«No olvidar [escribe] que cuando se habla en Casas Viejas de 'comunismo libertario' todos entienden que se trata de poner en cultivo 33.000 hectáreas de buena tierra» [2].

Ocurre, añade, que allí «Hay un hambre que no es ya humana, ni ciudadana. Un hambre cetrina y rencorosa, de perro vagabundo (...) Después de ver a estos hombres, [enfatiza] da vergüenza comer».

Además, «en Casas Viejas no hay casas viejas ni nuevas», sino chozas que cada uno de aquellos campesinos se construye con ramajes y barro y que, como la de Francisco Cruz Gutiérrez, «el Seisdedos, no puede llamarse casa, sino guarida» [3].

Allí, «si no la igualdad de derechos, por lo menos la de necesidades y apremios hace tiempo que es un hecho entre hombres y mujeres».

Además, aquel año no podían paliar su situación con los jornales de recogida de la aceituna, que eran los más altos, porque en Casas Viejas no la hay, y con la reciente Ley de términos municipales...

«los obreros de un término municipal no pueden trasladarse a otro צacuerdo de los socialistas, [explica Sender] que estaría bien si no fuera de un simplismo absurdo. (...) Era una desgracia no poder ir a la seituna».

Resulta que «Monarquía y República es cosa que en el campo andaluz tiene poquísima importancia». Allí lo que cuenta es la presencia de la Guardia Civil, y «La Guardia Civil no es monárquica ni republicana, en Andalucía» [4].

Simplemente defiende la Ley y obedece las órdenes gubernamentales, favorables por lo común a los cuatro propietarios cuyas casas, junto con la Iglesia, la fonda y el cuartel, se hallan en la parte baja de la ladera y contrastan con las chozas de los campesinos.

El Comité de la CNT, liderado por el Seisdedos, decide aquel 10 de enero unirse al movimiento insurreccional iniciado el día 8, creyéndolo activo en toda España. En consecuencia, proclaman en Casas Viejas el comunismo libertario, cortan el hilo telefónico, ordenan excavar una zanja en la carretera y envían una comisión (a la que acompañan numerosos hombres con sus escopetas de caza) a comunicar al alcalde su cese y ordenarle que les ayude a convencer a los agentes de la Guardia Civil para que se unan al movimiento libertario y les entreguen sus fusiles. Siempre destaca Sender que procuraban hacerlo por las buenas,...

«Pa evitá [según dice Seisdedos] el derramamiento de sangre. Pero, de todas maneras [añade], después de sená puen vení a buscar sorreras los que no las tengan».

Ya Sender había explicado que allí «Zorreras [o sorreras] llaman a los cartuchos cargados con postas», con lo que se advierte que la acción de fuerza quedaba prevista, por si era necesaria [5].

Es lo que ocurriría, porque los guardias les negaron autoridad y se encerraron en su cuartel. Se produce entonces un tiroteo, a través de las ventanas del cuartel, en el que Seisdedos hiere de dos disparos certeros al sargento, que muere enseguida, y a otro guardia civil [6].

Tras ello hay una pausa ilusionada de triunfo, con el cuartel cercado. Pero la avería producida por el corte del hilo telefónico se descubre en Medina Sidonia al llamar a Casas Viejas, y los que excavaban la zanja para cortar la carretera son sorprendidos por quienes vienen a ver qué pasaba. Visto y comunicado, se produce el envío gubernamental de fuerzas abundantes, el encierro de los campesinos en sus casas, el ataque de las fuerzas a la casa de Seisdedos, que contraataca al sentir forzada la puerta de su choza, y la famosa represión ejemplarizante. En ella destaca Sender la crueldad de los guardias, cuya voz cantante llevan los de Asalto: atacan éstos con bombas e incendian la casa de Seisdedos, algunos de cuyos resistentes mueren quemados dentro, o a tiros cuando salen ardiendo; y mientras tanto otros guardias de asalto van sacando de sus casas y fusilando a los campesinos que suponen implicados, apelando, según se dice, a las órdenes recibidas de Madrid en este sentido. Todo se quería terminar en aquella noche, antes del amanecer.

