José Antonio. Los últimos intentos de una vida.

Hace algún tiempo llegó a mi poder, la copia de un valioso documento que hace referencia al último intento de José Antonio por salvar su vida. Tiene fecha 18 de noviembre de 1936 y está remitido a Emilio Valdecabres Malvas, asesor jurídico del Ministerio de la Guerra que en aquel entonces era titular, además de presidente del Consejo de Ministros, el infame Largo Caballero.

El documento, hace referencia, entre otras cosas, a una serie de artículos y normas que creo son de interés reproducir, sobre todo para los profesionales del Derecho y porque, hasta donde llegan mis conocimientos, sobre este documento nunca se han publicado muchos párrafos. Si estoy equivocado, agradecería fuera informado.

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Copió, pues, algunos de ellos:

El condenado José Antonio Primo de Rivera y Saenz de Hereda, ha quedado incurso en las normas 1ª y 3ª del artículo 237 del Código de Justicia Militar y habida cuenta de las contestaciones dadas a las preguntas 11ª y 12ª en relación con las 16ª y 17ª al incurrir la circunstancia genérica del art. 173 del Código, le es de aplicación el párrafo 1ª del art.237 del referido Cuerpo legal y por consiguiente la pena de muerte está bien aplicada. Que por lo que hace referencia a los otros dos condenados por no ser necesario en este trámite el informe, dadas las penas impuestas, prescindo quien suscribe de razonar, si bien haciendo constar que están también aplicadas las penas impuestas…

Recuerda el documento que José Antonio realizó gestiones con Diego Martínez Barrio, presidente entonces de las Cortes, el 9 de agosto de 1936. La gestión que realizó el fundador de Falange fue a través de una carta que sería publicada en el libro Homenaje a Diego Martínez Barrio. Y dice así:  

Excmo. Sr.
Don Diego Martínez Barrio
Presidente de las Cortes

Respetado señor Presidente:
Después de una detenida deliberación en conciencia y con la mira en el servicio de la España de todos, tan gravemente amenazada en los presentes días, me decido a solicitar una audiencia de usted.
No sería difícil llevarla a cabo; podría trasladarme una noche al Gobierno civil, como si fuera a ser interrogado por el gobernador y allí ser recibido por usted sin que se enterase nadie. La audiencia podría quizás ser útil y en ningún caso sería perjudicial. De todas maneras usted será quien decida; yo creo que he cumplido con mi deber al escribirle estos renglones.
Le da las gracias anticipadas por la atención que le preste, su respetuoso s.s. y amigo q.e.s.m.  

José Antonio Primo de Rivera

Recibida la carta, el mismo Martínez Barrio escribe:

«Hablé por teléfono con el jefe del Gobierno, señor Giral, le indiqué en palabras veladas, que había recibido un documento que estimaba de importancia y que procedía a enviar una persona de mi absoluta confianza para que le diera cuenta del contenido. Le añadí mi opinión favorable a que se escuchara al señor Primo de Rivera…».

José Giral le contesta muy pronto diciéndole:

«Que creía también conveniente oír al señor Primo de Rivera […] De común acuerdo se designó para que se trasladara a la Prisión provincial de Alicante, al secretario de la Junta Delegada de Levante, don Leonardo Martín Echevarría».

Esta gestión de buena voluntad por ambas partes ⎼como es sabido⎼ para nada sirvió, posiblemente en el caso de José Giral si éste hubiera seguido como jefe de Gobierno, pero cesó en ese cargo el 4 de septiembre y fue sustituido por el diabólico Largo Caballero, conocido como el Lenin español.

Pero volvamos al documento que termina diciendo que si

...el propio Tribunal considera que no ha lugar a la conmutación de la pena, ni tampoco se da en este caso la circunstancia de que el hoy condenado, al ser detenido se le prometiera respetarle la vida, ni siquiera puede equilibrar la actuación de José Antonio el hecho de que persona allegada está en los actuales momentos contribuyendo en el frente de batalla al aplastamiento de la rebelión, no hay duda, pues, que bajo ningún concepto puede aconsejarse se ejercite la prerrogativa que el Gobierno confiere el art. 6º del Decreto de 20 de febrero de 1932 a no ser que a ello le impulsaran altas razones políticas que no están al alcance del que suscribe discernir. Por todo le expuesto y con sujeción al Decreto de 25 de agosto de 1936, esta Asesoría concluye aconsejando que no procede realizar, con relación a la pena de muerte impuesta a José Antonio Primo de Rivera, más diligencia que, cumpliendo lo dispuesto en el art. 10 del Decreto de 2 de junio de 1931, por el Gobierno se acuse recibo del del conocimiento por el medio más rápido posible con el fin de que se ejecute la sentencia...

El Gobierno quedó enterado, aunque Largo Caballero en su libro Mis recuerdos lo niega:

«Estábamos en sesión con el expediente sobre la mesa, cuando se recibió un telegrama comunicando haber sido fusilado Primo de Rivera en Alicante. El Consejo no quiso tratar una cosa ya ejecutada, y yo me negué a firmar el enterado para no legalizar un hecho realizado a falta de un trámite impuesto por mí a fin de evitar fusilamientos ejecutados por la pasión política. En Alicante sospechaban que el Consejo le conmutaría la pena. Acaso hubiera sido así, pero ni hubo lugar».

Pues no, es una mentira más de este energúmeno, porque el ministro de la CNT, García Oliver, presente en ese Consejo, en su libro El eco de los pasos. nos cuenta otra historia muy distinta:

«Cuando llegó a la consideración del Consejo de ministros la causa de José Antonio Primo de Rivera y la pena de muerte que le impuso el Tribunal popular de Alicante, como de costumbre, Largo Caballero, con la gravedad del caso, nos dijo: "Quedan ustedes enterados. Si hay alguna objeción, háganla ahora". Se produjo un silencio de plomo y fue en ese momento cuando Largo Caballero volvió a coger de nuevo la palabra y dijo: "Entonces demos el 'enterado'"». No pasando mucho tiempo, José Antonio, sería fusilado.

Y así terminó sus días este hombre de quien Miguel de Unamuno dijo que era una de las cabezas más prometedoras de Europa.