Según el discurso de los caricaturistas de una sedicente izquierda –que es el dominante hoy día, y es idéntico al elaborado por la Komintern en 1936–, el 18 de julio de 1936 ocurrió en España un alzamiento militar contra la democracia que fue apoyado por las clases oligárquicas, orquestadoras de un turbio y sanguinario escuadrismo azul. El alzamiento fue respaldado por la Iglesia católica, temerosa, al igual que las otras fuerzas de la oligarquía, de perder sus privilegios y su posición de dominio en la sociedad. Todo se desarrolló gracias al respaldo de las potencias fascistas europeas.

La anterior es la versión que difunden los medios, la literatura y el cine subvencionado; y la que se inocula a los jóvenes en los centros de enseñanza. Sin embargo:

• Se oculta la estrategia totalitaria de conquista del poder por parte de las izquierdas en la primavera de 1936. Los sectores más conscientes del socialismo revolucionario habían descartado la táctica de la insurrección, como la protagonizada en 1934 y de la que aprendieron que era muy difícil derrotar a un Estado –el republicano– enfrentándose a todo su aparato defensivo, y sin una cohesión ni una unanimidad de las fuerzas proletarias. De acuerdo, además, con la estrategia de la Komintern, el Frente Popular se concibió como una táctica de concitar la ayuda de eventuales aliados burgueses frente a un enorme y mítico “peligro común”: el fascismo. Mientras, los revolucionarios socialistas y comunistas, irían construyendo un poder paralelo basado en la fuerza de las masas en la calle, en el campo y en las fábricas, coexistiendo con una fachada de legalidad. Táctica no compartida por los anarquistas y por muchos socialistas, que apostaban abiertamente por la revolución proletaria y despreciaban cualquier sometimiento a las apariencias. Los comunistas de obediencia soviética eran pocos al principio, pero sus consignas propugnaban una política de alianza con las izquierdas burguesas. En esos momentos, la URSS buscaba aliados frente a la Alemania nazi y había apostado por la estrategia de los frentes populares o de alianza con las izquierdas liberales, descartando cualquier movimiento ostensiblemente revolucionario que pudiera espantar a sus compañeros burgueses.
   
• Nada se dice de que para combatir preventivamente un inexistente movimiento de masas fascista en España –que no lo había como tal movimiento de masas–, fue el ejecutivo republicano quien alimentó torpemente a la insurrección militar, haciéndola ganar apoyos entre amplios sectores de una derecha, que se sentía cada vez más amedrentada por los excesos no reprimidos por el gobierno de los revolucionarios sustentadores del propio gobierno. Esa derecha que, mayoritariamente, se había mantenido alejada de radicalismos, hasta aquel momento. Pero con su célebre frase:

Frente al “fascismo” el Gobierno es beligerante, había definido Casares Quiroga el meollo de su política sectaria: a quién perseguir y a quién otorgar la generosa bula de mirar para otro lado.

• Nada se dice de que en la primavera de 1936, la defensa del orden público de la República no la ejercían la Guardia Civil y la de Asalto en exclusiva, pues habían aparecido ya espontáneas fuerzas parapoliciales de izquierda, como las denominadas Milicias Obreras, que imponían su particular modo de entender el “orden público”. A modo de ejemplo, en el periódico Claridad (socialista de la facción caballerista) del 7 de mayo de 1936 se da cuenta de cómo “dos vehículos ocupados por elementos fascistas (que se dirigían a Cuenca a actuar como interventores en mesas electorales) fueron detenidos en Tarancón a las seis de la tarde del sábado por las Milicias Obreras, en colaboración con delegados gubernativos llegados de Madrid y fuerzas de Asalto". A otro vehículo, al que las fuerzas de seguridad dejaron paso, cuenta Claridad que “las Milicias Obreras fueron las que lo detuvieron a las doce y media de la noche”. Después del 18 de julio, todo el protagonismo sería para las milicias; los guardias de asalto y la Guardia Civil –cuando a ésta se la dejó actuar– serían meros comparsas, cuando no agentes maniatados de un gobierno impotente (a veces cómplice) para poner coto a los excesos de los revolucionarios.
   
