Tiempo cuajado de opiniones, manifiestos y debates. Los hay para todos los gustos. Se repite lo obvio bajo variados prismas visuales. O se busca proclamar la diferencia a partir de la mera estridencia. En otro tipo de elecciones el interrogante principal es a quién votar. En estas hay una pregunta previa: ¿merece la pena votar? Parece que mucha gente lo tiene en duda por lo que la abstención amenaza con convertirse en la decisión predominante.

Tiempo políticamente aburrido. La campaña electoral pasa de puntillas sobre los grandes temas europeos para centrarse, cansinamente, en los autóctonos. Los de todos los días. Parece que los partidos han decidido que los votantes van a ejercer su derecho en clave nacional. Y por lo tanto centran sus declaraciones, ataques y demandas en los asuntos domésticos, esos de todos los días.

Por eso me ha resultado refrescante y entretenido asistir a un coloquio en el que los participantes no han pedido el voto para alguna de las fuerzas políticas en liza. Tampoco han criticado, o elogiado, los programas que se debaten. Han centrado sus intervenciones en las razones para votar y en los temas que deberían ocupar la agenda europea en el próximo periodo.

El coloquio se celebraba en un ámbito católico con gran presencia juvenil. Participaban un periodista, una profesora y un arzobispo. Un debate de buen nivel aunque sin grandes propuestas, aparte de mantener la confianza en Europa y sus instituciones. Una confianza que debía ser crítica, no faltaría más. Y que debería incluir exigencias referidas al refuerzo de la libertad, la convivencia y los equilibrios sociales. Insuficiente, aunque hubo más cosas interesantes. Pero no caben en los estrechos márgenes de un artículo como este. Por eso me voy a referir a un aspecto que faltó según mi modesto criterio.

Y para explicar lo que faltó, tengo que hacer una declaración autorreferencial. Soy experto en desarrollo rural. He trabajado más de 30 años para el Ministerio de Agricultura español, en el que he ocupado altos cargos durante un periodo dilatado. He participado en la elaboración de las propuestas españolas en las sucesivas reformas de la Política Agraria Común y también en su aplicación en el medio rural español. Un medio que es mucho más que el sector agrario, en el que solo trabaja el 3% de la población activa. Porque ocupa el 85% del territorio nacional y en el viven y trabajan casi el 20% de los españoles.

Creo que puedo hablar con conocimiento de causa, aunque acepto de antemano que puede haber opiniones diferentes. Lo que faltó en las exigencias que deben hacérsele a la Unión Europea es una reflexión sobre las imposiciones ideológicas en el ámbito de la Comisión. Durante estos 30 años he podido asistir a una deriva, lenta y sostenida en la que los criterios técnicos, e incluso los políticos, han ido siendo reemplazados o capitidisminuidos por las argumentaciones ideológicas. Un reemplazo que ha sido lento pero inexorable. Que se ha impuesto gracias a la actitud timorata de los estados miembros.

Aunque esta distorsión puede encontrarse en muchas de las comisarías europeas, ha afectado sobre todo a la agricultura y el medio rural de nuestro viejo continente. Con un componente claramente antidemocrático, porque se ha efectuado sin tener para nada en cuenta la opinión, las carencias y necesidades de los afectados, aprovechando la escasa capacidad reivindicativa de las poblaciones rurales. Y además, con una actitud paternalistamente despectiva hacia la legítima mentalidad conservadora que predomina en una gran parte de las zonas rurales.

En la Comisión predomina una determinada mentalidad progresista de carácter urbanita para la que la agricultura sigue siendo un mundo atrasado y difícil de comprender al que hay que reconvenir aleccionar y constreñir. Por ello se tiende a respaldar, más o menos discretamente, a todos los «ismos» que profesan ideologías hostiles hacia los modelos culturales sociales y productivos que caracterizan al medio rural europeo.

No es de extrañar por ello la desafección hacia la UE que se extiende en muchas comarcas, incluyendo las españolas. Y no se trata solo del desasosiego ante problemas puntuales, como el descontrol de las importaciones, la inaguantable complejidad administrativa de la PAC, los precios ruinosos o las excesivas limitaciones para las producciones. El desapego surge de la convicción, bien fundada, de que quienes mandan en Bruselas (no solo los políticos) comparten objetivos y convicciones con los colectivos ideologizados que pretenden imponer sus programas.

Hay bastantes cosas que reclamar a la UE. Tanto a los políticos que van a ocupar los escaños del Parlamento tras las elecciones, como a los funcionarios que dirigen la frondosa arquitectura de la Comisión. Pero una fundamental es que no acepten el predominio de argumentos ideológicos sobre la racionalidad económica y técnica. Y que no menosprecien los valores morales, culturales y religiosos que han articulado nuestras zonas rurales. Que no se alineen siempre con los que detentan los poderes mediáticos más influyentes. Que defiendan a los débiles. En caso contrario la desafección hacia Europa no dejará de crecer.