¿Quién va a defender a los benedictinos del Valle de los Caídos?

Si Dios no lo remedia, esta semana (19/JUL/2021) se aprobará la enésima ley inicua del gobierno de Pedro Sánchez, la Ley de Memoria Democrática. A partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos entra en un proceso de disolución.

Pero esto no es lo más grave. Lo más relevante de esta historia es que los benedictinos tendrán que hacer las maletas. El arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro, ha aceptado el acuerdo con el gobierno para que la basílica de El Valle no se desacralice a cambio de la salida de la comunidad benedictina. Hacía tiempo que Osoro se la tenía jurada al prior, el padre Santiago Cantera. Ha llegado el día de cobrarse su presa.

Lo ocurrido con la exhumación de los restos de Francisco Franco hizo que las relaciones entre la dirección de la comunidad benedictina y el arzobispado de Madrid se complicaran. Fiel a sus principios, el cardenal Osoro se alió desde el primer momento con el gobierno y dejó a su suerte a la familia Franco y a los benedictinos. En esa cruzada a favor de la dignidad de la abadía solo dio la cara el prior de la abadía, el padre Santiago Cantera, apoyado por el anterior abad, el padre Anselmo Álvarez Navarrete.

Osoro movió todos sus hilos. Ofreció en Roma versiones distorsionadas sobre el papel de esa comunidad, hizo gestiones con el abad general de los benedictinos, impuso el silencio en la Conferencia Episcopal.

Durante el proceso de persecución a los benedictinos, el interlocutor por parte del gobierno fue el actual ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que se destacó por hacer que Osoro comiera en sus manos.

Bolaños, en unas recientes declaraciones al diario El País, decía estos días que  “el complejo se va a resignificar. No puede ser un monumento que haga apología de una dictadura. La dignidad de la democracia pide que se resignifique”. ¿Qué quiere decir esto?

Que el arzobispo de Madrid, en vez de dejarle claro al gobierno lo que es una abadía, una comunidad de benedictinos, la oración por los españoles y el significado de la cruz, ha garantizado que los benedictinos se irán por la puerta de atrás. La Iglesia abandona a los benedictinos y se dedica a preparar a los que van a sustituirles, la Comunidad de Sant'Eigido, a la que pertenecen eclesiásticos como el enterrador del Instituto Juan Pablo II para la Familia, Vicenzo Paglia.

Ahora Osoro, con su afán de agradar a Roma, está ultimando el aterrizaje de Sant'Égidio en la basílica de El Valle de los Caídos. Allí, los de Sant'Egidio, son capaces de crear un centro de internacional para la mediación en conflictos, entre otras originalidades siempre deudoras de la política de izquierdas y globalista. A cambio, el templo seguirá abierto y no se dinamitará la cruz. De momento.

Aunque la comunidad benedictina se arme de paciencia jurídica y plantee la batalla jurídica por la defensa de sus derechos, y su buen nombre, y pida que se haga justicia con el servicio que han prestado en ese lugar sagrado de reconciliación entre los españoles, estarán solos. Excepto la ayuda de unos pocos fieles seguidores, aglutinados en torno a la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos. ¿Quién va a defender los derechos de los benedictinos y pedir una reparación por la injusticia de su salida, que no reconoce los frutos de su presencia histórica? El silencio de la Conferencia Episcopal, sus excusas con la insistencia en que éste es un tema de Madrid, es elocuente. ¿Quiénes se han pasado al otro bando? ¿Algún obispo dirá algo?

No es la primera vez, ni, suponemos, será la última en la que Osoro y los suyos trabajan para lo que no parecen amigos de la Iglesia.

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