Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la errónea cancelación de la prosperidad

Si algún documento hay que marca la corrección política de los últimos años sobre la dirección hacia la que deben caminar las relaciones económicas, sin duda es la resolución 70/1 de la Asamblea General de la ONU de 25 de septiembre de 2015. En ella se establecen los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Este documento determina la denominada Agenda 2030 pronunciada habitualmente como concatenación de las dos decenas siguiendo el modelo de inglés norteamericano. Es la fecha central en la que deben alcanzarse la mayoría de los objetivos.

La lista de ODS no es únicamente un programa de contenido económico, pero sí principalmente por cuanto aborda las graves inequidades en el reparto de la renta mundial, la presión del sistema productivo sobre los recursos naturales y la calidad del medio ambiente o los modelos de consumo. Los problemas que subraya son evidentes, y la propia naturaleza del documento, así como la institución que lo impulsa, hacen que resulte difícil encontrar graves fisuras. Además, si se presentan objeciones a este o a cualquier otra agenda dominante, se corre el riesgo de ser víctima de la denominada cultura de la cancelación que promueve retirar el apoyo a personas o empresas como consecuencia de determinados comentarios o acciones, particularmente cuando van contra el pensamiento mayoritario.

Sobre esto último, para una parte de los aproximadamente mil millones de cristianos que pueblan el planeta, resulta de interés conocer la valoración de las iglesias de la Agenda 2030. Hay una parte de cristianos, difícil de cuantificar, para la que resulta desconocido o indiferente lo que diga la jerarquía eclesiástica pues su Fe y praxis están desacopladas por diferentes razones de los pronunciamientos oficiales. Voy a centrarme pues, en el ángulo de aquellos cristianos para los que estos pronunciamientos son relevantes.

Como católico pondré el foco en esta parte del universo cristiano. La reacción pública de la Santa Sede al documento de los ODS se conoció un año después de su aprobación mediante una carta de monseñor Bernardito Auza observador permanente del Vaticano en la ONU y actual nuncio en España. En su carta, la máxima autoridad católica expresaba su interés en el eficaz cumplimiento de los ODS (este era el mensaje principal que transmitía), pero también sus reparos en torno a algunas cuestiones que no compartía o que consideraba peligrosas. Todas estas últimas cuestiones son esenciales para un católico (la reivindicación de la institución de la familia, del derecho a la vida, de la diferencia natural entre el hombre y la mujer, de la dignidad humana a partir de la trascendencia o de la sacralidad de la naturaleza), pero ninguna abordaba la perspectiva económica de la Resolución de la ONU que hoy lucen en la solapa o en sus prendas de vestido casi todos los servidores públicos.

La Agenda 2030 presta una atención muy limitada a la generación de riqueza, a la prosperidad. Únicamente aborda esta cuestión directamente en los objetivos 8 y 9. Quizá, y con una mirada flexible, podría contemplarse también en parte de los objetivos 12 y 17 pero, en el resto, el documento que marca la corrección política de las relaciones económicas se centra en la distribución de una riqueza que da por garantizada y que, además, es posible seguir obteniendo pero en procesos desmaterializados, esto es, con un uso progresivamente menor de materias primas.

La respuesta de la Iglesia católica tampoco se plantea incertidumbre alguna sobre la capacidad de la Humanidad para generar permanentemente riqueza, sino que también carga sus exigencias en aquellas partes de la doctrina social de la Iglesia no compartidos por la teoría económica dominante, en palabras del economista Luigi Pasinetti. Estos requerimientos entroncan con I) la opción preferencial por los pobres y II) el escándalo por las disparidades hirientes. Es como si la motivación humana hacia la prosperidad de la que tanto se ocupase san Agustín hubiera sido completamente cancelada por una única motivación que sólo actúa a partir de incentivos egoístas para personas y empresas y que, además, son inequívocamente lesivos para el bien común.

Es aquí donde se nuclea otra de las importantes limitaciones de la contestación actual al pensamiento económico únicamente distributivo de la Iglesia en línea con los ODS. Me refiero al abuso del concepto de bien común tan a menudo invocado para referirse al estadio de naturaleza ideal al que cualquier persona desearía llegar siguiendo el enfoque de situarse «tras el velo de la ignorancia». Un enfoque que nos pregunta: en qué mundo desearía usted vivir sin conocer a priori ni el lugar en el que viviremos, los genes que recibiríamos, la familia que nos acogerá, etc.

Con lamentable frecuencia se invoca el bien común como una arcadia feliz en la que habrá una distribución precisa, justa e incontestada de riqueza que permita la satisfacción de necesidades compatible con la dignidad de cada persona. No existe por imposible tal definición del bien común. La propia doctrina social de la Iglesia (otro término manoseado) define al bien común en la constitución apostólica Gaudium et Spes como un marco de relaciones sociales, pero no como una solución distributiva exacta. Así, el bien común «(Es) el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección» (GE, 26).

En ese marco de condiciones sociales ideal (bien común) es donde hay que hacer compatibles las conductas individuales que responden a los incentivos y a nuestras preferencias, con aquellos comportamientos que van contra el interés colectivo. Son precisamente las buenas instituciones las que permiten conciliar el interés individual y el general. Pero las instituciones no pueden anular los incentivos individuales hacia la prosperidad. Especialmente porque sin esfuerzo, talento y prosperidad no habría espacio para el desarrollo económico distribuido. Ni para la distribución que nace de la conciencia moral individual ni para la que se deriva de la colectiva a través de las instituciones de los estados.