«Tengo órdenes rigurosas y concretas [dice uno de los jefes] de hacer un escarmiento. Miró el reloj y añadió: Doy media hora para hacer una razzia sin contemplaciones».

Y aún añade Sender: «Esta orden no se limitaba expresamente a los sucesos de Casas Viejas, sino que se había dado el día 11 con carácter general a todos los lugares donde se habían producido desórdenes, como otras órdenes no menos bárbaras».

En este punto Sender remite, como testimonio de ello, a una nota de pie de página con el siguiente contenido:

Después firmaron y publicaron algunos oficiales, en su descargo, el acta siguiente:

En Madrid, a 26 de febrero de 1933.
Los capitanes de Seguridad que mandaban el día 11 del pasado mes de enero las compañías de asalto residentes en aquella fecha en esta capital certifican lo siguiente:

Que por el prestigio y dignidad del Cuerpo de Asalto, al que se honran pertenecer, manifiestan que en la citada fecha les fueron transmitidas desde la Dirección General de Seguridad, por conducto de sus jefes, las instrucciones verbales de que en los encuentros que hubiese con los revoltosos con motivo de los sucesos que se avecinaban en aquellos días, el Gobierno no quería ni heridos, ni prisioneros, dándolas el sentido manifiesto de que le entregáramos muertos a aquellos que se les encontrase haciendo frente a la fuerza pública o con muestras evidentes de haber hecho fuego sobre ellas.

Y para que conste, firman por duplicado el presente escrito. ¡Viva la República!: Félix F. Nieto, Gumersindo de la Gándara, Faustino Ruiz, Jesús Loma. (Y una firma ilegible. Rubricadas todas.)
¡Viva la República! [7].

A partir de aquí, Sender va citando en su texto las emotivas declaraciones, en muchos casos entrecomilladas, de las madres, de otros familiares y de testigos que vieron sacar de sus casas a los luego fusilados junto a la casa de Seisdedos. Son toda una serie de testimonios que refuerzan lo firmado en dicha acta por los guardias de asalto y que dan a esta obra ese carácter documental, sin el que tan espeluznantes hechos serían menos creíbles. Así, los hechos no parecen ponerse en duda. La cuestión central planteada es si aquella orden de fusilar a los campesinos rendidos partió del Gobierno, del ministro de la Gobernación, del jefe de Seguridad, del capitán Rojas o de quién.

Según hemos visto, Sender atribuye tal orden al Gobierno, que no sólo la habría dado para Casas Viejas,... 

«Sino que se había dado [afirma] el día 11 con carácter general a todos los lugares donde se habían producido desórdenes».

Azaña por su parte anota en su Diario que, a causa de los continuos desórdenes, de los informes sobre repetidas fugas de los deportados en Villa Cisneros y de las noticias relativas a la preparación de sublevaciones anarquistas que se temían próximas, había una acusada sobretensión en el ámbito gubernamental. Era entonces ministro de Gobernación Santiago Casares Quiroga, sobre el que, ya el día 4 de enero 1933, escribe Azaña:

«Este buen amigo, que es el mejor que tengo en el Gobierno, vive una especie de vértigo por las cosas de orden público».

El día 8 comienzan las esperadas sublevaciones y, según anotación del día 9, el presidente de la República, don Niceto Alcalá Zamora, dice querer «medidas enérgicas».

Iniciada el día 10 la sublevación en Casas Viejas, esta actitud gubernamental se muestra acentuada en las extensas anotaciones del día 11, donde se lee:

«Casares (...) se me quejó una vez más de que la fuerza pública no procede con bastante energía. Se dejan matar, pero no pegan un tiro. (...) No cumplen las instrucciones que el ministro les ha dado para destruir por la fuerza a los revoltosos (...) Casares estaba muy enojado con esto, y lo atribuía a que él no tiene bastante autoridad. El presidente de la República le ha llamado esta mañana y después de conocer el estado del asunto le ha dicho también que se notaba alguna flojedad en la represión callejera por parte de la fuerza, y que era preciso estimularla».

