Los costes de la transición a un modelo económico descarbonizado desde el basado en el uso intensivo de combustibles fósiles ha sido el gran tema secuestrado del debate público. El resultado ha sido la conformación de un tipo de «pensamiento de Alicia en el país de las maravillas» según el cual el camino hacia lo medioambientalmente sostenible sólo derivaría ganancias sin incurrir en sacrificio alguno.

Todo proceso de cambio conlleva ganadores y damnificados. Idealmente estaría justificado si lo que ganan los que ganan supera a lo que pierden los que pierden y esto, de forma tramposa, es a lo que se alude cuando se apela al argumento del bien común del proceso. No es que no exista sacrificio, sino que se ocultan los daños eclipsados por las ganancias.

Todo proceso de cambio conlleva ganadores y damnificados

La presidenta de la Comisión Europea accedió a su cargo con el proyecto de desarrollar el Pacto Verde Europeo. Una deriva de este fue la aprobación, recién superada la pandemia, de la estrategia «De la granja a la mesa» diseñada por el entonces vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, sin contar con la opinión del Comisario de Agricultura.

De la cascada de medidas emanadas de esta estrategia con el respaldo de los grandes partidos a nivel europeo y nacional baste espigar, la reducción del uso de los pesticidas químicos en un 50 % con fecha límite en los próximos seis años, la reducción en un 20 % del uso de fertilizantes y alcanzar del objetivo de que la superficie cultivable bajo estándares ecológicos fuese, como mínimo, el 25 % del total, límite que ya superan algunas regiones españolas como Andalucía.

También implicaba un aumento en la burocratización de la labor de agricultores y ganaderos

Pero la reforma orientada a promover una agricultura medioambientalmente menos contaminante también implicaba un aumento en la burocratización de la labor de agricultores y ganaderos, burocratización que en buena medida tenían que externalizar incorporando costes adicionales de producción o bien lograr que se atendiesen a través de organizaciones profesionales.

La guerra entre Rusia y Ucrania y, previa a ella, la escalada del precio del gas natural desencadenó un cambio en los costes de producción imposibles de prever en la planificación hecha por Bruselas. La fabricación de piensos necesita de un fuerte consumo energético para el secado del maíz previo a la molienda, la fabricación de fertilizantes también es muy demandante de energía y la producción de urea -clave en la fabricación de fertilizantes- está muy dominada por Rusia.

Casi todos los agentes de la cadena agroalimentaria han ido repercutiendo los mayores costes de producción hasta el consumidor final

De manera desigual, casi todos los agentes de la cadena agroalimentaria desde los que están a pie de árbol hasta los propietarios de las grandes cadenas de supermercados han ido repercutiendo los mayores costes de producción hasta el consumidor final. De esta forma, entre junio de 2021 (poco antes de la subida del precio del gas natural) y enero de 2024 (último dato disponible), el precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas subió en España un 28,1%.

Así es; el espejismo de tener ahora una inflación mensual en torno al 3 % no nos puede confundir con el hecho de que todos los incrementos de precio, por moderados que ahora sean, son acumulativos. La cesta de la compra no es ahora un 3% más cara que antes de la invasión de Ucrania o el reciente conflicto en el Mar Rojo; su incremento de precio es fruto del acumulado de todas las subidas anteriores.

La cesta de la compra no es ahora un 3% más cara que antes; su incremento de precio es fruto del acumulado de todas las subidas anteriores

Sin embargo, la situación de los precios de la energía es muy diferente. La variación acumulada para el mismo periodo de tiempo es del 2,49% como resultado de la menor demanda, la caída del precio del gas natural y la mayor aportación de energías renovables. Junto a ello, los indicadores que ofrece la FAO (la agencia de las Naciones Unidas que lidera el esfuerzo internacional para poner fin al hambre en el mundo) advierten de la caída en el precio de las materias primas agrícolas a excepción del aceite. También hay datos de la caída de muchos componentes químicos utilizados en la fabricación de fertilizantes.

No existe pues una razón económica que no justifique la bajada del precio final de los alimentos una vez que elementos clave del incremento de sus costes de producción han vuelto a sus valores habituales. Esto, sin embargo, no ha ocurrido con los precios percibidos por los agricultores y ganaderos que compiten con productores ubicados en países con estándares medioambientales mucho más bajos y con precios casi nulos para el uso del agua. Así ocurre en Marruecos a donde ya se desplazaron importantes corporaciones agrícolas francesas y europeas. VOX pidió en 2021 la suspensión de la aplicación de este acuerdo. Ahora está por ver si el siguiente desafío es competir también es desigualdad de condiciones con los países miembros del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). El primer ministro irlandés ya se ha sumado a la posición francesa de no ratificar este acuerdo firmado con la Unión Europea en 2019.

No existe una razón económica que no justifique la bajada del precio final de los alimentos

No se puede seguir secuestrando del debate el hecho cierto de que las personas no estamos tan dispuestas a pagar como consumidores lo que exigimos como ciudadanos. Pedimos estándares de calidad medioambiental muy elevados, pero no estamos dispuestos a retribuir el trabajo de quien nos tiene que poner de comer en nuestra mesa. El primer eslabón de la cadena agroalimentaria está diciendo basta. Lo dice incluso en naciones como la nuestra en la que la tasa de riesgo de pobreza y exclusión afecta a un 28,3 % de los niños, es decir, a 2,2 millones. En el mismo país en el se aceptó reducir la producción de leche y el sacrificio el ganado vacuno.