Hasta ahora ha habido un aluvión de críticas a la ley de amnistía. La mayoría de ellas han venido desde el Derecho. Es normal, porque, en principio y sólo en principio, se trata de una ley y, por tanto, con sentido, finalidad y estructura jurídica.

De recto et de iure, las críticas han ido en la dirección acertada, toda vez que la inconstitucionalidad de la norma deviene de ir en contra de pilares fundamentales del Estado de derecho: principio de legalidad o imperio de la ley, separación de poderes, independencia judicial.

Además, como sabemos, las críticas han venido no sólo desde la sociedad sino de instituciones, estamentos y asociaciones diversas (jueces, colegios de abogados, inspectores de Hacienda, inspectores de trabajo…), teniendo la unanimidad como característica transversal de todas ellas (pues se han opuesto todos, fueran del signo político que fueran).

Pero, a pesar del número de críticas y su argumentación acertada y conforme a Derecho, la proposición de ley tiene visos, o puede tenerlos, de ser finalmente aprobada y aplicada ¿A qué se debe eso? Sencillamente, a que la razón por la que se ha dictado la norma es política, no jurídica. Y, entonces, la ley de amnistía no es un problema, sino el síntoma de un problema mayor.

En efecto, lo que se pretende (y ya se está consiguiendo) es que la política esté por encima del Derecho. Consecuentemente, prima el interés personal, no el bien común. De ahí que hoy, o al menos desde que está el actual presidente del Gobierno, el Derecho está sometido a la política, no al revés.

Ese interés personal se residencia en el poder. Porque la política ya no es la suma, acoplamiento o ajustamiento de la autoridad política y la sociedad civil al servicio del bien común. La política, por el contrario, se ha retrotraído a lo que decía Weber: el arte (malas artes, no pocas veces) de buscar los medios para llegar al poder y mantenerse en él.

De modo que cuando el interés es personal y tiene su finalidad estar perpetuarse en el poder, da igual lo que diga el Derecho: ya hará el o los políticos en cuestión introducir forzadamente el Derecho en la política para que la ley diga políticamente lo que jurídicamente no puede ni debe decir.

No en vano, entre los medios para conseguir el fin del que hemos hablado, podemos numerar los siguientes:

1. Tramitación. La amnistía se ha tramitado como proposición de ley, no como proyecto de ley: de este modo se evitan filtros y controles jurídicos externos al Gobierno.
    
2. El nombre. A pesar de ser todavía una proposición de ley, se le llama ya, siendo el primero el poder político en llamarlo así, ley de amnistía. De ese modo en la conciencia colectiva ya es ley, es decir, ya está aprobada socialmente.
    
3. No escuchar a la sociedad. Las manifestaciones de buena parte de ella en toda España las vemos a diario. Como hemos anticipado, a ese derecho de reunión, opinión y expresión, se le ha unido las manifestaciones de instituciones y asociaciones. El Gobierno debería escuchar a la ciudadanía. Pero prefiere, por un lado, manipular el lenguaje para quitar esos derechos desvirtuando, de este modo, la realidad; y, por otro, echar la culpa al partido de la oposición. En este último sentido ya hemos hablado en otros artículos de la teoría de la tentación de la inocencia acuñada por Pascal Brückner.
    
4. El espíritu de la norma. La intención jurídica de la norma no coincide con la verdadera intención política de quien redacta la ley. La finalidad de pacificar la convivencia es lo que dice la proposición de ley, pero no es la realidad de su finalidad política: la finalidad real ha sido la compra de siete votos para conseguir el poder político.
    
5. Transacción. Como en política ni se dialoga ni se acuerda, sino que se negocia, la venta de siete votos al actual presidente del Gobierno es a cambio de la compra por parte de éste de determinados objetivos del separatismo, si bien a estos les ha salido gratis (el separatismo no ha tenido que hacer nada: simplemente ha exigido privilegios, que se los han concedido). Tales objetivos han sido desde la propia amnistía hasta, ya veremos (espero que no lo veamos), un referéndum de autodeterminación con la consiguiente separación de, no uno, sino dos territorios autonómicos de la nación española.
    
6. Lawfare. Este es, realmente, un objetivo de ambas partes. Como la política se ha convertido en el afán de poder, el Gobierno, sobre todo su presidente, ya controla el Poder Ejecutivo y el Legislativo, quedándole el Judicial, que en esas está (habiendo empezado por el Tribunal Constitucional). La otra parte consigue lo que quiere: no sólo no cometieron delitos (que los cometieron, y fueron muy graves), sino que la culpa es de los jueces, con lo que prevaricaron. Así, no hay inconveniente en volver a hacer lo que, delictivamente y en su día, hicieron (porque ya no será delito). Cuidado con esto último, porque un político, entonces, tiene libertad para cometer impunemente ciertos delitos, privilegio del que carecemos los ciudadanos. Seguiría, pero con esa descripción y explicación ya es suficiente para afirmar sin ningún género de duda que el Estado está dejando de ser Estado de derecho, y está empezando a convertirse en Estado político. Una situación muy grave.

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