Está claro que desde el Gobierno se quiere aprovechar la actual situación caótica originada y, en buena medida, provocada por la negligencia e incompetencia de no pocos políticos, por el Covid-19 para imponer por la bravas o colar por la puerta de atrás las normas encaminadas a implantar (si es posible sin marcha atrás) sus obsesiones dictatoriales, comunistas y de destrucción de la España que hemos conocido. Un trágala más ante la indiferencia o el silencio cómplice de una parte de la oposición en particular y de nuestra sociedad en general.

Y lo hacen de manera imperturbable, sin torcer el gesto ni que les abrumen las críticas y objeciones que puedan recibir desde diferentes ámbitos.

Ya sabemos que desde estas páginas se han abordado algunas de estas cuestiones y por plumas más autorizadas, pero, para que se tengan presentes y no se olviden o ignoren, nos creemos en el derecho y en el deber de, aunque sea de forma somera, enunciarlas y denunciarlas, pese a que ya sabemos que el Gobierno va a los suyo y dirá aquello de «Coco a nene, toca pilila». O «predícame cura, predícame fraile, por un oído me entra y por otro me sale».

Para el conocimiento de estas cuestiones nos hemos apoyado, generalmente, en las informaciones difundidas por otros medios de comunicación.

La ministra Celaá, acuerda con ERC y Podemos la eliminación del castellano como lengua vehicular. Que el castellano deje de ser la lengua oficial en las enseñanzas. ¿Y el artículo 3º de la Constitución de 1978? La enmienda sobre el castellano ha salido adelante con 26 votos a favor, los 16 en contra de PP, Cs y Vox, y la abstención del PNV. España será el único país en el mundo, de entre los que se habla el español, en que este idioma no sea oficial.

La reforma educativa de la Lomloe, también conocida como «ley Celaá», no incluirá en su texto que el castellano es la lengua vehicular en la enseñanza ni aparecerá como que es lengua oficial del Estado y, además, fijará que no se podrá financiar aquellos centros que segregan a los alumnos por sexo.

La ministra Montero ha anunciado en los primeros días del mes de noviembre una «ley trans» que reconocería la «autodeterminación de género» y permitiría cambiar de sexo en el DNI sin informe médico ni hormonas. También autoriza que los menores de edad puedan rectificar el sexo en el Registro Civil sin el consentimiento de sus padres. Una prueba más de su afán por destruir a la familia en sus derechos fundamentales.

En este proyecto se suprime la obligación, necesaria hasta ahora, de aportar un informe médico o psicológico que acredite que la persona ha sido diagnosticada de «disforia de género». Tampoco tendrá que haber sido tratada hormonalmente durante al menos dos años para acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado. Se permite el cambio registral de sexo sin que esté condicionado por la presentación de un informe ni la modificación de la apariencia física.

Para cambiar de sexo en el DNI bastará con una «declaración de la propia identidad sentida». Una persona que manifieste una identidad de género no coincidente con el sexo asignado en el momento de su nacimiento podrá rectificar sus datos en el Registro Civil simplemente con la «identidad de género libremente manifestada».

Asimismo, anunció en el mes de octubre la derogación de la ley del aborto de 2015. Lo que pretende Irene Montero con este cambio es suprimir el requisito de que las menores de 16 años puedan abortar sin necesidad del consentimiento paterno o, en su caso, de su tutor legal

Hacienda pide al Congreso que trabaje en una norma para poder entrar en los domicilios sin avisar. La Agencia Tributaria quiere acceder a los domicilios de los contribuyentes a los que investiga sin tener que avisarles previamente. «El acceso con previo aviso no parece que sea muy efectivo cuando existe la posibilidad de destruir pruebas», señaló el jueves en el Congreso el director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón.

El Tribunal Supremo dictó que los inspectores de Hacienda no pueden acceder a la vivienda de un ciudadano o empresa por «corazonadas» y «para ver qué se encuentra». ¿Dónde está la inviolabilidad de los domicilios sin orden judicial? ¿Y las críticas a la «ley Corcuera», atribuyéndole el procedimiento de la «patada en la puerta»?

¿No se decía que en tiempos del general Franco existía una censura bastante férrea? ¿Pues qué es eso con el rimbombante título de Comisión permanente contra la desinformación? Hay que acordarse, aunque ellos tengan mala memoria, de cuando Podemos criticaba «las ganas» del PP «de meterle mano a la libertad de información».

