Titulares de prensa, 24 de nov.

Cabe confiar en que estemos ante el fin de la escapada de las autoridades independentistas catalanas que llevan demasiados años pisoteando un derecho básico de todos los menores en esta comunidad como es el de recibir una adecuada formación en castellano. Un patrimonio cultural de una riqueza extraordinaria que compartimos con 500 millones de habitantes del planeta y que, sin embargo, sufre una irracional ofensiva por parte del secesionismo identitario. El idioma, ya lo sabemos, es el primer paso de la ingeniería social nacionalista que viene después. Pero el Tribunal Supremo lo ha dejado meridianamente claro: es obligatorio que todos los centros educativos en Cataluña impartan al menos un25% de las clases en castellano.
La obligación no admite interpretación alguna ni posibilidad de nuevas burlas. Estamos ante una resolución firme del Supremo y debe ser acatada de manera inmediata.

Esta desobediencia a la enésima sentencia del Supremo que declara ilegal la inmersión lingüística es cualquier cosa menos sorprendente.

La catedrática y Premio Pelayo para Juristas de Reconocido Prestigio considera que la enmienda lleva la "confrontación" del presente al pasado

Las comunidades autónomas exigen a Hacienda una reforma que cubra sus déficits y, en paralelo, aumentan sus gastos estructurales aprovechando el pico de recursos que recibieron por la pandemia

El Gobierno de Pedro Sánchez ha disparado en un 51,6% la cifra de impagos a los proveedores de la Administración central en el último año, hasta los 886 millones de euros. Lo normal es que estos proveedores sean principalmente pequeñas empresas y autónomos, lo que dificulta aún más la situación que están viviendo las pequeñas compañías y los autónomos por el incremento de los impuestos por parte del Ejecutivo y por la crisis de los precios energéticos y de materiales. La empresa más morosa es RTVE, que acumula a cierre de septiembre facturas sin pagar por valor de 49 millones de euros.