El presidente Aznar, a finales de su segunda legislatura, promovió sin éxito lo que él mismo denominó la segunda descentralización. Se trataba de contrapesar el enorme poder que habían asumido las comunidades autónomas transfiriendo parte de sus competencias y presupuesto a las entidades locales. Recuerdo perfectamente a la difunta Mercedes de la Merced, entonces figura en alza en el PP, afirmar en la sede sevillana de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, que el siglo XXI sería el siglo de los ayuntamientos españoles. Corría entonces el año 2001 y faltaban casi dos décadas para que el luego presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, instituyese el 4 de diciembre como Día de la bandera de Andalucía.

Aznar contribuyó inequívocamente al empoderamiento –permítaseme el término– del estado de las autonomías. Particularmente importantes fueron las cesiones de parte del control de las infraestructuras de transporte a Cataluña, la retirada de competencias de la Guardia Civil de Tráfico y la cesión del 30 % del IRPF a las CCAA que quisieron asumirlo. Más importante aún que la cesión de ese 30 % que –en definitiva seguía recaudando la Agencia Tributaria– fue la cesión de la capacidad normativa sobre este Impuesto que supone uno de los pilares de nuestro sistema tributario. Las sucesivas reformas del sistema de financiación autonómico no han hecho más que subir el poder fiscal de esta parte de la administración del Estado; un poder que sólo al final intentó diluir sin éxito con su iniciativa de segunda descentralización.

En pleno tránsito acelerado a una España que se aleja del principio básico de garantizar que sus ciudadanos sean iguales en derechos y libres en el ejercicio de los mismos, el partido vencedor de las últimas elecciones generales opta por abanderar el autonomismo igualitario para contrapesar la cesión de privilegios a los territorios en los que el secesionismo campa a sus anchas. Es lo que acaba de hacer el presidente andaluz Moreno Bonilla respaldando una concentración en Sevilla para reivindicar la fecha del 4 de diciembre de 1977 en la que muchos andaluces se echaron a la calle para pedir el acceso al autogobierno en las mismas condiciones que las que se aplicaban a los mal llamados territorios históricos.

El modelo autonómico necesita de una revisión principalmente porque no puede evolucionar a impulsos de las extorsiones secesionistas. Ese camino sólo puede agravar las asimetrías y la rentabilidad del identitarismo periférico como fórmula de éxito en el reparto de las tarta presupuestaria.

Las ampollas que levanta la parte de la tarta presupuestaria que se reparte caprichosamente son de tal magnitud que el Ministerio de Hacienda lleva quince años sin publicar las balanzas fiscales con marchamo oficial. No es sólo una cuestión de discrepancias sobre las metodologías de cálculos –que las hay– es, sobre todo, la persistencia en la política de la tajada presupuestaria para tapar las bocas de los más rebeldes. Una política no sólo injusta y rancia sino, sobre todo, insuficiente para el secesionismo catalán al que sólo imaginan de regreso al marco constitucional quienes andan dopados del relato blanqueador del golpe de 2017.

El presidente Moreno Bonilla logró muy pocos adeptos el pasado domingo en su reivindicación del autonomismo pese a que la convocatoria fue en un barrio tradicionalmente feudo electoral del PP. No se puede blandir como fórmula de contrapoder frente a la amnistía y sus derivadas la reivindicación de un modelo que sigue repartiendo los trenes a capricho, imponiendo niveles de exigencia diferentes a los estudiantes de bachillerato o catalogando como desplazados a los que acuden a un hospital público fuera de su Comunidad Autónoma de residencia.

No es descabellado impulsar una reforma legal que, de la misma forma que se ha concedido la nacionalidad española a los descendientes de los exiliados tras la última guerra civil, permita votar en las elecciones autonómicas a los que tuvieron que salir de ellas amenazados por el tiro en la nuca y la delación de los vecinos que se ganaban así la inmunidad de los terroristas. Estas reformas son de más calado que impostar una vocación autonomista en lugar de afrontar su reforma por la vía de garantizar a los ciudadanos volver a ser libres e iguales.

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