Cinco días en Educación

El día 23 de noviembre de 2020 la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía clausuró unas jornadas sobre el Plan Estratégico de Evaluación Educativa para el periodo 2020-2022. Participaron ochenta y cinco personas entre inspectores educativos, docentes, directores de centro y representantes de las familias. Siete días más tarde (cinco si sólo se cuentan los que fueron laboralmente hábiles) la misma Consejería publicó una resolución convocando el curso de formación para quienes aspirasen a ser directores de centros educativos. El anexo III de esta resolución incluía un detallado programa que tenían que seguir los aspirantes. En definitiva las recomendaciones de los expertos en evaluación de la calidad educativa que finalizaron su participación el 23 de noviembre no se tuvieron en cuenta en el programa formativo de quienes aspiraban a dirigir los centros educativos. Si en cualquier ámbito de la Administración Pública es un mal resultado la desconexión entre los expertos y los gestores, en la Consejería que tiene encomendada la promoción del aprendizaje, resulta especialmente grave.

Los expertos coinciden en señalar la excesiva burocratización como una de las losas que obstaculizan la mejora en la calidad de la enseñanza. Como profesor universitario doy también fe de que cada vez es mayor el tiempo que tenemos que robar a la preparación de las clases o a nuestras familias para asumir más tareas administrativas que no por estar digitalizadas, dejan de exigirte tiempo. Un ejemplo, aunque extremo, puede servir para ilustrar esta situación. Resulta que una de las funcionarias de la Consejería telefoneó a un director para reclamar que no había subido uno de tantos formularios a la aplicación Séneca (herramienta informática que la Administración usa para el seguimiento de los centros). El interpelado, pidiendo disculpas por el retraso, señaló que aún estaba recorriéndose chabolas e infraviviendas para matricular a los niños.

Por supuesto que esta acción heroica convive con la de profesionales del escaqueo. El colectivo docente es tan amplio como variopinto, pero el problema radica en que el sistema no tiene mecanismos de expulsión de los caraduras. Tampoco dispone de reconocimientos suficientes para los excelentes. De aquí la necesidad de regular una carrera docente, que debiera ser compartida en el conjunto del Estado, en la que los docentes que acrediten buenos méritos puedan obtener menciones e incrementos salariales. Por ejemplo, supongamos que se establece la mención «Joaquín Costa» para aquellos que acrediten unos buenos resultados. Quienes obtuviesen esta mención deberían verse favorecidos en los concursos de traslado, en su sueldo y, por supuesto, en prestigio profesional.

Precisamente este es el segundo problema que plantearon los expertos a la Consejería cinco días hábiles antes de que publicase la resolución mencionada; falta cultura de evaluación en los profesionales y en los centros. Sin duda someterse a examen conlleva refractariedad salvo para los más decididos, pero no tiene sentido que bloqueen los procesos de evaluación al profesorado y a los centros precisamente quienes se dedican a evaluar a los alumnos. Aunque todo indicador de medición de calidad es –como cualquier obra humana– mejorable existe evidencia científica abundante para ponderar los resultados de quienes realizan sus laborales en entornos difíciles como el director que desatendía Séneca por escolarizar a los habitantes de las infraviviendas.

La falta de estabilidad de la normativa es otro de los problemas del sistema educativo andaluz según señalan los expertos en el documento resumen al que se puede tener acceso en la propia web de la Consejería. Desde 1980 España ha conocido ocho reformas educativas. Los grandes partidos dejaron que el nacionalismo envenenara la Educación. En lo que el profesor Rafael Arenas denuncia como «nos hemos descentralizado por encima de nuestras posibilidades», hay que reconocer que hoy en día, los alumnos españoles tienen unas opciones de acceso a carreras universitarias muy diferentes según la dureza de la prueba de acceso de su comunidad autónoma. El sueño o la frustración profesional depende muy mucho de la ausencia de una prueba única de acceso a la Universidad para toda España. En la misma línea, expertos como el profesor Antonio Jimeno reivindican pruebas de nivel homogéneas en todo el Estado. Esto permitiría replicar los sistemas que mejor funcionan y centrar los esfuerzos, humanos y materiales, donde más se necesitan.

Para todo ello se requiere que entre las recomendaciones de los expertos y la redacción de las normas haya, además de una escucha activa de los primeros, un tiempo de maduración razonable. Un tiempo mayor que cinco días hábiles.