• Nada se dice de cómo el gobierno frentepopulista permitió injerencias de organizaciones parapoliciales socialistas, como la tristemente célebre “Motorizada” de Indalecio Prieto. Se introdujo en las fuerzas de orden público a policías de convicciones revolucionarias, algunos de ellos implicados en actos violentos anteriores, como fue el caso del teniente de la Guardia Civil Fernando Condés, expulsado del cuerpo por su participación en la intentona socialista revolucionaria de 1934 y amnistiado, y ascendido a capitán, por el Frente Popular. Luego sería este capitán readmitido quien encabezaría a los asesinos del jefe derechista José Calvo Sotelo. También algunos mandos del Ejército que se habían alzado con los revolucionarios de octubre obtuvieron posteriores satisfacciones. Al capitán de Artillería Arturo Menéndez, el gobierno triunfante del Frente Popular le “recompensó” su defensa de la Consejería de Gobernación de la Generalidad catalana –que se había alzado en armas contra la legalidad republicana en los sucesos de octubre del 34– nombrándole nada menos que representante del Estado en la Compañía de Ferrocarriles del Oeste. Menéndez había sido declarado traidor, junto a Dencás y a Badía, por un tribunal.
  
  Aclaremos, pues la información es aleccionadora en relación a lo que ocurre en la actualidad en la Cataluña de los Rufián, Junqueras y compañía, que el citado Dencás había sido uno de los fundadores de ERC (Esquerra Republicana de Catalunya). Se declaraba racista y nacionalsocialista; y dirigió a las juventudes de ERC, siendo responsable de diversas acciones violentas. Dentro de dichas juventudes de la izquierda catalanista militaban los Escamots, organización paramilitar que vestía uniforme compuesto por camisa militar verde, pantalones oscuros y correajes de cuero. Los Escamots protagonizaron numerosos incidentes violentos. Resulta de un cinismo asombroso que la ERC actual acuse de fascismo a otras formaciones, teniendo tales antecedentes. Dencás buscó la complicidad de Mussolini para la declaración de una Cataluña independiente. Durante la Guerra Civil huyó de España conminado por los anarquistas, a los que había reprimido duramente como jefe de las fuerzas de Orden Público de Lluis Companys.
   
• Nada se dice de que los frentepopulistas, al igual que habían hecho los fascistas italianos, incorporaron disposiciones para declarar ilegales a las organizaciones y partidos que se oponían al Frente Popular. En Italia se asesinó al socialista Matteotti y se llevó, a continuación, a la clandestinidad a los partidos comunista y socialista; paralelamente, en la España del Frente Popular se asesinó al líder derechista Calvo Sotelo y se pretendió llevar a la clandestinidad a todos los partidos y organizaciones opositoras. La Falange había sido ilegalizada en marzo, los sindicatos católicos en mayo, y estaba prevista para poco antes del levantamiento la ilegalización de Renovación Española. Todos acusados de fascistas.
   
• Nada se dice de cómo el activismo violento de las izquierdas quedaba prácticamente impune, salvo el de los anarquistas. La censura de prensa fue constante para silenciar dichos actos violentos, así como las ilegalidades que se cometían en zonas del campo andaluz.
   
• Poco se suele decir, salvo que se trata de un tema recurrente esgrimido por los nostálgicos del franquismo, de los fraudes cometidos en los escrutinios de las actas que dieron el triunfo al Frente Popular, ni de los cuatro previos intentos revolucionarios por parte de anarquistas y socialistas, que eran fuerzas inequívocamente comprometidas (en su mayoría) con la revolución –cada una con su propia idea de revolución– por encima de una eventual y táctica aceptación de la democracia burguesa.
   
