Para muestra...

En el nº 479 de Desde la Puerta del Sol, en el artículo titulado Por las malas o por las malas, nos referimos a la implantación y a la imposición ⎼por una u otra vía⎼ del pensamiento único, de la ideología oficial y de una censura tácita que, en la práctica, se manifiesta sumamente rigurosa por parte de los grupos políticos que dominan en los órganos de poder o de los afines a ellos. Hoy vamos a hacer alusión a algunas muestras o ejemplos de este proceder.

Pero esto no es atribuible solamente a una izquierda radical, puesto que, por ejemplo, en tiempos de Cristina Cifuentes, del Partido Popular, como presidenta de la Comunidad de Madrid, se promulgaron la Ley 3/2016 de 22 de julio y el Acuerdo de 17 de noviembre del Pleno de la Asamblea de Madrid sobre protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual de la Comunidad de Madrid, a cuya lectura y sosegado análisis nos permitimos remitir a quienes tengan interés por el tema.

E, incluso, ataques a personas, colectivos, recuerdos y hechos históricos, de vivos o de muertos, relacionados con quienes participaron en la Guerra Civil en el bando nacional, son tolerados cuando no apoyados o jaleados, como ha ocurrido el pasado 18 de julio cuando el colectivo independentista catalán Acció per la Independencia profanó la cripta de Montserrat dedicada al Tercio de Requetés que ostentaba esa denominación y destruyó los símbolos y quemó los emblemas que le servían de ornamento. ¿Qué ocurriría y cuáles serían las reacciones si la profanada hubiera sido la tumba de Lluis Companys?

El presidente del Gobierno, al tener lugar los relevos ministeriales del presente mes de julio afirmó que los objetivos del nuevo gobierno eran la recuperación y el feminismo. Y la vicepresidenta Yolanda Díaz sostiene que hay que sustituir la expresión «patria» por «matria». Lo grave es que estas cosas calan en la sociedad y hay gente las asimila por convicción, fruto, frecuentemente, del adoctrinamiento, o por papanatismo, que no sabemos qué es peor.

Como sosteníamos en el artículo anterior, por lo general, afirmaciones tan rotundas como esas, hechas por unas personas con esas altas responsabilidades, no suelen ser oportunamente cuestionadas ni rebatidas.

Existe una propuesta, y no sé si ya está decidido, para que los premios nacionales de Investigación dejen de denominarse Ramón y Cajal, Menéndez Pidal o Gregorio Marañón. O lo que es lo mismo, ya no irán acompañados de los nombres de científicos y humanistas ilustres como los citados ¿por tener nombres masculinos?

Hace escasas fechas Twitter cerró su cuenta al matador de toros Morante de la Puebla por poner en esta red un vídeo de la corrida que había toreado. ¿Respeto a la libertad de expresión y de elección de qué se quiere ver y qué no cuando hay páginas, por ejemplo, de la pornografía más cruda a las que hasta los menores pueden acceder libremente?

La Junta de Extremadura había vetado, de alguna manera, la actuación de Plácido Domingo en el Teatro Romano de Mérida al apartar a la Orquesta de Extremadura de esta actuación, presionados, presuntamente, por el grupo Unidas por Extremadura. Al final, la Orquesta Filarmónica de España decidió acompañar al tenor en ese concierto. Veremos si no encuentran alguna forma de boicotearlo quienes no aceptan un no por respuesta, pese a acérrimos partidarios, para otras cosas del «no es no».

Basta con ser víctima de una acusación, aunque no siempre pueda ser demostrada, para ser proscrito de cualquier actividad pública, desde la política hasta las artes.

En aras del pensamiento único y de la ideología oficial, se hacen propuestas tan sorprendentes como la de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, que ha anunciado su intención de promover una modificación del Código Penal para que se permita introducir como agravante «el daño o la amenaza que se ejerza sobre animales hacia una persona con la que se haya tenido una relación de afectividad y específicamente en casos de violencia machista».

La ministra de Igualdad, Irene Montero, invierte una sustanciosa cantidad del erario público para colocar un cartelón que casi cubre la fachada del edificio para pregonar el «Orgullo de todos, todas y todes». ¿Estará pretendiendo implantar al bable como lengua oficial del Estado?

