Buena parte de los fondos europeos Next Generation-UE (NG-UE) financiarán procesos de digitalización, un término que suena bien pero que resulta difícil de aterrizar hasta hacerlo entendible. En los negocios, la digitalización supone incorporar en la actividad de las empresas la toma de decisiones a partir del Big data procedente del internet de las cosas (IoT), la impresión de productos con impresoras 3D, el uso de drones o asociar a los productos pasaportes digitales. Estos pasaportes digitales ofrecen información perfecta, pública e incorruptible a todos los participantes en la cadena de valor de un producto hasta llegar al consumidor final. Los procesos de digitalización que hemos conocido hasta ahora y que han supuesto, principalmente, pasar de realizar trámites presenciales o telefónicos a hacerlos a través de una app, están ya sobrepasados por la nueva digitalización.

Para tener una idea tangible de lo que supone la digitalización, piénsese que el Banco Santander había diseñado todo su plan para ejecutarlo en cinco años y la pandemia obligó a hacerlo en uno. Esto ha permitido el cierre de oficinas, la prejubilación forzosa de buena parte de su plantilla relativamente joven, el mantenimiento de beneficios y, desde otro ángulo, haber atrapado a miles de usuarios ajenos a los procesos digitales en mitad de la más absoluta orfandad de servicios financieros.

La administración pública ya trabajaba en la línea de esta antigua digitalización y la pandemia también le dio un empujón obligado. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la digitalización de las empresas y en la administración? La ausencia de adelgazamiento en la segunda. Una falta de ajuste que, de haberse producido, permitiría la reducción significativa de impuestos. ¿Por qué resultados tan dispares ante un mismo proceso?

La ya agotada legislatura en Andalucía ayuda a responder esta pregunta. El 15 de enero de 2019, el sindicato SAT (heredero del Sindicato Obreros del Campo, aliado de Herri Batasuna durante décadas) hizo un llamamiento a rodear el Parlamento regional de Andalucía, coincidiendo con el nombramiento de Juan Manuel Moreno como nuevo presidente. Al llamamiento del sindicato radical se unieron los sindicatos institucionales y también la expresidenta socialista Susana Díaz. La impugnación al Parlamento no solo mostraba el rechazo al voto de más de 800.000 andaluces que habían respaldado las candidaturas de Vox sino a un imaginado recorte de «derechos» avant la lettre.

El mensaje caló de inmediato en el gobierno de coalición PP-Cs; no había que eliminar ni un solo céntimo de partida presupuestaria alguna para no provocar la rebelión del personal de la administración reclutado en parte y durante casi cuatro décadas en los caladeros de la militancia socialista. Hay que recordar que en 2019, el independentismo catalán fracasó en arrastrar a los sindicatos institucionales a un «paro de país» pese a que UGT y CCOO en Cataluña habían colaborado (y siguen haciéndolo) activamente en favor de la secesión. En definitiva, la rebelión de la administración era un riesgo cierto.

El miedo a la rebelión del personal público enlenteció casi de inmediato los compromisos de auditar el denominado «sector público paralelo» de la administración regional que buscaba acabar con los abusos del «régimen socialista» usando el término acuñado por el escritor Paco Robles. Hasta 2021, el año previo al final de la legislatura, no se publicaron las auditorías operativas contratadas con empresas privadas por la Junta de Andalucía y solo para fiscalizar a 54 entes del denominado «sector instrumental». El resto del sector público andaluz quedó al margen del proceso.

Los informes de las empresas auditoras contratadas abundan en señalar los solapamientos entre los entes fiscalizados y otros que ya existentes; muestran un panorama de duplicidades en un mundo impregnado por la digitalización y el adelgazamiento de las estructuras. Señalemos un par de ejemplos.

Hay seis fundaciones con competencias muy similares, todas ellas dependientes de la Consejería de Salud y Familias, y su coste supera largamente los 120 millones de euros anuales. Estas seis fundaciones conviven con otras seis agencias públicas empresariales que operan como centros independientes de decisión de gasto, desaprovechando las ventajas que permiten no solo la gestión unificada, sino fórmulas más flexibles como la contratación consorciada de suministros que luego se puedan compartir eficazmente mediante los modernos sistema de logística en beneficio de los pacientes y de sus familias. Las fundaciones que reciben fondos para la investigación funcionan autónomamente de los departamentos de investigación en ciencias de la salud de las universidades andaluzas en los que trabajan investigadores de gran proyección pero mal pagados.

El segundo ejemplo en la misma línea es el informe de PwC tras evaluar a la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía que también participa en la propiedad de ocho entidades de las que una está en quiebra y otra en liquidación. De la misma Agencia depende el INFOCA, cuyo personal presenta una edad media inadecuada para las funciones que tiene encomendadas. La conclusión del informe auditor no puede ser más claro cuando afirma que la Agencia no ha dado cumplimiento a lo establecido en sus estatutos en lo referente a la planificación y seguimiento de su actividad.

Los gobernantes pueden vivir en un metaverso paralelo al universo real de la calle sin abordar las cuestiones cotidianas. En el primero, la digitalización no permite el adelgazamiento administrativo, ni la reducción de los impuestos que esto permitiría y, lo que es más importante, resolver el desequilibrio de mantener unos servicios infradotados y otros sobredotados. En Andalucía el gobierno regional creo que ha tenido muy cercano el recuerdo del llamamiento a rodear el Parlamento en 2019. Hay que pasar página y eso implica dejar de demonizar maniquea e infantilmente a los posibles socios de gobierno.

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