Últimamente Madrid se ha puesto de moda. Tras la campanada de Isabel Díaz Ayuso al ganar en mayo de este año unas elecciones autonómicas que han dejado sonada a la izquierda madrileña, ha estallado la reyerta que se traen entre dicha presidente autonómica y el presidente nacional del Partido Popular, a base dimes, diretes y cabildeos típicos de la política más rastrera.

No es de esto de lo se trata a continuación, porque hay otro factor que ha traído el nombre de Madrid al centro de la política nacional. Dicho factor no es sino el éxito que, en términos económicos, está acreditando la Comunidad de Madrid frente a otras comunidades mediante una política fiscal que ya viene ejecutándose desde hace algunos años y que confirma, al parecer, la teoría desarrollada por el economista norteamericano Arthur Laffer. Según esta teoría, un incremento excesivo en las cargas impositivas puede llegar a producir un descenso en la recaudación, mientras que, por el contrario, una carga impositiva aligerada, puede traducirse en mayores ingresos para el fisco.

En efecto, Madrid, aplicando una política de paulatina reducción del tramo autonómico del IRPF, es la comunidad que más recauda de todas por dicho tramo, como puede apreciarse en la siguiente tabla.

Esta política fiscal, ejemplo claro de liberalismo económico, junto con la relajación de regulaciones entorpecedoras de la actividad económica se traduce, según miembros del Gobierno de España y algunos presidentes autonómicos, en dumping, “competencia desleal”, “independentismo fiscal”, etc., pues produce migración de empresas desde otras comunidades, atrae ventajosamente inversiones extranjeras y se ha convertido en foco de atracción de profesionales y trabajadores que buscan en Madrid oportunidades que no encuentran en su lugar de residencia.

Estos detractores, que llegan a pedir un impuesto especial sobre Madrid, para que las rentas madrileñas "reequilibren y aporten un espacio de solidaridad”, olvidan que Madrid aporta al Fondo de Compensación Interterritorial un 68% del volumen del mismo. Este fondo sirve para que regiones menos fuertes económicamente mejoren sus servicios públicos.

Independientemente de lo que todo esto pueda tener de choque entre principios económicos enfrentados desde hace siglos −libertad de mercado capitalista frente a intervencionismo estatal más o menos socialista, discusión en la que ahora no entramos−, estamos asistiendo a lo que no es sino una manifestación, para algunos aberrante, de la esencia de nuestro bien amado Estado de las autonomías.

En efecto, para izquierdas y separatismos es una aberración que el gobierno de una Comunidad Autónoma −no histórica− de Madrid (que no es Cataluña ni el País Vasco), en uso de las atribuciones que le han sido tan legalmente conferidas como a las demás, llegue tan lejos en la aplicación de su propia ideología.

Pues que no se quejen tanto, que para aberración, por poner sólo un ejemplo, la que representan las políticas de acoso del idioma común practicada por los “históricos”, frente a las que vuelven la vista los gobiernos de España de toda marca política

¿Habrá que concluir que el Estado de las autonomías, capaz de generar tantas y tan graves aberraciones, es una aberración en sí mismo?

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