Al amparo de cuanto antecede, se observa un relajamiento en la asunción de responsabilidades y en la observancia de las normas y del deber. Nos parece que una muestra de ello la hemos tenido cuando, ante las medidas preventivas establecidas para la contención y erradicación de los contagios del «maldito bicho» el ministro de Universidades, Manuel Castell, considera «poco realista» e «injusto» que los jóvenes sigan encerrados en sus casas y no hagan fiestas de final de curso, como se ha visto a lo largo de los meses de mayo a julio y que la solución «es vacunarlos, no discursearlos». Buena medida es, sin duda, la vacunación, pero tampoco es lo es mala el intentar persuadirles, con argumentos razonables, de los riesgos que, para ellos y para quienes les rodean, tienen ciertos comportamientos irreflexivos e, incluso, irresponsables. Mientras tanto, en el fin de semana del 17 al 19 de julio se han producido nada menos que 61.628 nuevos contagios, según los datos oficiales.

Otra cosa que nos inquieta y preocupa sobremanera, en este contexto, es el tratamiento que, aún desde altos estamentos del Estado, se está dando a la Justicia y a los órganos jurisdiccionales que conducen a su desprestigio, a la infravaloración de su naturaleza y de sus funciones y que, entre otros efectos y según nuestro modesto entender, está socavando el prestigio de la institución, desvalorizándola en sus funciones, potestades y atributos y llevando a una sensación de franca impunidad ante la comisión de cualquier tipo de delito.

En los últimos tiempos hemos tenido sobrados ejemplos de cuanto aquí se apunta y que se ha traducido en objeciones y abiertos rechazos a las resoluciones y sentencias de los tribunales, sobre todo si afectan a las personas o instituciones afines a esta doctrina del pensamiento único.

Uno de ellos es la respuesta que, por parte del Gobierno ha tenido la sentencia del Tribunal Constitucional en relación con la implantación del estado de alarma, cuestionada desde el mismo ejecutivo y por parte de algunos miembros del legislativo, con manifestaciones que dañan la función de los magistrados y llegando a extremos como la presión ejercida por la entonces vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, a tres miembros del alto tribunal, el conservador González Trevijano y las progresistas Mª Luisa Balaguer y Encarnación Roca. O de la misma ministra de Justicia, Pilar Llop, que, según opinión de los propios jueces, «ha puesto en duda la legitimidad del Poder Judicial» y que con las críticas al Tribunal Constitucional se produce un «cuestionamiento continuo de las instituciones». Mientras tanto, el Gobierno quiere llegar al control del CGPJ.

Ha sido sobradamente criticada, por parte de las personas y desde sus correspondientes formaciones políticas, la ratificación de la condena a 19 meses de reclusión impuesta a la exportavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid Isa Serra por un delito de atentado, lesiones y daños a una policía municipal en enero de 2014.

Otro caso sonado fue el de Rita Maestre, de Unidas Podemos, condenada y que no renunció a su cargo en el Ayuntamiento de Madrid, comportamiento que exigen a los partidos de distinto signo, que fue absuelta por un juez, a la sazón secretario de una fundación que había recibido ayudas del consistorio, apoyándose en la benevolencia del arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, que la perdonó cuando fue a pedirle disculpas.

Esa sensación de impunidad la hemos apreciado en otros casos extremadamente graves, como la muerte por apuñalamiento por la espalda en Madrid de un joven rapero a manos, al parecer, de un grupo perteneciente a una de esas que denominan «bandas latinas». Habrá que tener cuidado con la forma en que nos podamos referir a ellos so pena de ser acusados de racistas o xenófobos.

Un enfermero es brutalmente agredido en el Metro de Madrid por un individuo al que le había pedido que se cubriera con la obligatoria mascarilla. Comete la agresión y sale tranquilamente del vagón profiriendo insultos contra el agredido. Felicitación a la labor de la Policía que le ha detenido a los pocos días. Veremos si acaba en prisión o en «libertad con cargos».

Se aprovecha la bárbara agresión con resultado de muerte a otro joven en La Coruña para, antes de que la Policía y la Justicia esclarezcan y determinen el motivo de la agresión, vincularla a la causa del colectivo conocido como LGTBI y, aun desoyendo las peticiones del propio padre de la víctima, organizar manifestaciones que, en el caso de Madrid, acabaron en algaradas y agresiones a la Policía la cual se vio obligada a restablecer el orden.

Actuación de la Policía que también se vio cuestionada por las formaciones de izquierda, que la acusaron de tener una respuesta diferente dependiendo de quienes fueran los componentes del grupo protestante. Como si fuera lo mismo dar vueltas pacíficamente en una calle con la bandera de España en las manos que atacar a la Policía con piedras y otros objetos contundentes.

Claro que estas mismas personas se cuidaron muy mucho de calificar la actuación de la Policía cubana durante las movilizaciones y manifestaciones del pasado mes de julio.