El centralismo del presidente

Repleto de sensatez, el presidente Sánchez ha propuesto centralizar las compras de gas natural a través de la Unión Europea para así lograr unos precios más reducidos que frenen la subida de la electricidad. La propuesta la hizo pública en Eslovenia con motivo del Consejo Europeo informal previo a la Cumbre de la Unión Europea y los Balcanes Occidentales. No obstante, la fórmula del presidente Sánchez tiene una credibilidad limitada pues los contratos de compra y suministro de gas se realizan para un periodo de tiempo prolongado y habría que comenzar por indemnizar a todas las compañías que pudieran verse afectadas. Por ejemplo, Naturgy tiene suscritos contratos con la empresa nacional de gas argelino Sonatrach hasta 2030.

Pero la idea central es la de mejorar la posición de compra aumentando el volumen de contratación. En definitiva es lo mismo que se hizo con la compra de las vacunas contra el covid-19; una compra centralizada a través de la Unión Europea que permitió poder competir con las grandes potencias internacionales. Lo recordó hace unos días la ministra Nadia Calviño en la inauguración de los actos conmemorativos del 50 aniversario de la creación de la Facultad de Económicas de la Universidad de Sevilla.

Lo paradójico es que quien reivindica la centralización de la compra de gas natural a través de la Unión Europea es el presidente de una nación que soporta unas grandes dosis de ineficiencia derivadas de multiplicar las centrales de compra. El profesor Manuel Hidalgo ⎼exsecretario general de Economía de la Junta de Andalucía⎼ en un interesante documento publicado por ESADE, y que lleva por título Cinco propuestas para una mejor absorción de los Fondos Europeos, advierte de que en España contratan unos 8.000 centros licitadores diferentes. Casi 8.000 centros públicos diferentes comprando a la vez. Esto imposibilita aprovechar cualquier economía de escala que abarate los precios o mejore las condiciones del servicio a los ciudadanos. También aumenta los costes de gestión de la contratación y dilata los plazos desde que el proyecto se selecciona hasta que se certifica ante la Comisión Europea. Esto es una absoluta anomalía en la gestión pública. Para resolverla Hidalgo propone interesantes herramientas como la contratación agregada o la contratación por lotes en una misma licitación.

Pero la propuesta del presidente Sánchez se ajusta como un guante al refrán de «consejos vendo que para mí no tengo». Probablemente, la baja autoestima que muchos siguen teniendo de todo lo español les hace atreverse proponiendo una medida sensata sólo si viene impregnada de la pátina europea, pues parece claro que defender la centralización de muchas compras a nivel del estado cuestiona muy directamente la organización territorial de España.

Algo no muy diferente pero a escala regional ocurre en Andalucía con la iniciativa del consejero Rogelio Velasco de crear la agencia Andalucía TRADE para integrar a las agencias IDEA, Extenda, la Agencia Andaluza del Conocimiento y Andalucía Emprende. Lo que sigue chirriando es la bipolaridad entre esgrimir la sensatez de coordinar o unificar para ahorrar costes al ciudadano al tiempo que nos empeñamos en mantener una descentralización administrativa casi compulsiva.

La administración pública debe ajustarse bien al funcionamiento de empresas y familias en aquello que demuestran saber hacer bien; si ninguna empresa ni familia dilapida esfuerzos multiplicando departamentos de gasto ¿por qué lo tiene que hacer la administración?

En lo demás y sobre la llamada del presidente del gobierno a comprar todos juntos gas natural para, comprándolo más barato, bajar el precio de la electricidad, sería bueno poner las luces largas y ver dos datos en perspectiva. En el último año, el aumento del precio internacional del gas natural ha sido del 113,17% mientras que el precio de una tonelada de dióxido de carbono equivalente en el mercado europeo ha sido del 142,62%. En la misma línea, el último informe del International Carbon Action Partnership señala que hasta el 31 de enero de 2021, había 24 sistemas de comercio de derechos de emisión de CO2 en vigor. El que mostró una mayor subida en el precio por tonelada fue el europeo.

Está bien actuar conjuntamente para beneficiarse de las economías de escala y estaría mucho mejor aplicarlo a la racionalización del sistema autonómico español. Pero también hay que dejar de evitar ser claro y decir que la transición energética no es gratis. Nada gratis.