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La Ley de Memoria Democrática y su anteproyecto siguen generando tensiones más allá aún de la conveniencia o no de la misma. Más de cien errores fueron detectados por la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa, dependiente del Ministerio de Presidencia, Relación con las Cortes y Memoria Democrática, en el anteproyecto de la ley de Memoria Democrática que dirigió la exvicepresidenta Carmen Calvo. El historiador, Guillermo Rocafort, ha asegurado en Es La Mañana de Federico que "estamos ante una auténtica chapuza legislativa, ya que el anteproyecto contiene más de cien errores de carácter técnico y de fondo".

El informe emitido por la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa advierte de la existencia de problemas de estilo, multitud de erratas y hasta errores ortográficos de importancia. No obstante, Rocafort ha destacado en esRadio que "por si fuera poco, también se aprobó sin la debida memoria de impacto normativo y el trato que otorgan al concepto de víctima, de la nulidad de condenas, de las personas desaparecidas… tiene difícil encaje jurídico". Además, el Estado se apropia de la competencia de los municipios para determinar los nombres de las calles o propone cuestiones como la del banco de ADN "que es muy difícil de hacer y crea unas expectativas a las familias de las víctimas que no son reales".

Contra la concordia

En un contexto donde la población está sufriendo a causa del precio de la luz, el desempleo o la propia pandemia, el Gobierno continúa desviando la atención e insiste en la necesidad de sacar adelante la llamada ley de "Memoria Democrática". Sin embargo, historiadores como Rocafort defienden que "el 90% de la sociedad española ya cerró este capítulo y prefiere seguir con el consenso" que nació con la Constitución Española de 1978. Por ello, este ha denunciado que "el Ministerio de Bolaños es como la serie del Ministerio del Tiempo, quieren volver al año 1936 y acabar con el espíritu de la Constitución".

Por otro lado, el historiador ha recordado que en España ha habido muchas guerras civiles y que este texto legislativo discrimina a las víctimas del Frente Popular, además de vulnerar el principio de libertad ideológica y de opinión. "Crean comités de expertos que tendrán un determinado sesgo ideológico, ejerciendo así como una ley de la verdad y un aparato represivo", ha señalado. Asimismo, la debilidad del Ejecutivo ha quedado en evidencia porque "los jueces nos están dando la razón, por ejemplo, con el cambio de calles".

Enseñar con el odio y la mentira

Contra la judicialización de la Historia, Rocafort ha explicado que los historiadores que están colaborando con este intento de "reprogramar a todos los españoles" son personas que viven de las subvenciones, siempre pegados al PSOE y sin ningún tipo de prestigio fuera del país". El historiador no tiene ninguna duda de que los contenidos históricos "se van a enseñar a nuestros hijos dentro del odio y de la mentira" que defiende el Gobierno de España. Por ejemplo, "en el texto del anteproyecto meten a España en el tema de los campos de concentración nazi cuando se mantuvo totalmente ajena y ayudó a los judíos".

Ante este intento de "fracturar España con una política necrófila", Rocafort ha pedido a Bolaños que "haga público inmediatamente el texto al completo" porque considera se le ha ido de las manos esta cuestión. Asimismo, ha concluido que "el PSOE está jugando con fuego atacando a los jueces" y recuerda que socialistas como Indalecio Prieto, Negrín o Largo Caballero fueron personajes totalmente "nefastos" en la Historia de España.