En el Consejo celebrado aquella tarde-noche, «Casi todo empleado en hablar del movimiento anarquista», Casares pidió dimitir, pero no se le permitió. «Hablamos [escribe Azaña] de las medidas que convenía tomar 'para dar ejemplo' [comillas mía] de severidad y firmeza. Largo, Prieto y Domingo deseaban resoluciones inmediatas y enérgicas».

Se dicen discutidas y desechadas varias medidas y se acuerda «anunciar lo del estado de guerra como una amenaza, si la calma no renace».

El día 12, Casares «me cuenta [escribe Azaña] que casi toda la provincia de Cádiz está revuelta. Se han mandado muchos guardias, con órdenes muy recias. Espera acabarlo esta misma noche».

El día 13, Casares «me contó [refiere Azaña] la conclusión de la rebeldía en Casas Viejas, de Cádiz. Han hecho una carnicería, con bajas en ambos bandos».

El 14, Casares informa al Gobierno de que «todo está tranquilo». En aquel Consejo no parece darse mucha importancia a la carnicería hecha en Casas Viejas, aunque ya Azaña anota:

«Algunos periódicos empiezan a decir que el Gobierno se excede (?) en la represión».

Mas en aquel Consejo todos parecen de acuerdo:

«Fernando de los Ríos me dice [anota Azaña] que lo ocurrido en Casas Viejas es muy necesario, dada la situación del campo andaluz y los antecedentes anarquistas de la provincia de Cádiz. Por su parte, Largo Caballero declara que mientras dura la refriega, el rigor es inexcusable».

Pero pronto la actitud gubernamental reflejada en las prolijas anotaciones de Azaña pasa a ser defensiva ante las acusaciones de la matanza de prisioneros. El 23 de febrero se dice enterado de que...

«En los sumarios hay testimonios (unos trece [anota Azaña]), acusando a los guardias de asalto de haber fusilado a unos prisioneros».

Las extensas anotaciones de esta fecha reflejan las rotundas acusaciones sufridas por el Gobierno aquellos días. Entre ellas Azaña reproduce la pronunciada por Martínez Barrio ante las Cortes:

«El presidente del Consejo dijo el día 1.º de febrero que en Casas Viejas había ocurrido lo que tenía que ocurrir; se demuestra que se ha fusilado a unos prisioneros; luego al presidente le parece normal esta atrocidad».

Y en esa misma fecha se halla la indignada reacción de Azaña, cuya supuesta sinceridad en su Diario (como dije en otro lugar [8]) parece indicar que ni dio ni conoció tales órdenes. Pero no podemos olvidar que tanto los Diarios como las Memorias, parecen destinados a explicar y justificar las propias actuaciones ante la posteridad, con todo lo que esto implica. Como quiera que sea, Azaña escribe aquel día:

«La pretensión de estos buenos señores es que el Gobierno autorizó los excesos cometidos en Casas Viejas, y que en el 1.º de febrero, cuando se habló de ello en las Cortes, yo lo conocía, y engañé al Gobierno y a la mayoría. (...) nos han querido manchar (...) Yo no tengo obligación de aguantar, por ningún motivo, que se me acuse en las Cortes de engañar a mis compañeros y a los diputados».

Las anotaciones reflejan grave preocupación, son muy extensas y se continúan en las del día 24 y en fechas posteriores. De ellas selecciono algunas que me parecen especialmente significativas.

El 28 de febrero Azaña anota que, según le han dicho,...

«Los capitanes de los guardias de asalto de Madrid han suscrito un acta [la que antes hemos visto citada y reproducida por Sender] en la que afirman que sus jefes les dieron orden de no hacer heridos ni prisioneros».

El día 1 de marzo dice que lo han visitado «los dos Menéndez» (Arturo Menéndez, director de Seguridad, y su hermano, que era ayudante de Azaña), y escribe:

«El director de Seguridad me confirma que el acta existía y que la suscriben cinco capitanes. Me dijo [añade Azaña, descubriendo una faceta no muy honrosa de Menéndez] que se proponía hacerse con el original y quemarlo».
A lo que él, Azaña, replicó: «No haga usted tal disparate. Esa acta comenzaría a ser temible en cuanto la hiciera usted desaparecer».

