Los dineros y el afecto de Europa

Entre los meses de febrero y abril de este año, la deuda pública española aumentó en más de 35.000 millones de euros. Debe entenderse que la mayor parte del incremento responde al impacto económico de la pandemia. Esta conclusión se deriva del análisis de la evolución de la deuda en los últimos meses de 2019 en los que venía disminuyendo hasta un ligero repunte en diciembre. La deuda se sigue colocando bien y la prima de riesgo sigue estando en niveles extraordinariamente bajos.

Todos los títulos a corto plazo siguen teniendo rentabilidades negativas. Así las cosas, sólo puede concluirse que en este primer golpe de la crisis sobre las finanzas públicas españolas, el mensaje del Banco Central Europeo dispuesto a comprar hasta 750.000 millones de euros sigue siendo suficiente para espantar cualquier sospecha de quiebra (default en la jerga financiera).

Este repunte de la deuda no hace más que acompasar la caída en la recaudación de los principales impuestos consecuencia del confinamiento y cese de actividad económica en la fase más dura. Para el mes de abril la recaudación por IRPF cayó un 13%, los ingresos por Impuesto de Sociedades un 69,5% y los procedentes del IVA un 29,2%. Sólo para este mes y en comparación con los datos de 2019, las caídas anteriores supusieron dejar de ingresar unos 6.500 millones de euros.

Las necesidades de endeudamiento dependerán, naturalmente, de la velocidad de reactivación económica. La incertidumbre es muy alta, pero ya se pueden ver los resultados en aquellas economías que antes salieron del confinamiento. Es el caso, por ejemplo, de China. En el gigante asiático, los niveles de consumo de carbón para generación eléctrica han recuperado prácticamente los que registraron en mayo de 2019. Lo mismo ocurre con el nivel de congestión del tráfico. Sin embargo, el tráfico de contenedores sigue estando muy por debajo del registrado hace un año. La situación naturalmente contrasta con la de los países que ahora están entrando en la fase más aguda de la pandemia, principalmente Hispanoamérica y sur de África.

Sea como fuere, la Comisión Europea anunció la semana pasada su programa de reactivación económica como si de un New deal o “nuevo acuerdo” se tratase. Sea cual sea la necesidad de dinero que España necesite de sus socios comunitarios, es absolutamente necesario conocer los detalles de este anuncio. El diablo siempre habita en los detalles.

Como marco general tengamos en cuenta que la Unión Europea (UE) sufre una “crisis de afecto” de una parte amplia de la ciudadanía. Despachar esta crisis atribuyéndola al auge de los movimientos políticos populistas es de una simpleza extrema pero allá cada cual. En cualquier caso, la Comisión Europea como gobierno de la UE conoce bien esta situación y el precedente del Brexit, así que está poniendo todo su esfuerzo en poner encima de la mesa una gran inyección de dinero para estímulos fiscales pero también una campaña de comunicación que, a veces, roza la propaganda.

Lo primero que no debe pasar inadvertido es que los prometidos 750.000 millones del Plan de Recuperación están asociados al Marco Financiero Plurianual (MFP) que tocaba aprobar ahora y que llevaba atascado desde mucho antes de la Covid-19. Este MFP estará en vigor para el periodo 2021-2027 por lo que, en el mejor de los casos, no se espera ni un solo euro hasta enero del año próximo.

Mientras tanto España, y resto de estados comunitarios, tendrán que aguantar el tirón sobre las espaldas de la deuda pública soberana y el respaldo del Banco Central Europeo dispuesto a dar la orden de imprimir billetes si hace falta.

Lo segundo es que la Comisión necesita que los estados le aprueben aumentar su capacidad de decisión directa sobre el presupuesto de la Unión, que ahora está en el 1,1% de la Renta Nacional Bruta europea, hasta –aproximadamente– el 2%. Pensar que esto es fácil es pecar de ingenuidad, esa ingenuidad que el historiador Alberto G. Ibáñez, piensa que resume el carácter de los españoles.

La ingenuidad noble de Alonso Quijano. Pero si eso no fuese poco, la Comisión aún tiene que lograr el respaldo para su plan de todos los estados miembros y también del Parlamento Europeo.

Bueno, supongamos que ya nos hemos comido los turrones y la Comisión logró sacar adelante su plan. Lo que ha trascendido en los números finos es que a España le corresponderían 77.324 millones en transferencias y 63.122 en créditos. Que los segundos implicarían para nuestro país cumplir con las condiciones del “Memorándum de entendimiento” que se firme para plasmar el acuerdo, no sólo está claro sino que, además, no puede esperarse otra cosa que la denominada “condicionalidad macroeconómica” a cambio de recibir el dinero.

Otra cosa será lo que se nos pida. Ahora bien, que la primera cuantía sería en forma de transferencias a fondo perdido es algo que no encontraríamos ni en la mente del propio Don Quijote, mucho más juicioso que tanto analista todo terreno. Lo más probable es que se vincule a seguir las recomendaciones que dos veces al año publica la Comisión en el denominado"semestre europeo"; documento que todos los países ignoran alegremente y que, para el caso español es muy claro sobre la necesidad de reducir el tamaño de la Administración periférica.

En definitiva, hasta ahora la reputación internacional de España es suficiente para seguir pidiendo prestado con la única garantía soberana de nuestra Nación (y la atenta mirada del BCE desde Frankfurt). El dinero de la UE, de venir, será después de Navidad. Si hace falta y viene, no será a fondo perdido y menos mal que no será así. Todo ello no desmerece en nada los esfuerzos que se están haciendo desde la UE para salir en auxilio de los socios necesitados y de su propia crisis de afecto.