Talento y bienestar.

La captación y retención de talento determina desde hace años la capacidad de crecimiento de empresas y sociedades. Es, además, parte de una visión global de las relaciones humanas y económicas en la que es muy baja la probabilidad de desarrollar la carrera profesional en el mismo lugar donde una persona se forma. Andalucía comenzó hace años con este tipo de estrategias a través de las becas «Talentia» pero buena parte de España les pone la traba del dominio de la lengua local. El resultado último es de una regresividad lacerante en el ámbito de la función pública.

Por ejemplo, supongamos que el sistema sanitario balear necesita reforzar algunas de sus especialidades médicas y para ello hace una llamada general para intentar atraer a los mejores especialistas poniendo a su alcance una remuneración competitiva, unos medios técnicos suficientes y un entorno climático de los más valorados del mundo. Todo se va al garete cuando el candidato –que tuvo conocimiento de la propuesta a través de una red internacional de profesionales– conoce el requisito de tener que acreditar el conocimiento de la lengua local, bien al inicio de aceptar el contrato o bien en un periodo limitado de unos tres años.

A lo anterior debe unirse que si al talentoso profesional le acompaña su prole, debe saber que tendrá que educarse principalmente en la lengua local. Por cierto que el estatuto de autonomía de Islas Baleares estableció, a propuesta del Partido Popular, que la lengua cooficial es el catalán en lugar de las modalidades lingüísticas del mallorquín, menorquín e ibicenco. Así lo recuerda el profesor Joan Pons en su brillante intervención en el curso de verano celebrado en las universidades Católica de Valencia y la Cardenal Herrera. El talento es universal, el acceso al mismo redunda en el beneficio colectivo mientras que espantarlo con localismos propios de un mundo medieval 4.0 es inequívocamente regresivo.

Sobre esta idea Madrid ha creado la oficina de promoción del español como puerta de captación de un talento en una comunidad de 580 millones de hablantes, con 23 países que lo tienen como lengua oficial, siendo la segunda lengua más empleada en Facebook y Twitter y también la segunda lengua diplomática en el mundo. Andalucía no ha sabido subirse a esta estrategia. Una enmienda presentada por VOX en el primer acuerdo de presupuestos del Gobierno del presidente Moreno Bonilla pudo ser el origen de algo similar a la oficina que ahora preside Toni Cantó en Madrid. No fue posible.

En la misma línea de oportunidad perdida de captar talento fue la iniciativa de trasladar la Agencia Europea del Medicamento desde Londres a Málaga tras la entrada en vigor del Brexit. El «procés» se llevó por delante la posibilidad de trasladarla a Barcelona pero el alcalde de Málaga promovió la candidatura malacitana como alternativa. La entonces presidenta de la Junta de Andalucía, la señora Díaz, se negó siquiera a recibirlo. La iniciativa era buena incluso para las finanzas de la Unión Europa pues el precio de los alquileres en Málaga era muy inferior a las otras alternativas.

Por último, el sistema universitario andaluz también tiene que resolver problemas que actúan como cuellos de botella a la captación de talento. Además del problema central de que los salarios ofrecidos son modestos si lo que se pretende es captar a grandes cerebros, está la tardanza en resolver los procesos administrativos. La Universidad de Sevilla acaba de ser testigo de un abandono de un candidato que, después de ganar un concurso para una plaza de este tipo, ha renunciado a la misma al dilatarse en el tiempo la resolución del recurso contra el resultado del concurso.

En definitiva, los departamentos de recursos humanos de empresas y administraciones públicas incorporaron recientemente las tareas de captación y retención de talento, especialmente después de cuajar la revolución industrial 4.0 en mitad de la cual vivimos a pesar de la covid-19. Las empresas privadas están liberadas de exigir el requisito de la lengua local pero, incluso así, los candidatos estarán obligados a someter a sus hijos a un proceso de inmersión lingüística en una lengua local y minoritaria. Las zonas de España que aún escapan de esa visión de las cosas –y ojo, que es generalizada en Galicia y avanza en Valencia y Navarra– tienen una ventaja comparativa que deben utilizar en aras de la calidad del servicio público y la equidad. Para el resto de España es claro que debe eliminarse el requisito de acreditar el conocimiento de la lengua local si lo que se quiere es atraer un talento que redundará en el bienestar general.