Cuando la transparencia se vuelve opaca.

En 2015, Rajoy creó el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), presionado a tal fin por la oposición y, especialmente, por los anticasta, que exigían una urgente regeneración política necesaria e imprescindible para la salud de la política e instituciones públicas de nuestro país. Los que exigían con beligerancia y aspavientos transparencia ahora están en el poder y acaban de encontrarse una piedra en su zapato, concretamente la CTBG. Es actualmente la oposición quien pide información y transparencia al ejecutivo de Sánchez; han cambiado las tornas.  

Temas como la polémica tesis doctoral de Pedro Sánchez, los viajes del Falcon con invitados, sus vacaciones con amigos en el Palacio de las Marismillas, o viajes polémicos, como el que Sánchez realizó al Festival Internacional de Benicàssim (Castellón) para disfrutar del concierto de uno de sus grupos favoritos, y, así, una larga retahíla de temas, también algunos relacionados con Pablo Iglesias, que al parecer no acaban de esclarecerse a pesar de las reiteradas peticiones del CTBG a ambos políticos y a su ejecutivo.

Pero la primera estrategia adoptada por Sánchez e Iglesias, ante algunos de estos temas para no facilitar la información solicitada, ha sido declararlos secreto de Estado, creando la correspondiente perplejidad ante los grupos de la oposición al declarar como secreto temas que entienden que no se corresponde tratarlos como tal. La segunda estrategia ha sido nombrar como presidente del Consejo a un hombre de su confianza y haber hecho un amago de “envío al Gulag” del máximo responsable en funciones del CTBG, tras fallecer su anterior presidenta. De esta forma, todo controlado.   

Pero como dice nuestro refranero: “El que algo teme algo debe”. El silencio los delata. Aunque, cuando los silencios se acumulan, tratándose de quién decide sobre nuestras vidas, la cosa da que pensar varias hipótesis. Una de las posibles hipótesis, la más simple, es que no están actuando de forma ortodoxa y les es más rentable el precio político de ocultar el hecho a la opinión pública que ponerlo al descubierto. La otra hipótesis es despótica, es decir, hago lo que quiero, cuando quiero y no tengo porqué dar explicaciones a nadie.

Sea la que sea, es una agresión al espíritu democrático, es un menosprecio a sus administrados que, en definitiva, son los que ponen su dinero vía impuestos para sufragar los costes de las actuaciones que se nieguen a dar información de las mismas.

No obstante, en este sentido, ya marca estilo la polémica afirmación de la actual vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática del Gobierno de España cuando dijo textualmente: “El dinero público no es de nadie”. Menuda sandez.  Quizás esta teoría explique o justifique en qué se gastaron los 680 millones de los ERE de la Junta de Andalucía. A saber.

Ante todo lo expuesto, hay un concepto que en otros países la ciudadanía tiene muy clara y que en España podríamos decir que ni existe. Un ciudadano francés, alemán, inglés, entre otros, son conscientes de que los políticos son asalariados del pueblo y que dichos políticos están al servicio del pueblo. En democracia, el poder emana del pueblo y este lo delega en el político en calidad de gestor del Estado. En España, la direccionalidad es inversa: el ciudadano está al servicio del político. No es difícil encontrar españoles que manifiestan: esto lo paga el gobierno o este servicio público es gratuito. No tienen claro que el dinero de las arcas del Estado sale del bolsillo del contribuyente cuando paga sus impuestos tanto directos como indirectos.

Los viajes del Falcon con amigos o sin amigos de Pedro Sánchez, las vacaciones en el Palacio de las Marismillas con o sin invitados, los sueldos de todos los políticos, que se autoimponen, al libre albedrío, sus dietas, los coches oficiales y demás gastos, corren a cuenta del ciudadano de a pie, que con su trabajo paga los impuestos. Por este motivo, la transparencia de los gastos y acciones de nuestros gobernantes debe ser total y sin límites, más aun con el volumen de escándalos de corrupción política que hemos venido conociendo en los últimos tiempos.

Pedir transparencia desde la oposición y, luego, cuando se está en el poder, negar dicha transparencia y ocultar información a la ciudadanía, tiene nombre. Sobra escribir el adjetivo. El dinero público si que tiene propietario: se llama contribuyente y, por ende, tenemos todos los derechos de saber cuánto y en qué se está gastando. ¡Faltaría más!