Si el Gobierno, hoy, en 2020, sabe que España forma parte de la UE, ¿por qué, en pleno estado de alarma, anuncia medidas y mecanismos para establecer, a cargo de dos de los hombres más cercanos al presidente, lo que considera que es información verdadera y falsa? No es una pregunta retórica

Iglesias, Montero y Mayoral, entre otros, acusaron en 2018 a Rajoy de intentar crear un «Ministerio de la Verdad». El PSOE habló de «censura». Ahora, un comité de La Moncloa vigilará a los medios y perseguirá lo que considere «desinformación» y Podemos justifica la censura de «mensajes de odio» en las redes con la gestión del Covid-19. Por lo visto cualquier información que les desagrade no se deberá a dar al conocimiento una realidad objetiva sino a «un delito de odio».

«Que el Gobierno decida qué información es "verdad" es el adiós de la libertad de expresión y de la democracia». Así opinaba Podemos en Twitter en 2018 sobre la propuesta del Partido Popular para «garantizar la veracidad de las informaciones que circulan por servicios conectados a internet y evitar injerencias que pongan en peligro la estabilidad institucional en España».

Dos años y medio más tarde, y con un Gobierno de coalición del que es miembro el partido de Pablo Iglesias, el Consejo de Seguridad Nacional ha aprobado un plan para «establecer medios de funcionamiento y mecanismos dirigidos a evaluar de manera continua el fenómeno de la desinformación a nivel global y particularmente para España».

El propio Iglesias, líder del partido y hoy vicepresidente segundo, se mostró en contra de una «ley mordaza 2.0», al considerar que el PP pretendía «erigirse» como «defensores de la verdad», al mismo tiempo que criticaba el uso propagandístico de RTVE por parte del Gobierno. Ahora, ¿qué misión tiene asignada Jesús Cintora, en el programa Las cosas claras de TVE?

Preguntado Pablo Iglesias en determinada ocasión sobre si es necesaria una mayor regulación de los medios, Iglesias consideraba «crucial» crear la figura política del «ministro de Comunicación», para la cual tomaría «como referencia» los modelos vistos en «Ecuador, Argentina y Venezuela». Más claro: agua.

«Se está induciendo a una confusión muy grave por las ganas que tienen algunos de meterle mano a la libertad de información», relataba la imagen que acompaña al texto en Twitter. ¿Quién te ha visto y quién te ve, Merimé?

Desde el Parlamento Europeo advierten de que «es muy deficiente» y no cuenta con el «amparo» de las iniciativas de la UE. Pero les da igual.

El procedimiento contra la desinformación que ha impulsado el Gobierno y se ha conocido esta semana –deja en manos de La Moncloa determinar qué es desinformación– ha generado una oleada de críticas. Desde el Ejecutivo defienden que su labor no es perseguir fake news, sino campañas de desinformación, fundamentalmente orquestadas por países terceros, que vayan contra los intereses generales ¿o los particulares suyos?

La Universidad Complutense ha ido dando cada vez mayor protagonismo a Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, a pesar de que no está licenciada ni es un referente en el mundo del márketing. Lo último es una cátedra extraordinaria que arranca sin director.

«¿Qué currículum atesora Begoña Gómez? ¿Qué títulos tiene? ¿Qué artículos ha publicado? ¿Qué tesis ha dirigido? ¿Qué estancias de investigación ha realizado? ¿Qué ponencias o comunicaciones ha presentado a congresos? ¿Cuál es su posición en el Google scholar? ¿Cuál es el contenido de su página en Orcid, la base de datos de investigadores?».

La retahíla de preguntas formuladas por el catedrático de Derecho Internacional Privado Rafael Arenas García en sus redes sociales cuestionaba hace unas semanas el nombramiento de la cónyuge del presidente del Gobierno como directora de una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) sobre Transformación Social Competitiva. Y son muchas las personas que se han preguntado lo mismo.

La noticia del nombramiento causó un gran revuelo porque en la presentación de la cátedra, con un presupuesto de 120.000 euros y en la que participan la Fundación La Caixa y Reale Seguros, Gómez figuraba como directora y como tal quedó reflejado en la web de la UCM, la Tribuna Complutense. Así, el curso, que cuesta 7.000 euros, se estrenó sin director, pero con Begoña Gómez al mando.

