La pretendida apropiación de Patxi López. Sanidad y protección social

No hace muchos días el ahora presidente de la Comisión para la reconstrucción, señor, atribuía sin pudor el éxito del sistema de protección social y sanitario de los españoles a la labor de los gobiernos del Partido Socialista.

Su tuit no pasaría de ser un desahogo panfletario –y no en el sentido de Voltaire– sino fuese porque la web oficial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en el apartado de Historia de la Seguridad Social, también usa un relato sesgado y abiertamente tendencioso en la narrativa de la construcción de un patrimonio que corresponde a todos los españoles.

Allá la derecha política empecinada en ignorar que su principal problema electoral es prepolítico y resultado de su rendición en la batalla cultural. No me corresponde a mí inmiscuirme en semejante fangal, pero sí contribuir a reivindicar para todos los españoles lo que efectivamente es un patrimonio común que conviene cuidar por encima de coyunturas políticas.

Efectivamente, entre la Ley de Accidentes de Trabajo de 1900 sancionada por la reina regente María Cristina, la creación del seguro de desempleo en la II República, la Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963 y la Ley General de Seguridad Social de 1966, impulsadas por los falangistas, o el Pacto de Toledo de 1995, hubieron cuatro regímenes políticos que muestran a las claras que los hitos del sistema de protección social español tienen muy diferentes marcos políticos de nacimiento aunque todos han supuesto una mejora progresiva similar a la del sistema sanitario.

Por más que se empeñe el señor López en apropiarse de lo que es de todos, la esperanza de vida al nacer en España no muestra un punto de quiebra de tendencia tras la entrada en vigor de las leyes socialistas de la Ley General de Sanidad de 1986 o el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social de 1994. No hay un punto de quiebra hacia la mejora a partir de la entrada en vigor de esas leyes incluso admitiendo como tal la segunda que sólo es un texto refundido.

Con los datos del Banco Mundial en la mano, la esperanza de vida en España muestra una clara y sostenida subida desde 1960 hasta la actualidad. España pasó de una esperanza de vida de 69,1 años en 1960 a 83,3 años en 2018. A mayor abundamiento, la evolución y valores de este indicador clave de calidad de vida son absolutamente análogos a los registrados en países con regímenes políticos diferentes como Francia e Italia.

Aún es posible ampliar el ángulo de visión revisando los datos para todo el siglo XX. Para ello es muy útil el trabajo de Francisco José Goerlich Gisbert y Rafael Pinilla Pallejà, “Esperanza de vida en España a lo largo del siglo XX” publicado por la Fundación BBVA.

Todas las décadas del siglo pasado a excepción de una muestran un aumento en la esperanza de vida al nacer pero, naturalmente, no en todos los casos al mismo ritmo. Por ejemplo, en las décadas de los años diez y veinte, la esperanza de vida se mantuvo casi constante en los 41 años de edad. Estas son las dos únicas décadas para las que la esperanza de vida cae; probablemente debido a la pandemia de 1918.

La mejora más contundente de este indicador de la calidad de vida se registra entre 1940 y 1950 en los que se pasa de 50,10 hasta los 62,10 años. En conjunto, entre 1910 y 1998, la esperanza de vida al nacer pasó en España de 34,76 a 78,71 años; todo ello a través de cinco regímenes políticos diferentes. Por eso, nuestro sistema de salud y de protección social es un logro compartido y su apropiación partidista es inadmisible.

Reforzando lo anterior, en los últimos años y particularmente desde la aparición de la crisis financiera de 2008 en adelante, los datos de gasto corriente en sanidad per capita y de porcentaje del gasto sanitario sobre el PIB, muestran comportamientos erráticos que no se corresponden exactamente con el color político de los gobiernos.

Medido en dólares, el gasto sanitario corriente per capita cayó en los años 2009, 2010, 2012 y 2015 sin que hasta el momento se haya recuperado el nivel de 2.968 dólares registrado en 2008. Algo similar ocurre con el porcentaje que el gasto sanitario representa sobre el PIB, también cayó en los años 2012, 2016 y 2017. En definitiva, no permitamos el uso partidista del patrimonio común. Ni sería justo ni tampoco bueno.