, Felipe Reyes cayó por el efecto de un puñetazo y devolvió el golpe lanzando un tintero a la cabeza de José Antonio que le produjo una herida que tardaría dos semanas en curar. Pero las consecuencias fueron, también, la apertura de otros dos procesos: por desacato al Tribunal, y por atentado contra la autoridad. La Audiencia había cumplido su propósito.

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