En cambio, Azaña dice haberle ordenado llamar a los firmantes del acta, pedirles el documento, tomarles declaración por escrito y que, tras tomarla también a los demás jefes, le trajera todo el expediente.

En sus averiguaciones anotadas el 1 de marzo Azaña se dice enterado de que, probablemente, «todas las órdenes se dieron por teléfono», con lo que son menos demostrables. Luego anota que el gobernador de Cádiz ha encontrado una telegráfica, que le «ha dictado el texto del 'recado telegráfico'» y que «No tiene nada de reprensible». El día 2, Saravia (jefe de su Gabinete Militar, y cuñado del capitán Rojas), le informa de que Rojas estaba...

«En Sevilla, adonde había ido enviado por Menéndez para hablar con el teniente Artal, otro de los que estuvieron en Casas Viejas, que estaba muy decaído».

De ahí que Azaña, tras preguntar a Menéndez dónde estaba Rojas y ver que éste titubea o finge no saberlo escribe:

«Esta aparente ignorancia de Menéndez respecto del viaje de Rojas a Sevilla me extrañó mucho, y la extrañeza creció hasta la sospecha cuando Saravia me dijo lo del intento de soborno de que se quejaba su cuñado».

Intento de soborno que se aclara cuando Azaña, enterado de que lo firmado en el acta por cinco capitanes lo niegan otros, llama e interroga aquella noche a Rojas y sabe por éste que, a su regreso del viaje hecho a Sevilla para hablar con Artal...

«Por encargo de Menéndez (...,) en la estación de Madrid le esperaba el secretario del director general [es decir, el secretario de Menéndez], que le llevó a un café, y allí le exhortó a ser hombre y le insinuó la conveniencia de que hiciese un viaje y hasta le habló de dinero; que esta gestión del secretario de Menéndez le indignó mucho, y le hizo cambiar de actitud; que no sabe cómo sus compañeros, los capitanes de Madrid, se enteraron de que él estaba dispuesto a hacerse responsable de todo, y fueron a decirle que no lo consentían, que no hiciese el tonto, y que por favorecer a otros no debía manchar el honor del cuerpo».

A lo cual añadió que, aunque al principio se mantuvo en su idea y se negó a firmar el acta, las presiones sufridas «en la dirección» para que contradijese...

«los asertos de los cinco capitanes, le han decidido a cambiar de conducta; (...) es decir, declarar que, en efecto, hubo la orden de no hacer heridos ni prisioneros».

Entre estas citas hay otras en que Azaña destaca la relación de los capitanes firmantes del acta con Lerroux, que es quien dicen haberles sugerido que la hicieran y firmasen. Incluso refiere, el mismo día 1 de marzo:

«Esta tarde ha habido un incidente entre Lerroux y sus edecanes Guerra del Río y Rey Mora. Guerra quería publicar en 'El Imparcial' el acta ya famosa», y como «Lerroux le hizo desistir» Guerra rompió airado la copia que ya tenía preparada en el sobre.

Pero esas observaciones políticas no parecen negar los fusilamientos firmados en el Acta, que, pese a las dudas y posibles temores de los declarantes, se ven luego confirmados. El teniente Artal, a quien Rojas fue a visitar por orden de Menéndez, declara, según anotación del 3 de marzo, que,...

«Por orden de Rojas, se había fusilado a doce o catorce prisioneros, y que Rojas le dijo que tenía órdenes de Menéndez de aplicar la 'ley de fugas'».

Azaña anota en esta fecha que Rojas niega inicialmente ante el Gobierno lo dicho por Artal y que, con todo, se produce un gran revuelo político, pero salvado por él con gran éxito, al mostrarse, en las Cortes, dispuestos a averiguar la verdad. El día 4 anota, reflejando sus dudas, que acordó con Casares...

«Sustituir [como director de Seguridad] a Menéndez por Manuel Andrés, gobernador de Zaragoza» (cosa que "corría prisa" y se haría al día siguiente); y que cuando «Gabriel Franco, que forma parte de la comisión parlamentaria que va hoy a Casas Viejas», vino a preguntarles sus «puntos de vista», le contó la negativa de Rojas y le dijo «que no ponga límite a nada».

