Crónica de un período aciago.

De un tiempo a esta parte, por diversas razones, buena parte del mundo asiste (o parece asistir) a un cambio de paradigma. Los efectos de la ingeniería social derivados del marxismo cultural sostenidos durante décadas han tomado carta de naturaleza en el mundo occidental. Simultáneamente, la evolución tecnológica y su correspondiente impacto en la economía, se presentan como fundamentos constituyentes de un nuevo paradigma. Aunque no los únicos.

Junto a los anteriores, los efectos combinados de la pandemia han predeterminado un nuevo contexto social ⎼de implantación mundial⎼, cuyo impacto se antoja comparable al desarrollo de la Revolución Industrial.

Si bien la crisis de 2008 fue un primer aviso, tanto en buena parte de Europa como en España, y a tenor de lo presente, cabe cuestionar la capacidad de los gobernantes. Los datos que se citan a continuación son palmarios e indicadores de la urgente necesidad de revertir el estado de cosas y dotar a los gobernantes de España ⎼presentes y futuros⎼ de mayores dosis de responsabilidad y valía que la liberen de tanta arbitrariedad, causante de las calamidades que surgen en este funesto bienio. Y las aún por venir.

Es en los momentos críticos cuando se mide la valía de los gobernantes, y está visto que la ruta de Pedro Sánchez no la marca el bien común, sino su permanencia en La Moncloa.

La tozudez y la recurrencia de los hechos son avales suficientes para afirmar que España (o buena parte de ella) está en un estado de postración y sumida en una especie de narcosis que se desarrolla de forma similar a un duermevela, en el que la vela origina una amnesia selectiva sobre hechos relevantes con especial incidencia en diversos ámbitos del quehacer nacional.

En la salud hay más de 130.000 muertos silenciados y con el sistema sanitario muy tensionado; en lo laboral un 16% de la población en edad activa en paro y del 45% en menores de 24 años; en la economía, la deuda ya supone el 125% del PIB (equivalente a 1,4 billones de euros según informa el Banco de España), que corresponde a 30.000 euros per cápita. Así de simple; así de crudo.

Estos datos no son estáticos; la deuda sigue creciendo a un ritmo uniformemente acelerado con una tasa de crecimiento interanual del 13,7% en el primer trimestre entre 2020 y 2021. Según Bruselas, España no volverá al PIB previo a la pandemia hasta 2023 como muy pronto ⎼y sin contar los efectos de la quinta ola actual⎼. Proyecciones del grupo de economistas independientes liderados por el profesor Roberto Centeno sitúan incrementar la deuda a final del año en 180.000 millones de euros, al tiempo que señalan que Alemania, general con mando en plaza en el BCE, prevé cerrar la caja de la financiación en septiembre y no habrá dinero para más alegrías de gasto en 2023. Por tanto, no habrá más compra de deuda, España suspenderá pagos y será intervenida. De no remediarse, dará paso a un funesto espacio temporal difícil de estimar en su extensión con durísimo impacto en lo económico y lo social (en la crisis de 2008 Grecia y Portugal registraron subida de impuestos generalizada y una reducción media en pensiones del 35%). De los 40 países monitorizados por la OCDE, España será el último país en recuperar su economía.

A día de hoy, la deuda emitida por el Tesoro de España, que incluye las administraciones públicas y las grandes empresas del Ibex, es de 530.000 millones de euros ⎼casi la mitad del PIB⎼. Desde febrero de 2020 el Banco Central Europeo ha comprado casi 200.000 millones. De toda la deuda emitida, el BCE tiene el 30%, que lo convierte en el primer acreedor ⎼o accionista⎼ de España. Este dato lamina la independencia del país (a gobernantes y gobernados) para el futuro. Entre tanto, y según el INE, en la Encuesta de Condiciones de Vida, publicada hace cinco días, la pandemia ha elevado la pobreza en España a niveles no vistos desde la crisis del ladrillo. De acuerdo con ese documento, en 2020 la población en riesgo de pobreza o exclusión social subió 1,1 puntos hasta situarse en el 26,4%; es decir, 12,5 millones de españoles.

De momento, se piden sacrificios con la boca pequeña, como aumentar el tiempo de cotización a la Seguridad Social y reducir el importe mensual en las pensiones de los futuros beneficiarios. Pero Pedro Sánchez aún no ha reducido el Gobierno más amplio de Europa, cuyo gigantismo no obedece a las necesidades objetivas de la gestión, sino a las cuotas y exigencias de sus aliados: los 22 ministerios que existían antes de la remodelación seguirán existiendo, con otros titulares en algunos casos y los mismos ya conocidos. España tiene pendiente muchas reformas, pero una de las más relevantes es, a la vez, la más demorada: si la estructura de gasto público no se modera en la propia Administración, todas las demás serán insuficientes. En la llamada "industria política", ese compendio de entidades superfluas y duplicadas cuyo coste, según no pocos economistas, alcanza unos disparatados 40.000 millones de euros anuales.

