El error Andalucía-Valencia

Casi al mismo tiempo en que la ministra de Economía, Nadia Calviño, reivindicaba en la Facultad de Económicas de la Universidad de Sevilla el éxito de la Unión Europea actuando como única central de compras de vacunas anti covid, los presidentes de Valencia y Andalucía firmaban una declaración institucional pidiendo más fondos autonómicos. Centralización y descentralización administrativa son dos términos cuyas virtudes se invocan a beneficio de inventario y con frecuencia con muy escaso rigor.

Esa falta de rigor es la que impregna los once puntos que conforman la declaración institucional de los presidentes regionales de Andalucía y Valencia. Como mi afirmación es fuerte, me obliga a fundamentarla sólidamente. Sea pues.

El documento reitera la diferencia entre los fondos que manejan los territorios forales (las tres provincias vascas y Navarra) y el resto de regiones que funcionan bajo el denominado «régimen común». Una reiteración sin duda cínica, pues ni el partido del señor Moreno ni el partido del señor Puig se han atrevido jamás a desmontar el sistema de financiación foral. Un desmontaje que, en buena medida, no requeriría mayor reforma que la de establecer un mecanismo transparente para determinar la contribución de estos cuatro territorios a los que tienen menor capacidad recaudatoria, así como un mecanismo también transparente para calcular el pago por los servicios que la Administración General del Estado sigue prestando allí.

Los presidentes de Valencia y Andalucía culpan en buena medida de la escasez de fondos a la falta de capacidad normativa sobre los impuestos indirectos. Hablando en plata están reivindicando la capacidad para modular el IVA por parte de las comunidades autónomas, una capacidad de la que ni siquiera disponen los privilegiados territorios forales. Bien, tamaña barbaridad acabaría por distorsionar la unidad de mercado interior estableciendo tipos de IVA diferentes según regiones. A partir de ese momento, las plataformas digitales de venta se situarían en las regiones con menor tipo impositivo de IVA y desde allí venderían al resto de españoles.

Dos comentarios más. El primero es la sonrojante reivindicación de la imposición medioambiental como vía para aumentar los ingresos autonómicos. Sonrojante no sólo porque esa posibilidad ya está en manos de los gobiernos regionales sino porque, en el caso de Andalucía, los impuestos ecológicos no llegaban a recaudar ni siete millones de euros en el último año prepandemia. Eso sí, la imposición ecológica es una letanía o mantra que siempre adorna cualquier declaración de este tipo, naturalmente sin consecuencias prácticas.

Por último, la declaración acierta cuando denuncia la falta de transparencia en las reglas del sistema de financiación vigente desde 2009, pero esa falta de transparencia también existe en todas las cifras que se usan en el argumentario de la declaración pues en ningún caso se remite a su procedimiento de cálculo.

La declaración afirma solemnemente que «el conjunto de las comunidades autónomas requiere más financiación». Bien, valdría decir también: «El conjunto de las administraciones municipales requiere más financiación»; «el conjunto de la Administración General requiere más financiación» y, por supuesto, «el conjunto de la Administración de la Seguridad Social requiere más financiación». Según desde donde se hable sólo hay que cambiar el sujeto de tan solemne afirmación para tener que concluir finalmente algo así como: «Al conjunto de los ciudadanos y empresas hay que exigirles más impuestos para lograr más financiación para todas las administraciones públicas».

La reivindicación de Valencia y Andalucía aporta acaso el echar agua al vino del protagonismo de Cataluña; una especie de déjâ vu del café para todos con el que nos quiso distraer durante décadas de un muy desafortunado desarrollo del Título VIII de la Constitución que nunca contentó a los que hicieron del agravio su extorsión fiscal permanente al resto de españoles.

Mientras que la pandemia nos ha dejado pruebas evidentes de la necesidad de afrontar grandes problemas de manera conjunta, como la propia ministra Calviño recordaba, el falso axioma de que cualquier servicio público está mejor gestionado en manos autonómicas, sigue asomando en el ánimo de documentos como el que comentamos. Hoy, los estudiantes españoles tienen oportunidades universitarias diferentes dependiendo del tribunal regional que les puso la prueba de acceso de la Universidad. Es sólo un ejemplo de que no podemos abandonar la necesidad de rediseñar el mapa de competencias entre administraciones públicas. No podemos empobrecer lo que nos hace fuertes. La descentralización descoordinada nos debilita en la calidad de muchos servicios públicos. Seguir apostando por pedir más y más dinero para este modelo es un error.