Las viejas economías europeas han entrado en un proceso de atonía que se prevé alcance no sólo este año, sino también al próximo. España apenas resiste con un pulso económico algo superior, aunque instituciones como el FMI han revisado a la baja la estimación de crecimiento para 2023 rebajándola hasta un nimio 1,7 %, una décima por debajo de la última predicción de consenso publicada por el servicio de estudios de la Fundación de las Cajas de Ahorro, FUNCAS.

Hasta ahora, tanto antes como tras la reapertura de la economía post covid, nuestra economía había venido creciendo empujada principalmente por la incorporación de nuevos trabajadores al mercado de trabajo. En no poca medida se había consolidado el modelo de los «minijobs» con los que muchos jóvenes estudiantes compatibilizan sus estudios con trabajos a tiempo parcial. La realidad no era diferente para muchas personas de edad avanzada ni tampoco para la multitud de riders.

Sin embargo, la economía española sigue arrastrando un severo problema de baja productividad. Javier García Arenas, analista económico de Caixabank Research, señalaba recientemente que, en 2022, el PIB nominal por hora trabajada en España era un 76 % del valor registrado en la eurozona y solamente el 63 % de Alemania. Más preocupante –insistía– era constatar que esta brecha apenas se ha reducido en las últimas dos décadas, pues en el año 2000 el PIB por hora trabajada español era un 74 % del valor registrado en la eurozona y el 61 % del de Alemania.

La productividad es una variable viscosa. Un término que se invoca a menudo pero que se deja medir con dificultad. Las discrepancias en su cálculo parece que le costaron el puesto a la anterior responsable de la oficina nacional estadística; el INE. Sea como fuere, nuestra baja productividad tiene tres explicaciones y sobre ellas se debería actuar, al menos quienes seguimos convencidos del sugestivo proyecto de vida en común que supone España de la que su economía es sólo una parte.

Las tres explicaciones las encontramos en un déficit de formación en empleados y empleadores cuando nos miramos en el espejo de las economías más productivas, en la escasa dimensión de la mayor parte del ecosistema empresarial nacional y en la falta de innovación. Esto último va más allá de la simple inversión en nuevos equipos productivos y trasciende al propio diseño de los procesos de gestión y comerciales.

En su informe anual para 2022, el Banco de España analizó detenidamente el déficit formativo existente en empleados y empleadores. El 35,2 % de los autónomos, el 32,9 % de los empleadores y el 28,5 % de los trabajadores por cuenta ajena tenían un nivel de estudios por debajo de nuestros socios europeos más aventajados. Especialmente grave es lo que ocurre con los trabajadores por cuenta ajena a pesar de que las cifras parecen las menos malas. Es grave por el severo problema de subempleo que anida en los trabajos desempeñados. Una parte muy alta de los trabajadores españoles tienen un grado universitario, pero el trabajo que desempeñan no lo necesita. En otros términos, realizan una tarea profesional que está por debajo de su cualificación o bien, y esto no es tampoco menor, obtuvieron un grado universitario muy alejado de las necesidades de la empresa.

Es interesante oír al analista Fernando Cocho cuando compara nuestro sistema educativo con el de dos países con sistemas políticos muy diferentes –China y Corea del Sur– pero con un inequívoco éxito. Ambos sistemas educativos culminan en los exámenes de acceso a la universidad conocidos como Gaokao en China y suneung en Corea del Sur. Hay una gran cantidad de personal de la administración responsable de la captación de talento y en su búsqueda llegan hasta la última aldea. Los estudiantes se preparan con dureza hasta acceder a la universidad y se cuentan por decenas de miles los que luego pasan unos años en los mejores campus universitarios del resto del mundo. La guerra de China, a diferencia de la de Rusia, señala Cocho, es una guerra económica y no militar. Una guerra desplegada sin prisa por un país que se declara constitucionalmente como una dictadura democrática del pueblo en la que Occidente decidió poner la mayor parte de su industria manufacturera.

La muy limitada dimensión empresarial de la mayoría de las empresas españolas hace muy difícil mejorar sus niveles de productividad. Es, no obstante, un problema complejo que excede de los límites de esta columna.

En cambio, sí procede un comentario más extendido sobre la innovación que las empresas requieren. No sólo se trata de incorporar mejores equipos productivos tecnológicamente avanzados. En muy pocos años hemos pasado de hablar de la segunda oleada de la robotización a unos procesos productivos cruzados enteramente por la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA). Según la revista The Economist, pocos puestos de trabajo están al margen de los cambios introducidos por la IA. Los más expuestos son el comercio de mercancías, el sector de los seguros y de intermediación financiera, la publicidad y el procesamiento de datos. Curiosamente, hasta hace poco, las tareas menos amenazadas por los procesos de robotización eran las que exigían un trato más directo y personal con el cliente.

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