Tras año y medio de estado de alarma a causa de la pandemia, “plandemia” hay quien la llama, hemos llegado a la situación presente: paro laboral en incremento, empresas cerradas, trabajadores bajo el débil paraguas de un ERTE, colas de hambre y un enfrentamiento fratricida entre gobiernos de todo nivel e ideología, bajo el cual ocultan su incompetencia y abusivo interés partidista.

De cara a lo necesario para hacer frente a esta situación, de la que, a la vista está, España no tiene capacidad para salir sola, dependemos, como otras naciones, de la ayuda que procedente de la Unión Europea solicitemos y seamos capaces de justificar en su aplicación. Ni que decir tiene, que esta ayuda ha de ir acompañada de medidas y esfuerzos económicos internos que se nos van a exigir.

Pues bien, el Gobierno nos oculta y oscurece el proyecto enviado a Bruselas, en el cual se detallan las medidas internas a implantar para nuestra recuperación, con la propuesta de aplicación de los fondos que se nos asignen y que deberá ser allí aprobado.

Lo poco que se va desvelando no es muy halagüeño: subida de impuestos directos e indirectos; creación de nuevas figuras impositivas; implantación de tasas sobre servicios públicos hasta ahora gratuitos y sensibles aumentos del importe de otras ya existentes. En resumen, se presenta ante los organismos europeos un plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia basado no en la reducción del gasto superfluo que genera el llamado Estado de las autonomías, sino en el incremento de la aportación, vía fiscal, de personas físicas y jurídicas que están sufriendo tanto las consecuencias directas de la pandemia como las producidas por medidas implantadas para contenerla. Parece, que el Gobierno ignora un irrebatible axioma: De donde no hay, no se puede sacar.

Están en juego 70.000 millones de euros, cuyo libramiento depende de que la viabilidad del plan presentado reciba el visto bueno, con riesgo de que el librador lo enmiende o ponga condiciones propias para efectuarlo. Al parecer, entre los técnicos de la UE que están estudiando lo presentado hay dudas sobre el contenido y eficacia del plan español. Ya se ha pedido al Gobierno de España profundizar en los detalles del plan y de las partidas, precisamente, porque no se observa con tranquilidad el rumbo de la economía española. Como es lógico la UE no quiere que los fondos transferidos se disipen en ocurrencias o caigan en un pozo sin fondo, por aquello de que “el dinero público no es de nadie”.

En resumen, el primer elemento del panorama después de la batalla que se percibe es un gobierno inoperante en lo interno y que despierta reticencias en las instancias exteriores de las cuales, por desgracia, vamos a depender en lo económico durante mucho tiempo.