Para mantener su puesto, quien preside el Gobierno no cesa en privilegiar a ciertas taifas, y se mantiene impertérrito en afirmar una cosa hoy y desdecirse mañana. Su permanencia al frente del Ejecutivo pasa por pagar chantajes de sus socios como el de los indultos para, de esta forma, incrementar las expectativas de los extorsionadores separatistas catalanes. Y también vascos, gracias, entre otras cesiones, al acercamiento de presos de ETA a las Vascongadas y a la cesión de más competencias en materia económica, de prisiones y de Seguridad Social.

En su obstinación por agotar la legislatura, y cuando toca afrontar los primeros pasos de la reconstrucción económica y de reducción substancial de la deuda ⎼que llevará varias décadas⎼ Sánchez ha decidido continuar su senda de arbitrariedades, tendentes a darle la vuelta al país, como un calcetín, para lo que no regatea en prebendas. Unas cesiones que han configurado una sociedad totalmente polarizada, la degradación de instituciones, un poder judicial acosado por el gobierno y una credibilidad en su palabra al que le retratan hasta sus supuestos aliados parlamentarios. Hay un gobierno cautivo de separatistas y comunistas que se han permitido ⎼y se permiten⎼ mofarse en público de la inexistente credibilidad del presidente del Gobierno que debería llevarle a la reflexión de que su palabra no vale nada, habida cuenta que él mismo ni se preocupa, ni se ha preocupado de cumplirla en ningún caso.

En Cataluña, el gobierno regional ha aprobado mediante un decreto ley un fondo dotado de 10 millones de euros para que los 34 ex altos cargos de la Generalitat hagan frente a las fianzas que les exige el Tribunal de Cuentas antes de proceder al embargo de sus bienes. El Institut Català de Finances (ICF), organismo público autonómico, hará de comisión gestora de ese fondo del que se podrán beneficiar bajo ciertas condiciones todos los funcionarios y altos cargos que hayan incurrido o incurran en responsabilidades de gasto indebido. Este fondo ha sido diseñado y generado de urgencia para hacer frente a una situación que crea insomnio a los líderes independentistas: la responsabilidad patrimonial personal por la ejecución del plan secesionista hasta 2017.

Es inadmisible que una administración cree un fondo para pagar en último término las fianzas de sus propias autoridades acusadas de malversación; es decir, se multa a sí mismo. Es inaudito. Y quizás tema de consulta a expertos en salud mental.

Será interesante ver qué opina el Tribunal de Cuentas, cuyas fuentes ya han avanzado que la propuesta roza la prevaricación, aunque seguramente será la justicia quien determine la validez de la fórmula elaborada por el conseller Giró. Ojalá sea rechazada sin mucha dilación porque sería un precedente terrible y devastador para el Estado de derecho. Además, la acción ejecutiva de ese organismo administrativo es el mayor freno que hoy por hoy tiene el separatismo.

Esos casi 10 millones de euros que son reclamados a las decenas de ex altos cargos es solo la punta del iceberg del enorme dispendio del procés desde 2012. Que los reos devuelvan la mayor parte es un acto de justicia e imprescindible para que ellos ⎼y los que vengan detrás⎼ si se plantean volverlo a hacer, sepan que nada es gratis. De lo contrario, España puede acabar indemnizando a unos golpistas reincidentes. De ahí que el Tribunal de Cuentas es la siguiente víctima del pacto con los separatistas, aunque no la única.

La muy reciente resolución del Tribunal Constitucional sobre el confinamiento domiciliario en las primeras semanas de la pandemia ha agudizado las tensiones entre el Gobierno y el Poder Judicial, y supone el tercer desencuentro en pocas semanas. El primero, los indultos a los condenados por sedición y malversación, medida de gracia que en el Tribunal Supremo se interpretó como una rectificación de la sentencia. El segundo, las fianzas en el Tribunal de Cuentas, que según el exministro Ábalos eran una piedra en el camino del diálogo. Y ahora, el Constitucional con sus elucubraciones doctrinales, Margarita Robles dixit.

Otro mojón en esta ruta de despropósitos es la llamada "cultura sexual", un primer engendro ideológico que la facción podemita ha elevado a la primera línea de la acción política para que nada escape a las trapisondas de estos fenómenos de feria, que son propios de los representantes del socialcomunismo gobernante.

