Cuando este artículo sea publicado estarán a punto de ser indultados, o ya se habrá producido, los políticos catalanes delincuentes que hará como cosa de tres años propiciaron un golpe de estado en la región española de Cataluña, los cuales, posteriormente, fueron juzgados y condenados por un tribunal, poniendo especial cuidado en las garantías procesales correspondientes, por delitos tales como sedición y otros menores, todo ello con arreglo a la ley. En la sentencia, a todos les cupo pasar unos años en la cárcel, aunque es opinión generalizada que más bien les pareció un descanso en la del juego del palé o, en su defecto, en la de papel, como se destinaban antaño a algunos penosos en la conocida revista La Codorniz. A otros, que anduvieron rápidos en fugarse, no les llegó el caso, pues todavía persisten en declararse exiliados, cuando son fugitivos de la Justicia.

Por razones de sobra conocidas, la banda de personas que detenta el Poder, que graciosamente llamamos Gobierno de España, atenta en todo momento a ignorar el bien de los españoles, hace ya tiempo ideó que podía ejercer ciertas prerrogativas que le son propias, cual es, una de ellas, indultar a los condenados, con arreglo a la ley. Cierto es que para que esa medida de gracia sea efectiva se precisan varias condiciones, cuales son la petición individual de los procesados para recuperar sus anteriores fueros, la contrición de cada uno de ellos, el propósito de no reincidir en el delito, por una parte, y por otra, la sanción real, consistente en la firma que el monarca debe estampar en aquellos documentos que el Gobierno, previa aprobación por las Cortes Generales, le ponga sobre la mesa, todo ello con arreglo a la ley.

Llegados a este punto no es poca la gente que se pregunta si estas premisas se corresponden al cien por ciento con la actitud de los condenados, que lo fueron por los delitos que cometieron, que, como queda dicho, volverán a cometer. En primer lugar, ni estas gracias han sido solicitadas por los individuos juzgados, no han dado pruebas de arrepentimiento por sus delitos ni prevén un cambio de actitud en el futuro, antes, al contrario, prometen una persistencia contumaz en los hechos, lo cual es gravísimo, pues el Ministerio encargado de tramitar la documentación se ocupa de un asunto que queda fuera de la ley, y que habría que ver hasta qué punto contiene ingredientes cercanos a la prevaricación. Pero hay más, pues no se necesita ser experto en cuestiones políticas para advertir que en el horizonte y tras estos movimientos se cuecen intereses mezquinos, hasta miserables, despreciativos y perversos para el común de la inteligencia general, entiéndase el pueblo, al que, malignamente, se utiliza para pulverizarlo vendiéndole la especie de que lo que se piensa hacer solo tiene una finalidad, contribuir a la concordia entre los españoles. Todo ello, claro está, con arreglo a la ley.

Pero conviene saber algo importante. En estos días la ganadora de las elecciones de Madrid, la señora Ayuso ha declarado si el Rey debe ser sometido a semejante despropósito. Ha querido decir si debe firmar los papelotes que el Gobierno le presente, como está obligado a hacer. Se sabe que no puede negarse. La Constitución no le hace responsable de dicho acto, si bien precisa que dispone de un plazo de quince días para ello. De donde se infiere que dispone de dos semanas para pensar su decisión, lo cual deja abierta la puerta a un sinfín de posibilidades. Porque ¿cómo saber si entre tanto la madura no encuentra un resquicio que le permita derivar su obligación, siempre con arreglo a la ley? En los años noventa, en Bélgica, el rey Balduino abdicó durante día y medio para no firmar un documento que iba contra sus principios morales. Eso no será posible en España, que por suerte no somos ese país, pero he recibido opinión de alguna gente que estima que una lesión en la mano, la mano con la que firma, certificada por uno, dos o cien médicos cualificados, le impedirían cubrir el trámite, posiblemente durante más de quince días. Dios no permita semejante percance, pero hay que darle a la gente el valor que tiene su imaginación, que parece no tener límites.

Sea como fuere, cuando se trata con trileros es preceptivo emplear métodos acordes con dicha situación, lo cual debe ser entendido como estrategia de guerra perfectamente estudiada. A la vista está que con denuncias, concentraciones, gritos y zarandajas no se consigue nada. Hacen falta actos, hechos y, de vez en cuando, un buen puñetazo sobre el tablero. Siempre, con arreglo a Ley vigente. Que de eso se trata.