La ley, el orden y las galletas.

La letra pequeña de los contratos contra la que hemos sido tradicionalmente advertidos se ha convertido en minúscula grafía. Ahora son letras muy pequeñas sobre las que deslizamos el dedo sobre la pantalla hasta llegar al «aceptar» y descargar la nueva aplicación que hemos instalado en nuestro dispositivo. Con más rapidez aún elegimos la opción de aceptar todas las «cookies» –galletas en inglés– para seguir visitando la web a la que hemos accedido.

Salvo los más jóvenes, la mayoría ignoramos la recomendación del Centro Criptológico Nacional de utilizar el «modo incógnito» para visitar los contenidos que nos sirven para leer las noticias, recabar información, hacer compras o, simplemente, pasar el tiempo. Somos conscientes de que en ello va parte de nuestra privacidad pero no nos importa. Aceptamos que el análisis de las galletas o «cookies» nos adorne las redes sociales con contenidos relacionados con nuestras búsquedas.

Hay racionalidad y también irresponsabilidad en aceptar las «cookies» irreflexivamente. Irracionalidad porque los ataques con «malaware» están cada vez más extendidos. Racionalidad porque entre el riesgo de ser infectados y el interés por acceder a contenidos de forma gratuita, nos decantamos en favor de lo segundo. Es también racional porque hay todo un orden legal en cuya protección difusa confiamos. Existe la ley y el orden para hacerla cumplir.

De alguna manera pensamos que alguien habrá diseñado un marco legislativo que ponga coto al uso de las galletas o «cookies» de forma que se usen para que las empresas vendan más metiéndonos sus productos por los ojos una vez que hemos desvelado nuestras preferencias. Confiamos en que los posibles abusos sean perseguidos por no se sabe quién pero, en definitiva, tenemos una sensación vaporosa de sentirnos seguros. Confiamos en el imperio de la ley y en un orden legal que vela por la protección de nuestros derechos aun cuando somos tan irresponsables de aceptar todas las galletas. Es esta sensación la que nos hace entrar en una aplicación con la serenidad de quien entra en un comercio o realiza un pedido a través de una plataforma on line. Sin esa confianza no habría comercio. Sin esa confianza tendríamos que entrar en cualquier tienda –física o virtual– con la insoportable prevención de que nos van a engañar en cualquier momento. La ley y el orden, como tantas cosas, sólo se valora cuando se pierden.

Valorar ese estado de cosas no es deificar el «statu quo» social. No es plegarnos al fin de la Historia de Francis Fukuyama. El orden legal se ajusta con el tiempo, se adapta a los nuevos requerimientos –por ejemplo este de las «cookies»– y se da por bueno cuando consideramos que, aun mejorable, nos procura el confort de entrar en la tienda con la percepción de que lo más probable es que no nos engañen. Naturalmente no a todos convence ni la ley ni el orden vigentes. El vicepresidente Iglesias, buen conocedor de las tesis de Ernesto Laclau, sabe que el poder judicial es un elemento esencialmente conservador en un sistema democrático. También lo saben los que desde su partido están respaldando los disturbios callejeros a raíz del encarcelamiento del rapero Pablo Hasel. Saben dónde golpean.

En línea con lo anterior, Francisco Javier Martín, ex asesor de Seguridad de la Generalidad catalana, preguntaba a sus lectores hace unos días ¿se imaginan a un consejero de Interior de las CUP al frente del Cuerpo de Mossos d’Esquadra? Sólo en el contexto de una Barcelona con altercados callejeros cada noche han salido los empresarios a pedir el restablecimiento de una ley y un orden cuya vulneración no pocos de ellos hasta hace poco consentían o financiaban a fin de congraciarse con el procés.

Se es irresponsable cuando se miente afirmando que las protestas callejeras se deben a la respuesta contra el encarcelamiento de un rapero. Se es inaceptablemente irresponsable cuando se hace desde el gobierno.

La Ley y el orden en los países sólidamente democráticos como España son el resultado de un proceso de modulación durante décadas que en algún momento tuvo como punto de partida la defensa privada de los derechos de cada cual. Las sociedades han tardado siglos en confiar el monopolio del orden a los poderes públicos. Unos poderes públicos sometidos también al contra poder judicial.

Si ahora hay quien se reivindica como opción política defensora de la ley y del orden será por el espacio libre que han dejado todos los que en estas décadas respondieron eliminando los delitos para contentar a los que rompían escaparates, manchaban el honor o promovían un golpe de estado. Si ese espacio queda vacío es posible que dejemos de bajarnos confiadamente aplicaciones en el móvil o acabemos entrando en cualquier tienda con tanta prevención ante un posible engaño que apenas compremos. Entonces, sólo entonces, resultará que las algaradas ya no se ceben rompiendo escaparates. Simplemente, porque no haya tiendas.