Tenemos que transformar la cultura sexual. Ese es, según la portavoz, el imperativo moral que mueve al Gobierno a legislar sobre las relaciones íntimas, a través de una ley que codificará jurídicamente todo el proceso amatorio. Según fuentes jurídicas, será como el procedimiento administrativo, con requisitos, solicitudes, concesiones y denegaciones, pero llevado al territorio de las urgencias voluptuosas, que con su aplicación dará lo mismo utilizar la violencia o no, además de anular la presunción de inocencia de los acusados.

Las feministas actuales, a cargo del Ministerio de Igualdad, han promovido un segundo engendro, basado en la idea de que cada persona pueda elegir el sexo a voluntad, incluso desde la adolescencia sin dictamen médico. No queda claro cuántas veces puede materializarse el cambio de sexo en la biografía de cada persona. A consecuencia de esta aberración es de prever una consecuencia no deseada: los varones acusados de maltratar a las mujeres podrán defenderse alegando que ellos también son mujeres. Menos grave será el caso de los deportes donde compiten mujeres.

La última ocurrencia del gobierno patrio es una nueva Ley de Seguridad Nacional, con la que el Ejecutivo planea rediseñar el estado de excepción para hacerlo más maleable y ajustado a sus necesidades: aumenta la terminología imprecisa e interpretable mientras disminuyen los requisitos y controles a su actuación y decisiones que afectan a lo público y lo privado.

Pero para mayor desventura, a todo lo enumerado anteriormente hay que añadir la aparición de una nueva patología surgida en Moncloa. Se trata de otro ejercicio de malabarismo semántico plagado de ambigüedad engañosa; si al coronavirus lo llamaron “la nueva gripe”, a la eventual consulta sobre Cataluña le colocarán el calificativo de “autogobierno”, convencidos de que los españoles tragarán, otra vez, que el hábito hace al monje y que hay sujetos soberanos más allá de los reconocidos por la Constitución. Anestesiados con la concordia, la convivencia y la magnanimidad, quieren extirpar un miembro del cuerpo sin la pertinente autorización de su propietario, que es el resto de España.

Se pretende la voladura del Estado de derecho. La maniobra consiste en el derribo de la Monarquía y la liquidación de la soberanía nacional a través de un referéndum de autodeterminación en Cataluña, que, de llevarse a cabo, implicaría la conversión de España en un Estado plurinacional como paso previo a su fragmentación definitiva. Y todo porque tirios y troyanos, ⎼PP y PSOE⎼ en sus mandatos con mayoría, jamás se preocuparon por abolir una ley electoral que no respeta el principio de una persona un voto con idéntico valor en todo el territorio nacional.

Según Jesús Lainz, en Libertad Digital, «El reloj de España se ha retrasado un siglo. Nuestros gobernantes han vuelto a perdernos en la oscuridad de un laberinto peligrosamente parecido al de 1936. Veremos cómo salimos de él, porque de momento parece que la mayoría del pueblo español sigue sin enterarse».

Los flamantes miembros del nuevo Gobierno parecen destinados a tratar de sanear la imagen de un equipo desgastado por los múltiples errores de gestión, inacción y pésima imagen en lo doméstico e internacional concienzudamente labrados en dos años de ejercicio: covid, Delcy, Gibraltar, Marruecos, inmigración, reducción de la soberanía marítima en el Mediterráneo, ley de educación, promoción académica con múltiples suspensos y chuletones de todo tipo. Cambiar algo para que nada cambie. Para que nadie de los recién llegados pueda restar brillo al César de Moncloa. Mismo modelo con idénticos socios fuerzan a pensar que nada bueno cabe esperar. Se trata de ganar tiempo, borrar memorias y agotar legislatura mientras los cesados serán confortablemente recolocados.

Ante el estado de cosas, es urgente revertir el zascandileo político de zotes y frikis irresponsables que medran por los pagos patrios cómodamente instalados y excelentemente retribuidos.

Desde esta España políticamente enferma y ante el pavoroso horizonte que acecha durante décadas, es lícito trasladar estas preguntas: ¿Cuándo y cómo se organizará una fuerza capaz de aglutinar tendencias dispersas de una España realista y solidaria entre sus regiones, inteligente y constructiva? ¿Qué podría motivar a las huestes de esa mayoría silenciada para sacudirse la apatía y pronuncien su irritado hasta aquí hemos llegado? Será necesario un liderazgo competente y sin complejos para devolver a sus conciudadanos la ilusión para articular un proyecto realista, pragmático y flexible, capaz de desarrollar una estrategia de recuperación y saneamiento de esta gran comunidad acrisolada por las distintas regiones, con sus características, que se enriquecen recíprocamente dentro de la innegociable unidad e independencia de España.