El Gobierno ha aprobado estos últimos días el real decreto ley que regula las condiciones laborales de los repartidores a domicilio por parte de las plataformas digitales, conocida como la "ley de riders".

En la comparecencia posterior a la reunión ordinaria del Consejo de Ministros, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz Pérez, de Unidas Podemos, presentó dicho decreto ley, exposición en la que manifestó de forma literal los siguientes argumentos:

“En primer lugar, quiero indicarles el contexto histórico de esta norma, que vamos a destacar que es una norma principal y que va a cambiar el signo de los tiempos, un contexto histórico que es de cambios, si me permiten, estamos observando como el presidente Biden está insertando vientos de cambios en toda la acción pública, acción económica, fiscal y por supuesto en las de tipo social, también en esta materia, observaran como el presidente Biden está diciendo que quiere legislar en el sentido que hoy lo hace el gobierno de España, por tanto digamos que también en nuestro país y este Gobierno lo está haciendo, es el momento de impulsar los vientos de cambio con una agenda muy ambiciosa para propiciar la mejora del bienestar en nuestro país, y de esta manera, España se convierte en la vanguardia de la legislación internacional en esta materia. He de decirles que no hay ningún país en el mundo, a día de hoy, después de lo que ha acontecido con la norma que, bueno, sostenía este planteamiento en California, después de California y la anulación de la misma, no hay ningún país en el mundo que se haya atrevido a legislar sobre esta materia. Por tanto, estamos a la vanguardia, y por primera vez el mundo está mirando, créanme, a España respecto de la regulación que hemos propiciado”

Como es habitual, la retórica de Yolanda Díaz es singular, y en este caso, los argumentos parece que han sido sacados del juego de los disparates, de Douglas Wright; más aun, cuando asegura que Biden está diciendo que quiere legislar en el sentido que hoy lo hace el Gobierno de España; todo ello, en una situación en la que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, parece que no tiene en cuenta, para nada, a Pedro Sánchez. Seis meses después de su victoria electoral, el mandatario norteamericano aún no se ha puesto en contacto con el presidente del Gobierno español, una situación sin precedentes en las relaciones hispano-norteamericanas del siglo XXI. Según fuentes diplomáticas españolas, la principal causa es la progresiva pérdida de relevancia de España en la escena internacional.

Por todo ello, sería interesante conocer qué fuente solvente le ha comunicado a Yolanda Díaz que el presidente Biden quiere legislar en el sentido que hoy lo hace el Gobierno de España o que el mundo está mirando a España debido al “hito histórico” que ha supuesto la "ley rider".

Además, se trata de un decreto ley que ha puesto en pie de guerra a la Asociación Profesional de Riders Autónomos (APRA) y a la de Repartidores Unidos (repartidoresunidos.org) por no haber sido consultados por parte del ejecutivo, ya que consideran que la "ley rider" va a dejar a más de 15.000 repartidores sin empleo, que se sumarán a los cuatro millones de parados que tiene España; pero a la ministra de Trabajo se la ve pletórica con dicha ley, ya que, según ella, por primera vez el mundo está mirando a España respecto de la regulación que ha propiciado. Aunque habría que saber si el motivo por el cual el mundo está mirando a España por la "ley rider" es debido a que la considera un disparate jurídico que lo ha dejado con la mirada absorta.

Lo expuesto hasta ahora no tiene más valor que aportar un ejemplo más del perfil de los miembros del ejecutivo y de sus gestiones. Un gobierno formado por un PSOE sanchista, que con Pedro Sánchez a la cabeza ha ido perdiendo escaños en cada una de las elecciones que ha participado, en coalición con la cuarta fuerza política española cuyo talante ideológico es de extrema izquierda y que también ha ido perdiendo votos progresivamente en las diferentes elecciones generales a las que se ha presentado. 

Es una coalición que no puede gobernar sin sus socios oportunistas que a cambio de votos parlamentarios van imponiendo al ejecutivo actuaciones que perjudican la unidad de España y a su Estado de derecho.  Se trata de un gobierno que da la impresión que está intentando, por todos los medios, controlar y dominar a su antojo el poder legislativo, ejecutivo y judicial del Estado, con un presidente de Gobierno al frente que parece interesarle más su ambición de poder que el interés general de los españoles y que cada vez recuerda más la famosa frase Tout pour le peuple, rien par le peuple.