¿Alejan los ayuntamientos los fondos europeos?

Para acceder a buena parte de los 140.000 millones de euros (M€) que han correspondido a España en las acciones de rescate económico de la Unión Europea, nuestro país necesita aportar la parte que le corresponde en todos aquellos proyectos que son cofinanciados. Desde hace años y para evitar notables abusos, los esquemas de colaboración con los dineros que se reciben de Bruselas –principalmente para inversiones– se ajustan a lo que los economistas llamamos «financiación condicionada compensatoria».

En definitiva es un esquema de cooperación en el que para acceder a los fondos comunitarios, la administración receptora (por ejemplo, un ayuntamiento) no sólo se compromete a gastar el dinero en aquello para lo que lo solicitó sino también a aportar parte del coste total del proyecto. Si no se acredita haber realizado la aportación por parte de la administración local, el dinero hay que devolverlo a la Unión Europea. Así las cosas, la pregunta clave es ¿quién tiene dinero para garantizar que puede cubrir su parte y acceder a los fondos comunitarios?

Hay tres vías principales de las que sólo funcionan dos; tomar el dinero procedente de la recaudación de impuestos, captar dinero a través de la emisión de deuda pública nacional o utilizar los remanentes de las administraciones públicas que dispongan de ellos:

La primera vía hay que descartarla; la estimación de la caída de la recaudación es de un 12%. La segunda es posible. España sigue teniendo credibilidad suficiente como para colocar deuda pública a cambio del pago de unos intereses bajos. La tercera apunta –o apuntaba– a los ayuntamientos, la única de las cuatro administraciones públicas españolas con superávit desde 2012 cuando entró en vigor la Ley de Estabilidad Presupuestaria. A modo de ejemplo, la Diputación y ayuntamientos de Sevilla tuvieron un remanente anual de casi 650 M€ según me acredita Virginia Pérez, presidenta del PP en Sevilla.

La vía para echar mano de unos 14.000 M€ que habían acumulado unos 5.000 de los 8.000 municipios españoles con superávit acaba de cerrarse a pesar del acuerdo que había alcanzado la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

El acceso lo ha cerrado el pronunciamiento en contra de las medidas del Gobierno que ha hecho el Congreso de los Diputados. Javier Ortega Smith, concejal y diputado de VOX, explicaba de manera sencilla el plan del Gobierno; me quedo con el ahorro de los ayuntamientos, se lo devuelvo parcialmente en forma de préstamos, decido en qué se lo gastan y, de no plegarse al plan, quedan excluidos del acceso a los fondos europeos. Entiéndase lo anterior en un contexto de debate en un medio de comunicación.

En mi opinión la negativa de los ayuntamientos a poner a disposición de la Nación sus remanentes es un acto de insolidaridad. Las administraciones siempre se han movido entre dos comportamientos extremos:

En un extremo tenemos que si las administraciones tienen expectativas fundadas de ser rescatadas en caso de déficit (bail-out en la jerga internacional), junto a facilidad para el endeudamiento, pueden acabar trasladando su problema financiero a la Administración central, la única con capacidad de endeudarse y de condonar la deuda acumulada por las administraciones deficitarias. En el otro extremo tendríamos que si la expectativa es la de que le expropien sus remanentes consecuencia de administrar los dineros de manera austera, tenderán a agotar todos sus recursos ante el riesgo de perderlos.

Hubiera bastado cambiar el esquema de uso de los remanentes municipales introduciendo ventajas a quienes los generaron para haber vencido buena parte de sus resistencias. Pero, más importante aún es vencer la falta de solidaridad que sigue lastrando tantas cuestiones pendientes en España.

Sin duda, poco parece trabajarse en pro de la cohesión entre españoles, requisito sine qua non para la existencia de solidaridad. Antes al contrario hay una obsesión por seguir cavando trincheras como ocurre con la proyectada Ley de Memoria Democrática, o levantando muros cuando se usa la lengua local como herramienta de segregación más que como patrimonio cultural del que poder disfrutar.

El tiempo político es casi siempre cortoplacista; necesito el dinero de los ayuntamientos y lo «requiso». La cohesión, en cambio, es el resultado de ensanchar un patrimonio emocional, cultural y político en el que todos los reconozcamos próximos, libres e iguales. Esto lleva más tiempo que cavar trincheras. Trincheras como las que nos pueden dificultar el acceso a los fondos europeos tan necesarios para superar la crisis sanitaria y económica.