Lo que haga falta

Como miles de compatriotas oí el pasado día 17 la comparecencia del presidente del Gobierno de la Nación anunciando las medidas económicas extraordinarias aprobadas ese día para hacer frente al impacto de la pandemia del COVID.19.

La cifra de 200.000 millones de euros (M €) anunciada como suma de los recursos movilizados no tenía precedentes como bien enfatizaba el presidente Sánchez. Puesto en perspectiva, la cifra impresiona. Por ejemplo, Pablo Pardo aportaba el siguiente dato en un artículo reciente: en la crisis de 2008 - 2009, el estímulo fiscal en las 39 economías más avanzadas del mundo (los miembros de la OCDE) equivalió al 3.4% de su PIB. Eso supuso unos 900.000 M de dólares (750.000 M €).

Así las cosas, la cifra anunciada sólo por el gobierno español ya alcanzaba casi el 27 % del total del estímulo fiscal de toda la OCDE. Sin embargo y como es sabido, la crisis de 2008-2009 se superó con inyecciones de dinero de la mano de la política monetaria, no de la política fiscal. Estas inyecciones de dinero mucho más cuantiosas no estarían muy lejos del 25 % del PIB de toda la Unión Europea.

Pero el consenso de los analistas ahora es que proceden las medidas de estímulo fiscal y no monetario porque el origen de la crisis económica es una reducción súbita de la oferta en lugar de una crisis de liquidez y solvencia financiera. Está por ver si ésta vendrá o no; todo dependerá del éxito en aplanar la curva de recesión lo que sólo se logrará después de aplanar la curva de contagios.

Las medidas regulatorias acordadas después de la última crisis, como los requerimientos de liquidez y capital (los denominados acuerdos de Basilea III), deben haber fortalecido la capacidad de resistencia de los bancos.

¿Cómo de creíble es la cifra de los 200.000 M €? El presidente la enfatizó marcadamente y la web de La Moncloa permite acceder no sólo a la comparecencia sino también a la transcripción de la misma.

Literalmente dijo les anuncio que vamos a movilizar hasta 200.000 millones de euros, repito la cifra, 200.000 millones de euros, cerca de un 20% de nuestro PIB. En puridad y con datos de 2018, la cifra representa el 16.63 % del PIB.

Inmediatamente después el presidente aclaró que de la cifra total, 117.000 M € eran recursos públicos y el resto, privados.

Una matización importante que merece analizarla detenidamente. Para salir de dudas hay que leer detenidamente el Real Decreto.

En primer lugar, refuerza en 300 millones de euros el presupuesto del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para financiar un Fondo Social Extraordinario, pero en su comparecencia habló de 600 M €.

Para que ambas cifras casen tendría que ocurrir que el permiso concedido a los ayuntamientos para usar su superávits de 2019 coincidiese con un monto total de 300 M €, pero esa cifra no aparece en el Real Decreto-ley.

Más adelante, la medida anuncia que se prevé dotar a las PYMEs de una financiación de hasta 200 M € a través del Instituto de Crédito Oficial para atender las necesidades financieras para la dotación de soluciones de trabajo no presencial.

Aún estamos muy lejos de sumar 200.000 M € pero no deja de ser una medida de momento bien orientada. Escribo de momento porque, como ha señalado la economista Lidia Brun, es evidente que habrá costes generalizados, y la pregunta del millón es cómo se repartirán. Por ejemplo, los trabajadores con mayores sueldos tienen más posibilidad de tele-trabajar que los trabajadores con empleos físicos y presenciales, que suelen estar peor pagados.

La gran cifra del Real Decreto-ley de medidas económicas está en la creación de una línea de avales y garantías públicas por un valor de hasta 100.000 M €. Según el presidente esto permitirá movilizar entre 150 mil y 200 mil M € en nuestro sistema económico si también incorporamos al sector privado.

Esta es la única vez que aparece la cifra de los 200.000 M €, esto es, sólo en la comparecencia pero no en el Real Decreto.

Pero lo anterior no significa que el Estado vaya a gastarse menos o, dicho de otra forma, esté sólo anunciando una medida principalmente pirotécnica. La cantidad puede ser, muy probablemente, mayor. Por ejemplo, además de facilitar la tramitación de los ERTEs (las pérdidas de actividad consecuencia del COVID-19 tendrán la consideración de fuerza mayor), se garantiza a los trabajadores con contratos suspendidos el acceso a la prestación contributiva por desempleo, aunque carezcan del periodo de cotización necesario para tener acceso a ella.

Esto va a impactar inequívocamente sobre el gasto en prestaciones por desempleo. Aproximadamente cada trabajador recibirá en los primeros meses un 70 % de su sueldo. Un dato curioso nos puede avisar de la magnitud de este impacto; la búsqueda en Google en EE.UU. de “prestaciones por desempleo” (“unemployment benefits”) se disparó la semana pasada.

La otra medida que puede empequeñecer los 200.000 M € es la cantidad de ingresos que el Estado dejará de percibir por las bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social.

En los casos de fuerza mayor se exonera a las empresas del pago del 75% de la aportación empresarial a la Seguridad Social alcanzando dicha exoneración el 100% de la cuota cuando se trate de empresas de menos de 50 trabajadores.

Por último y menos impreciso, está por determinar la cuantía y la forma en la que el Estado compensará a las empresas a las que ha prohibido cortar el suministro a los colectivos vulnerables. Literalmente, durante el mes siguiente a la entrada en vigor del Real Decreto-ley los suministradores de energía eléctrica, gas natural y agua no podrán suspender el suministro a aquellos consumidores vulnerables.

Es posible suponer –nadie ha dicho lo contrario– que los recursos privados que iba a movilizar el gobierno (83.000 M €) respondieran a una estimación del coste de prestar estos servicios.

En definitiva, el grueso de las medidas anunciadas es el aval público de hasta 100.000 M € para operaciones de financiación empresarial. En esta línea, los economistas Antonia Díaz y Luís Puch proponen incentivar a las empresas para que se extiendan crédito entre sí y se den moratorias de pagos, con el aval del Estado.

En otras palabras, escribe Lidia Brun, que todos aquellos agentes económicos que puedan permitírselo digan ‘tranquilo, ya me pagarás cuando todo esto amaine’.

Sobre cómo se pagará todo esto, parece que la mutualización entre todos los países de la Unión Europea de los costes transitorios y la movilización de recursos comunitarios es lo más razonable habida cuenta de la repercusión difusa de los efectos del CIVID-19.

El gobernador del Banco de España y miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, Hernández de Cos, ya ha propuesto “un refuerzo de las herramientas comunes de compartición del riesgo presupuestario de los países individuales." Podría hacerse a través de la emisión de eurobonos a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad (Mede) una vez ampliado su capital (actualmente de 60.000 M €).

En definitiva, el gobierno ha querido mandar un mensaje contundente; “hacer todo lo que haga falta, cuando haga falta y donde haga falta hasta parar al virus, hasta vencer al virus.” Un mensaje que recuerda inevitablemente al whatever it takes de Mario Draghi en plena crisis del euro.

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