Pero la situación cambia al día siguiente, pues según anotación del 5 de marzo, Azaña fue informado por...

«Vallés, fiscal general de la República interino», por un «inspector de Tribunales» y por un «abogado fiscal» de que «el capitán Rojas declaró anoche ante el juzgado especial y confesó ser verdad lo que dice Artal». Y en ese documento de confesión «insiste en los intentos de soborno, complicando en ellos a la mujer del propio Menéndez». La culpabilidad de Menéndez se insinúa, además, al añadir: «Afirma Rojas que el Gobierno no sabía nada de los fusilamientos y que cuando pudo contárselo al ministro, el director general [Menéndez] le dijo que no lo hiciera».

Las anotaciones de Azaña reflejan las intrigas políticas y el deterioro de la imagen del Gobierno a consecuencia de estos sucesos. El día 6 anota que él quedó encargado de hablar ante las Cortes, procurando destacar que los hechos se habían averiguado «por orden del Gobierno», y que Menéndez, a quien recibió luego y dice tender a creer, negó su «connivencia con Rojas». Pese a ello, el día 7 anota:

«En las Cortes, sesión penosa. (...) Naturalmente, las oposiciones no iban a desperdiciar la ocasión». Todos amargados, dice, al descubrir «que se han hecho atrocidades. (...) Fernando está muy asustado. Quería que mandase detener a Menéndez».

En la anotación del 8 de marzo, refiriéndose a Santiago Casares, dice que está empeñado en dimitir:

«Quería marcharse, asumir él sólo la responsabilidad de todo, y desembarazar así la situación del Gobierno». Pero «No sacrifico [escribe Azaña] a un ministro para salvar al ministerio. Si ahora abandonase a Casares [explica además], no habría modo de convencer a nadie de que él no era culpable de la atrocidad [califica y repite Azaña] que han hecho en Casas Viejas, y eso sería de mi parte una acción mala. Cualquiera que sea el descuido o la bobería con que en Gobernación se han comportado», «me consta [asegura] que Casares no ha sabido lo de Casas Viejas hasta que lo hemos ido sabiendo los demás».

Es decir, tanto Casares como Azaña, serían libres de responsabilidad consciente en los fusilamientos.

No queda tan claro el caso de Arturo Menéndez, director general de Seguridad, pues, además de todo lo ya dicho, por Rojas, por Artal y por el mismo Azaña, ocurre que, el 10 de marzo, Casares le comunica que...

«el juez, después de tomar declaración a Arturo Menéndez, lo ha enviado a prisiones».

Y, curiosamente, Azaña, que hasta aquí parece dudar sobre Arturo Menéndez (pese a su cercanía con él y con su hermano), pasa a enfocar dicha detención desde el puno de vista político:

«La noticia [escribe] dará ruido. Puede pensarse que sea un exceso de celo, o una medida con segundas intenciones. Dicen que el juez es hechura de Elola, magistrado del Supremo y diputado lerrouxista. El abogado fiscal es pariente de la mujer de Giral y furioso antirrepublicano».

Es decir, insinúa motivaciones espurias en las acusaciones y, dude o no, anota actuaciones tendentes a demostrar la inocencia de Menéndez, con la cual, eso sí, reforzaría la inocencia del Gobierno, al distanciarlo un escalón más de las órdenes culpables.

Atribuyendo politización a los acusadores, escribe el día 16 de Marzo:

«Aun conociendo el informe de la comisión, y siendo ya claro que 'el Gobierno no ha dado ocasión' [comillas mía] a que se cometa la atrocidad de Casas Viejas, y así mismo que el Gobierno no ha ocultado lo que sabía, no faltaba gente política que esperaba la caída del Gobierno».

Mantenían la esperanza, según dice Azaña, de hallar algún motivo para cargar contra él.

«Querían probar que existían órdenes terribles y que las había dado yo», dice.

Es un intento que atribuye a muchas personas (Miguel Maura, los generales Fanjul y Cabanellas, los lerrouxistas Ordiales, Botella Asensi, Samper,...). El día 17, mostrando, por contra, la actitud favorable de sus afines, anota que Anguera de Sojo [que sería nombrado fiscal general de la República en Mayo] se ofrece como defensor de Menéndez; y el 18, que el ministro de Justicia, Álvaro de Albornoz, opina...