¿Bastarían estos méritos profesionales para ocupar un destacado puesto en la docencia universitaria o dirigir o codirigir una cátedra extraordinaria? El catedrático Rafael Arenas lo pone en duda.

«En el mundo académico la tesis doctoral es tu carta de presentación, y si ni siquiera tiene un título homologado no tiene el más mínimo sentido. Habría que analizar entonces su trayectoria profesional. ¿Es prestigiosa en su ámbito? ¿Qué publicaciones tiene? Yo no he encontrado nada».

Los separatistas catalanes exigen que «desde Madrid» no les dirijan sus políticas y menos aún las económicas. Pero el gobierno de Pedro Sánchez, con tal de conseguir el apoyo de esos separatistas ha pactado con ERC una reforma fiscal que tendrá como objetivo, en palabras del portavoz independentista Gabriel Rufián, acabar con «el paraíso fiscal de Madrid». La intención de Rufián es modificar la baja fiscalidad de la comunidad madrileña, en donde existen numerosas bonificaciones y los pagos por IRPF están entre los más bajos de España. Y no sólo para las rentas más altas.

En Cataluña, en donde ERC gobierna, se ha impulsado un notable endurecimiento de impuestos este mismo año. Es el «infierno fiscal catalán» que ERC quiere imponer en Madrid castigando a rentas bajas y medias e implantando más impuestos autonómicos, porque la comunidad de Madrid, en cambio, es una de las regiones que menos exige en concepto de IRPF, incluidas las rentas medias y bajas, y presenta numerosas bonificaciones fiscales.

Pedro Sánchez avala el ataque fiscal de ERC a Madrid argumentando, sin demostrarlo, que otros presidentes del PP piden una «armonización» y que así se garantiza la igualdad de oportunidades. Es decir, en lugar de rebajar los impuestos en otras comunidades, se pretende dañar a la de Madrid, cediendo a los más acérrimos enemigos de la capital de España y de la comunidad en donde ésta se halla ubicada.

Es evidente que este enfrentamiento entre el independentismo y Madrid no se produce por casualidad sino que es consecuencia de un acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y ERC para conseguir una reforma fiscal cuyo principal objetivo, ya expresado por Rufián y al que antes nos hemos referido, es «acabar con el dumping fiscal en Madrid», a cambio del voto favorable a los presupuestos del estado.

Es notorio que una de las instituciones que siempre han estado en el punto de mira del nacionalismo y del separatismo vasco ha sido y es el ejército. Y lo del «punto de mira» en el sentido literal para los terroristas de la ETA que tantas vidas de militares se han cobrado.

Pues bien, ahora acaban de cobrarse otra pieza cedida por el Gobierno a cambio de votos en el Parlamento. Sánchez ha impuesto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, según parece muy a su pesar, trasladar el cuartel del Ejército en San Sebastián para lograr el «sí» del PNV a los Presupuestos.

La enajenación de los terrenos del cuartel de Loyola para poder expandir urbanísticamente la ciudad ha sido la última enmienda lograda por los nacionalistas vascos. Es decir, la expulsión del Ejército de la capital donostiarra.

Según algunas informaciones, «estupor» e «indignación» son las palabras que se manejan desde la institución castrense para definir su sentimiento hacia este acuerdo. No se consideran «moneda de cambio». Pero esta es la triste realidad.

Y, en relación con lo que está ocurriendo en el País Vasco, el presidente del Gobierno no ha querido responder directamente a las declaraciones del coordinador de Bildu, Arnaldo Otegi, que ha afirmado en TV3 que «la república vasca independiente pasa por decir sí a los Presupuestos», a pesar de que se le ha preguntado en dos ocasiones en la rueda de prensa, en Mallorca, el día 25 de noviembre.

¿Puede alguien, por afán de poder o ambición o el deseo de aferrarse a un determinado sillón llegar a poner en riesgo la unidad de su patria y la armonía entre sus regiones y sus gentes?

Seguramente alguien dirá que estos aluviones constituyen un «delito de odio». Nada más lejos de la realidad. Pese al desagrado que nos producen estas decisiones por lo que nos parecen de arbitrarias, no les odiamos. Nuestra religión no nos lo permite. No vamos a acudir al viejo axioma de «Odia el delito y compadece al delincuente». Quizá, al final, nos tengamos que compadecer de nosotros mismos