El desprecio al socio presupuestario

Los expertos en la materia afirman que las leyes de presupuestos son leyes «adjetivas» por cuanto sólo ordenan números de gasto e ingreso sobre cuestiones ya decididas. En el gasto sólo confirman partidas de compromisos que no se pueden cambiar. Por ejemplo, no pueden cambiar las nóminas del personal estable, no pueden cambiar las partidas de los gastos plurianuales comprometidos en años anteriores y no puede negarse a pagar el servicio de la deuda (el pago de los intereses pactados y la devolución de la deuda que vence a lo largo del año).

Con el ingreso ocurre lo mismo. Para que una ley de presupuesto pueda alterar sustancialmente las cifras de ingreso tiene que cambiar a fondo las leyes que regulan los impuestos de donde procede la recaudación o, en el caso de las comunidades autónomas españolas, cambiar su ley de financiación donde se determina su participación en los tributos que gestiona la Agencia Tributaria.

Lo anterior explica la estridente afirmación de que, cuando comienza a negociarse el presupuesto, la mayor parte ya está decidido y es inalterable. Es, de esa forma, una ley adjetiva de decisiones de ingreso y compromisos de gasto previamente tomados.

Es cierto que cuando la aritmética parlamentaria es compleja, las leyes de presupuestos se convierten en cajones de sastre y a ellas se suman una «ley de acompañamiento» que sirve para modificar alguna partida de gasto y alguna norma fiscal. En el segundo caso nunca se trata de reformas de calado pues el tiempo de negociación presupuestaria es frenético y la arquitectura legal ahora refuerza la exigencia de disponer de informes de impacto de reformas fiscales antes de aprobarlas. Con las enmiendas de gasto suele ocurrir algo parecido, son acuerdos redactados sin detalle y groseramente desde un punto de vista del Derecho. Por ejemplo, yo he leído enmiendas aprobadas a propuesta de EH-Bildu mediante las que se destinan unos 1.000 millones de euros a la promoción del euskera por los ayuntamientos, así sin más detalle.

En el caso de los presupuestos de Andalucía para 2022 hay también mucho de lo que antes se ha escrito pero también detalles que ayudan a interpretar lo que va a pasar. Algunos de los más importantes son los siguientes. La semana pasada se aprobó la Ley de Tributos cedidos por la que se rebajan los impuestos sobre los que la región tiene competencias en 323 millones de euros. También y no menos indicativa ha sido la aprobación del proyecto de ley de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía que supera así el debate de totalidad al rechazar la enmienda que presentó el Grupo Socialista. Estas dos medidas «sustantivas» aprobadas previamente a la ley «adjetiva» del presupuesto han salido adelante con los apoyos de PP, PSOE y Vox. En definitiva, el posible apoyo del PSOE, que tanto espacio ha ocupado en los medios de comunicación, se ha traducido en la nada a la hora de la verdad. La mayoría con la que cuenta hoy el gobierno de coalición de PP y Cs sigue siendo la misma que al comienzo de la legislatura. Siguen dependiendo del apoyo de los diputados de Vox, formación a la que siguen desairando a coste cero.

El último desaire ha venido de la mano del programa educativo «1492: Un nuevo mundo» aprobado para toda la legislatura en el acuerdo de los primeros presupuestos. A pesar de que en la Comisión de Educación los representantes de Vox arrancaron el compromiso del consejero Imbroda para adelantar la programación del mismo dado que coincide prácticamente con la vorágine de inicio de curso, nada se ha hecho. Otra más.

Los presupuestos para 2022 tienen de novedad la inyección de los fondos del Next Generation-EU que ni son la panacea ni son despreciables. La mayoría parlamentaria para sacarlos adelantes sigue siendo la misma. El desprecio al «tercer socio», también.