...«Que el desprocesamiento súbito de Menéndez sería hoy una campanada y nadie dejaría de atribuirlo a presión del Gobierno. Cree que la libertad provisional podría obtenerse dentro de unos días, la revocación del procesamiento le parece dudosa, pero la absolución, segura».

Los políticos intereses creados en favor de Menéndez se manifiestan en las notas de Azaña sobre distintos frentes gubernamentales. El día 19 de Marzo anota que el hermano de Menéndez le pide que «intervenga»; y sus anotaciones indican que así lo hace constantemente, aunque sus dudas sobre la conducta del Menéndez jefe de Seguridad no desaparecen del todo:

«Sigo creyendo [escribe ese día] que él no dio órdenes atroces, como algunos suponen; bravatas, sí echaría tal vez; pero su indignación parece sincera contra las imputaciones de Rojas. Lo que no está claro aún es si Menéndez se enteró antes que nosotros de los fusilamientos».

El día 22 de marzo, Azaña anota que Casares le ha visitado, le ha dicho que se ha...

...«confirmado el auto de procesamiento y prisión» de Menéndez y que éste está furioso; «Casares [continúa Azaña] se queja de que el fiscal no nos haya dicho nada. Teme que Albornoz no siga exactamente las indicaciones que yo [escribe Azaña] le he hecho. Pero lo que yo convine con Albornoz es que, dentro de unos días, se obtendría la libertad provisional».

Como muestran estas notas, el caso Menéndez se sigue día a día y, con razón o sin ella, se procura minimizar en las alturas del Gobierno. En sus notas del día 24, Azaña dice que vio a Albornoz en el Congreso, y apunta:

«Ayer le hablé de la conveniencia de hacer algo en el asunto de Menéndez, sobre quien se extrema el rigor. Me dijo [añade Azaña] que le parecía bien; Hoy me cuenta que ha encargado que se mire el resultado de las nuevas diligencias, por si el fiscal pudiera allanarse a la libertad provisional».

En las anotaciones del día 16 de Abril, Azaña escribe:

«Estos días pasados hablé con Anguera de Sojo sobre el asunto de Menéndez. (...) Opina Anguera que el juez ha procedido con dureza y precipitación al procesar a Menéndez, sin investigar antes el hecho que se le imputaba. (...) Me dijo que ésta es la ocasión de resolver el caso Menéndez, porque en el juicio oral no se puede producir ningún hecho nuevo ni se aportará ninguna prueba que no esté ya en el sumario, y que permitiera al fiscal modificar entonces la posición que adopte ahora».

Y, refiriéndose a lo ocurrido esos días pasados, añade algo que resulta extraño:

«Menéndez se cree víctima, sacrificada al Gobierno. Están organizándole una manifestación de simpatía para el 14 de abril, me dijo también Anguera. Le encargué [continúa Azaña] que hablase con el presidente del Supremo, para conocer su opinión sobre el aspecto procesal del caso».

El día 21 anota, reflejando esa continua intervención del Ejecutivo en lo judicial:

«El otro día hablé con el presidente del Supremo; cree que en Justicia procede sobreseer la causa de Menéndez, pero que para ello puede ser un estorbo el recurso de apelación para la reforma del auto de procesamiento interpuesto por Sánchez Román».

Y, en Justicia o no, las agitadas mediaciones del Ejecutivo ante el Judicial siguen evidentes en las notas del 30 de Abril:

«Esta mañana, en la estación [escribe Azaña], me habló el presidente del Supremo. Insiste en que el recurso de apelación puesto por Sánchez Román en el proceso de Menéndez es un error».
El día 8 de Mayo, por la tarde, dice: «...ha venido el fiscal, Valles. Me dice que en el proceso de Menéndez se adhiere a la petición de la defensa para que se revoque el auto de procesamiento. A su juicio, no hay ni asomos de responsabilidad para Menéndez».

