Es un derecho saludable que cada quién pueda denunciar aquello que considere, fundamentadamente, un atentado contra la sociedad, contra el Estado, contra las instituciones, contra uno mismo si llega el caso, por prevaricación, por hurto, por tomar lo que no es suyo, por difamar, contra bienes de la comunidad, contra el honor,... ¡buf! contra un sinfín de acciones indebidas que cometemos los mortales a lo largo de nuestra vida.

Por supuesto que no hay que pasarse. Por eso incidimos en que esté fundamentado, no hacerlo a barullo, porque sí. Por ejemplo, decir que miente un político no debe considerarse una exageración dado que casi podemos asegurar que es la regla, al menos hoy día; es decir, que si manipula la historia, la retuerce, y la pone del revés de como se han producido los hechos y consta en la historia con pelos y señales, definirlo como mentiroso responde a una verdad incuestionable. Y se le debe denunciar, aunque este ejemplo no entra dentro de las cuestiones declaradas penales en la legislación del país. Pero si al tiempo intenta influir en la juventud con los planes de estudio, eso puede ser atentado de lesa patria, y para mí que ha de ser juzgado y condenado.

Mas, fundamentalmente, hay delitos de malversación de fondos, de trapicheos con las compras para el Estado, de disposiciones emanadas del Consejo de Ministros, respecto a la manipulación de los Presupuestos del Estado, la designación de altos funcionarios sin convocatoria de oposiciones, incluso temas aprobados por el Parlamento de la nación, que atentan contra la Constitución, y un largo etcétera que está en la mente de todos y cada día resbalan por los medios de comunicación.

El Tribunal Constitucional nos ha puesto últimamente el ejemplo al declarar inconstitucional el primer estado de alarma dictado a consecuencia de la pandemia del covid-19; posteriormente lo ha hecho con varios apartados del decreto de estado de alarma, dado que no es suficiente para suprimir derechos como los de libre circulación; y estos días lo ha corroborado con la inconstitucionalidad del segundo estado de alarma en su totalidad. Y nadie se ha estremecido. Han atentado contra la Constitución, han atentado contra la libertad de todos los ciudadanos españoles, y ellos por ahí, unos viajando en Falcon y otros en coches blindados.

Este es un ejemplo. Pero creemos que si se denunciaran ante los tribunales de Justicia todos los decretos ley dictados por el Gobierno (v.s. Pedro Sánchez), y que pasados gloriosamente por el Parlamento, no pocos, por no decir la mayoría, podrían ser declarados inconstitucionales.

Por otro lado, convendría que tuvieran la misma difusión todos los casos que se encuentran en trámite, tal como los ERE de Andalucía, los iniciados contra altos cargos del Estado, contra políticos de relumbrón o medianías, y no solo limitar la información al caso Bárcenas y la barahúnda Villarejo, que está bien nos lo cuenten, pero no hasta la extenuación mientras de los restantes procesos no se oye una palabra. Dándose el caso de que bastantes encausados llegan a ser nombrados para importantes puestos del gobierno.

Para intentar ir limpiando las cenizas de este volcán que lleva extendiendo sus lenguas por no pocos lugares, debería crearse en España, fuera de las instituciones del Estado, un bufete que tuviera la misión de llevar a los juzgados todo lo que se considerase judicialmente procesable, pues sería la forma de levantar alfombras para ir haciendo desaparecer todas las cenizas del Cumbre Vieja.

Somos gente que amamos a nuestros hermanos-compatriotas, de casi todos los colorines. Lo decimos repetidas veces, sin pudor. Por ello no tendríamos ningún inconveniente en, si nos lo piden, ir a charlar con ellos de política, teología o lo que les apeteciera, en el penal que les correspondiera tras la sentencia del Tribunal correspondiente. Incluso ya tenemos preparado el botijo –cuyo modelo acompañamos, decorado con un clavelito para alegrarles los ojillos a los del clavel– en el que llevaríamos agua fresca de Lozoya con el fin de que no se nos secara la garganta.