El pasado 29 de junio los ministros comunitarios alcanzaban un acuerdo sobre la PAC (Política Agrícola Común): seguiría el modelo actual hasta el año 2022. Se cerraba así la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea de los croatas. El socialdemócrata Zoran Milanovic lograba el consenso. Hasta ahí, aparente tranquilidad.

Si nos detenemos y estudiamos con cautela lo declarado, esto no quiere decir en absoluto que, aunque la estructura sea la misma, la dotación presupuestaria se mantenga en los mismos términos que hasta ahora. De hecho, se prevé para el periodo 2021/2027 una reducción de alrededor de un 9% de las cantidades estudiadas.

La nueva presidenta del Consejo, Ángela Merkel, pretende abordar de manera inmediata el estudio de los fondos asignados antes de finalizar agosto. Su Ministerio Federal de Alimentación y Agricultura, dirigido por Julia Klocker, ya se ha puesto manos a la obra.

La canciller alemana pretende impulsar su «Green Deal» durante el segundo semestre de año. En él hay varias líneas maestras de trabajo: abordar la salida negociada del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit), antes de finales de año; poner en marcha el Plan De Reconstrucción después de la pandemia de coronavirus y, estudiar los presupuestos europeos cara al próximo ejercicio.

Durante el 2020, los fondos de la PAC ascendieron, para el conjunto de Europa, a 58.120 millones de euros, es decir, el 34,5% del presupuesto comunitario. Francia es el primer país beneficiario con un 16,9% de los fondos asignados, mientras que España es el segundo, con un 12,1%, por delante de otros competidores como Italia, Grecia o Alemania.

Debemos pues, estar alertas a las negociaciones que durante las próximas semanas se anuncian en relación a nuestros intereses nacionales. El comisario europeo de agricultura, el polaco de nombre casi impronunciable, Janusz Wosjciechowski, en la toma de su cargo, en octubre, señaló cambios respecto a su predecesor en el cargo.

Una PAC más verde y un mayor control de las ayudas ilegales a los países comunitarios proclamó. Esto es preocupante, dado que las tensiones entre medio ambiente se vienen dando desde hace tiempo y, casi siempre, a favor de la ecología. Los objetivos operativos son: el aumento de la competitividad; la mejora de la sostenibilidad y una mayor eficiencia. Si nos centramos más en su redacción, la diplomacia europea siempre cuidadosa en extremo se apuntan de la sigui-ente manera:

1. Garantizar una producción viable de los alimentos.
2. Gestionar los recursos naturales de forma sostenible y adoptar medidas para hacer frente al cambio climático, siempre de acuerdo a la estrategia 2030.
3. Alcanzar un desarrollo territorial equilibrado orientado a la diversidad de la actividad agrícola y la viabilidad de las zonas rurales.

La ambigüedad, el mensaje subliminal traducido en acciones concretas y la amenaza son reales. Hay que estar muy atentos a las fuentes de financiación: el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Mucho dinero está en juego y con ello el futuro del medio rural español.

En España, el presupuesto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, maneja un volumen de capital de 7.761,73 millones en 2019, un 0,2% más que en 2018. De ellos, el 80% proceden de los fondos europeos. Aquí también hay debate y enfrentamiento entre comunidades autónomas. Estos fondos agrarios son asumidos por la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, ambas competentes en materia de agricultura.

Pues bien, el titular del ministerio español, Luis Planas Puchades, desconocido para la inmensa mayoría y poco diligente en su actuación, no ha conseguido acuerdo alguno entre los españoles. Esta situación nos lleva a que en Europa nuestra posición es desconocida y está profundamente debilitada. Este caballero, apodado el «ministro olivarero», trabaja muy poco de facto. Su agenda suele estar vacía de asuntos que trabajar, pese a la exigencia de su responsabilidad.

Este hombre ya acreditó sobradamente su capacidad en la Junta de Andalucía, cuando fuera consejero de Agricultura y Pesca, en 1993 y, posteriormente, en 2012, como consejero de la misma cartera, a la que añadiría las competencias en medio ambiente.

Su incompetencia es sabida y reconocida en todo el sector. Su capacidad de negociación es mínima. Tampoco parece que le afecte mucho, dada su escasa actividad. Pero el sector agroalimentario español es muy importante en el conjunto de la economía y de la sociedad española.

Precisemos: representa el 10% del PIB (Producto Interior Bruto) y atraen a 2.400.000 personas ocupadas. En este último semestre ha contribuido con 12.000 millones de euros de saldo neto positivo en la balanza comercial. Su presente y futuro es clave para la supervivencia del medio rural y, para el mantenimiento y abastecimiento de nuestras industrias y nuestras ciudades. Nada de minucias, nada de insustancialidades. El campo, el sector agroalimentario, debe ser defendido.

No podemos abandonar a nuestros pueblos, al medio rural. Nos jugamos mucho. Más de lo que la opinión pública imagina. Nuestros campos envejecen, se vacían, se abandonan. La modernización y el apoyo al sector primario tienen que tener la presencia en las actuaciones e iniciativas políticas, en los presupuestos con más ceros, en el apoyo a sus gentes y sus medios de vida.

Agricultura, ganadería, pesca, apicultura, silvicultura, caza, turismo rural, industria agroalimentaria… y un sin fin de actividades económicas se desarrollan con notables complicaciones. La España vacía, vaciada y abandonada no es admisible. La defensa de los intereses nacionales en la PAC debe ser un caballo de batalla con el que defenderla.