Sin embargo, no todos dicen eso. El 10 de mayo escribe Azaña:

«A primera hora de la tarde viene a verme el presidente del Supremo. Me informa de que esta mañana ha sido la vista del recurso de apelación contra el procesamiento, y la Sala, por cuatro votos contra tres, ha acordado votar el procesamiento. (...) Él, don Diego Medina, ha ido a presidir la Sala, para mayor autoridad; el fiscal se ha adherido a la petición de la defensa; pero la mayoría de la sala ha votado en contra. Añade don Diego que la buena doctrina procesal es la que sustenta la Sala. Concluye diciéndome que lo siente mucho, que mañana procurará que se dicte auto de libertad provisional para Menéndez, y que, en pocos días, podrá llegarse al sobreseimiento, a no ser que se persone alguna acusación privada, lo cual complicaría mucho las cosas, (...) No le hago objeción alguna y le ruego que al menos obtenga la libertad provisional de Menéndez, puesto que si él ha votado por él desprocesamiento, y opina, como siempre, que se debe llegar al sobreseimiento, no parece justo retener en prisiones a quien se halla en tales circunstancias. La razón para el desprocesamiento, según me dijo el fiscal [añade Azaña], es que del sumario no aparece culpabilidad alguna para Menéndez».

Es decir, aunque el presidente del Supremo va a presidir la Sala, «para mayor autoridad» (¿o influencia en los demás?), y el Fiscal se adhiere a la petición de la defensa, la Sala vota en contra de ellos. Parece ser que quienes forman esa mayoría de la Sala se atienen más a lo dicho por cinco capitanes, por Rojas y por Artal. Azaña, que antes mostraba tantas dudas y sospechas, parece buscar, más o menos convencido, la declaración de inocencia de Menéndez.

Esta tendencia parece generalizarse en las alturas, pues el abogado defensor de Menéndez era, según vimos anotado en el 17 de marzo,...

...«Anguera de Sojo, a quien hemos nombrado [escribe Azaña este 10 de mayo] fiscal general de la República».
A lo cual se añade que Anguera, «Es muy amigo de Menéndez. En su vista de hoy [sigue anotando Azaña] me ha hablado del asunto. Dijo que quizás el presidente del Supremo agradecería que se le hiciese una indicación».

Pero, curiosamente, Azaña parece sentir cierta desventaja en esta politización de la Justicia, pues dice que le...

...«disgusta profundamente esta conducta de los Tribunales, que ponen en libertad a muchos militares que conocidamente intervinieron en lo del 10 de agosto [se refiere a la Sanjurjada de 1932], (...) y se ensañan con Menéndez».

Pero el día 11, al llegar al banco azul, resulta que Albornoz, el ministro de Justicia, le comunica la buena noticia:

«Ya sabrá usted que el asunto de Menéndez se ha resuelto favorablemente».
Y como Azaña le replica: «No lo sabía. Mis noticias eran otras».
Albornoz le dice: «En efecto. Pero hoy se han reunido y han votado el desprocesamiento».

Esto parece extraño, ya que el día anterior, el 10, se había dicho contrario a la buena doctrina procesal, aunque Albornoz se lo explica diciendo:

«Parece que uno de los magistrados [recordemos que eran cuatro contra tres] ha cambiado de opinión. Poco después me dicen [escribe Azaña] que el presidente del Supremo pregunta si puede ir a visitarme en las Cortes. Acudo yo al teléfono y don Diego me dice: "Tengo la satisfacción de comunicarle que acabo de firmar el auto revocando el procesamiento al capitán Menéndez, que esta misma tarde será puesto en libertad"».
Y comenta Azaña: «Le doy las gracias por su cortesía y le digo que no es menester que se moleste en ir a verme en las Cortes, pues ya quedo enterado. Era [reconoce el mismo Azaña] demasiada oficiosidad. En los pasillos de la Cámara ya cundía la noticia».