• Mucho tiende también a ocultarse acerca de las causas verdaderas de la persecución religiosa, con características comunes a la ejercida por otros movimientos totalitarios, y de los comportamientos y las motivaciones de tantos mártires de esa Iglesia católica tan sañudamente perseguida desde fechas anteriores al 18 de julio. No es cierto que se persiguiera a los curas y a las monjas por una supuesta connivencia con los sublevados. La persecución comenzó antes del levantamiento militar y, además de dar continuidad a la línea de secular anticlericalismo que en España parece que hubiera de seguir cualquier movimiento revolucionario modernizador, lo que se perseguía, sobre todo, era la fe religiosa propiamente dicha. Al clérigo, a la monja o al seglar en cuestión le hubiera bastado un acto de apostasía o decir una blasfemia para librarse de la tortura, de la violación y de la muerte en muchos casos. Por eso han sido tan numerosas las beatificaciones de mártires perseguidos por los partidos y sindicatos frentepopulistas por causa de odium fidei –ahora todos denominados mártires del siglo XX, en un ejercicio de ocultación que busca no señalar inconvenientemente a nadie–. La fe religiosa era –es– incompatible con la sumisión a los tiranos, aunque estos se presenten como libertadores del pueblo, y con el odio de clases como norma suprema. La persecución religiosa obedecía a un propósito táctico y no fue un fenómeno de rabia espontánea del pueblo, como dicen algunos.
   
• Poco se suele recordar el idealismo de tantos hombres y mujeres que pelearon dentro de la propia España revolucionaria por otra idea de revolución –y por su puesta en práctica– que se aproximaba a un ideal de socialismo libertario y comunal, de raíces españolísimas, y que fueron reprimidos por el comunismo lacayo de Moscú. Tampoco se habla de que, sobre el tablero de nuestra patria, la estrategia fascista germano-italiana, que finalmente entró en juego, se enfrentaba a otra estrategia no menos totalitaria y asesina, como lo fue la socialista soviética de Stalin. Muy poco se recuerda el escasísimo aprecio por la democracia parlamentaria que demostraron las fuerzas mayoritarias contendientes en ambos bandos de la Guerra Civil.
   
• Se olvida también que la entrega de armas a las milicias por Giral supuso la quiebra definitiva de la legalidad republicana, esta vez por parte del Gobierno. La República había dejado de existir y comenzaba la revolución. Los republicanos ya no contaban para casi nada y, si conservaron luego una mínima representación en el gobierno socialista revolucionario de Largo Caballero, no fue más que para salvar las apariencias, para poder negar en el extranjero que España se encuentra bajo un gobierno rojo (según opinión de la feminista republicana Clara Campoamor)

Para los caricaturistas de la derecha más tibia, que también abundan –los PPeros que condenaron tan simplistamente el Alzamiento en sesión parlamentaria–, lo que aconteció fue tan solo un problema de tensión de los extremos: una trágica lucha entre los extremismos, comunista y anarquista por un lado, y fascista por el otro, en medio de una sociedad estable, pacífica, bonancible y ajena a dichas tensiones. Como si no hubiera tremendos problemas sociales de fondo.

Cuando se habla de una tercera España en medio del conflicto –que la hubo–, hay que decir que esa tercera España habitó en ambos lados, y que tomó partido efectivo, con todas las reservas que cada uno quisiera acompañar en su fuero interno, por un bando o por el otro, bien fuera obligada por las circunstancias, bien por el peso que atribuyera cada cual a los valores que se esgrimían en cada parte y los que se atacaban en la contraria. Pocos fueron los que pudieron evadirse del conflicto exilándose y, de lo que se puso en juego en nuestra guerra civil, nadie se sintió ajeno o no concernido. Toda España estaba afectada y se vio impelida a pronunciarse, bien afirmativamente, bien como reacción de los excesos de cualquiera de las partes contendientes.

Hubo auténtica guerra civil, aparte de levantamiento militar y revolución. Y mientras este hecho no se admita: mientras que no se admita que unos españoles del pueblo mataron a otros españoles del mismo pueblo; mientras que no se admita que el parapeto de la “legitimidad y la legalidad vigente”, tan precario en 1936, no alcanza para tapar los excesos de nadie; mientras que no se admita el clamoroso fracaso de la convivencia, que el régimen de la Segunda República no acertó a recomponer, ya podrán establecerse prohibiciones y límites a la libertad de expresión; ya podrán instituirse orwellianos ministerios de la verdad y hacerse leyes sectarias que prescriban lo que ha de ser el contenido de nuestra memoria colectiva.

Puede que se consiga una aparente y vergonzante unanimidad sobre qué es lo políticamente correcto en este tema. Pero la verdad, obstinada como el agua, se abrirá paso, y las generaciones venideras, cuando estudien nuestra historia, se darán cuenta de que ésta presenta demasiadas goteras.

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