Queda así cerrado el caso. Según esto, sólo Rojas sería el responsable último de aquellas atroces órdenes. Pero esta conclusión del 11 de mayo no es del todo convincente ni siquiera dentro del Gobierno. La cuestión, según lo anotado por Azaña, suscita todavía graves reproches contra el ministro de Gobernación el día 23 de Junio:

«...se lamentaba Casares [anota Azaña en esta fecha] de la conducta del presidente del Tribunal (,...) Albornoz [ministro de Justica] se ha dado por aludido, como si Casares le echase a él la culpa de lo que sucede, y se ha puesto furioso. Con este motivo, Albornoz [escribe y juzga Azaña] ha descubierto un fondo innoble, que le favorece muy poco. Ha dicho que no podía tolerar las repetidas censuras que el ministro de la Gobernación le hace, (...): que él, por solidaridad de Gobierno, ha soportado y tolerado cosas, en cuestiones de orden público, que le parecían mal, y sin embargo callaba. Esta alusión a lo de Casas Viejas, en boca de Albornoz, es [aclara e insiste Azaña] muy fea, moralmente, porque él sabe, lo mismo que los demás, cómo ocurrieron las cosas. Casares ha estado muy discreto y prudente».

Estas anotaciones, como las antes mencionadas sobre las quejas de Menéndez, resultan algo extrañas. Por una parte, si Albornoz, ministro de Justicia, sabía cómo ocurrieron las cosas, habría que preguntarse por qué «le parecían mal» y por qué «sin embargo callaba», lo cual no explica Azaña. Por otra, Azaña parece sorprenderse y alegrarse de que Casares, al que suele presentar como impulsivo y de genio muy vivo, estuvo «muy discreto y prudente». Cabe preguntarse por qué Casares se comportó así esta vez, y por qué Azaña podría alegrarse de ello. ¿Temía acaso que con otra reacción hubiera irritado más al ministro de Justicia y éste hubiera aclarado y difundo sus alusiones a lo ocurrido en Casas Viejas?

Por otra parte, es notable que desde el ingreso de Menéndez en prisión todo lo que Azaña dice declarado por los cinco capitanes, por Rojas y por Artal, así como las dudas y sospechas del mismo Azaña, dejan de citarse en el Diario. La palabra de Menéndez parece sobreponerse a todas las demás. La cuerda se rompió, como suele, por lo más delgado. Queda la duda de si en este final influyó decisivamente la actividad del entramado gubernamental que, como acabamos de ver, refiere el mismo Azaña en su Diario. Se buscase o no con afanes de Justicia, parece evidente que al Gobierno, muy atento al proceso, beneficiaba la declaración de inocencia de Menéndez. Además, ¿por qué éste, según anotación del 16 de Abril, se creía víctima sacrificada al Gobierno? ¿Veía responsabilidades más altas?

Como quiera que fuese, las anotaciones de Azaña dan fe de que el Gobierno, y especialmente su ministro de la Gobernación, estaban muy preocupados por restablecer su autoridad y el orden público al reprimir la sublevación libertaria de Casas Viejas; dan fe también de que para ello habían acordado, y ordenado, medidas ejemplares de severidad y firmeza, cuya transmisión, según reconoce Azaña, pudo hacerse por Menéndez, con bravatas que las acentuasen e indujeran a lo ocurrido. Es decir, una cosa es que desde el Gobierno no se dieran aquellas concretas órdenes y otra muy distinta que, en contra de lo que anota Azaña el 16 de Marzo, estuviera, ni esté, «claro que el Gobierno no ha dado ocasión a que se cometa la atrocidad de Casas Viejas».

En el mejor de los casos, cabe concluir, pensando bien, que aquel Gobierno, sintiéndose encargado de hermanar la libertad y el orden, esos dos complejos valores necesarios para el logro de otros, trataba de evitar que la libertad mal entendida acabase con su hermano orden y con la justa libertad de los demás. Pero parece evidente, por una parte, que todo el entramado gubernamental se volcó en demostrar esa inocencia que lo beneficiaba frente a las acusaciones de los, más débiles, capitanes a sus órdenes. Y, por otra, que la ejemplar represión, con alguna, si no tantas demasías, se ordenó desde el Gobierno, aunque fuera sin advertir que el orden que pretendían podía ser excesivo, cainizarse, y acabar con su hermana libertad y con la justicia que decían procurar. Una vez más conviene recordar que el fin no justifica los medios, ni en política los errores.