En 2021 se publicó el Capítulo 4 del Sexto Informe de Evaluación del Grupo de trabajo 1 del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés). Este grupo de expertos sobre el Cambio Climático fue creado en 1988 para facilitar evaluaciones integrales del estado de los conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos sobre el cambio climático, sus causas, posibles repercusiones y estrategias de respuesta. En definitiva es el panel de expertos responsable de aportar bases científicas –con sus márgenes de error correspondientes– para sostener las medidas de lucha contra el cambio climático. Unas medidas sumamente difíciles de acordar por la cantidad de estados implicados y por sus diferentes prioridades ante la misma cuestión. El IPCC no es el único grupo de científicos que investiga sobre esta cuestión pero sí es quien escribe la narrativa principal o «mainstream» de la lucha contra el calentamiento global y el cambio climático.

La publicación a la que nos referimos evalúa simulaciones del futuro cambio climático global, abarcando horizontes temporales desde el corto plazo (2021–2040), mediano plazo (2041–2060) y largo plazo (2081–2100) hasta el año 2300. Los cambios se evalúan en relación tanto al pasado reciente (1995-2014) como a la aproximación de 1850-1900 al período preindustrial. Aunque en cada casa miremos principalmente a nuestra zona, la perspectiva global del informe sostiene que todas las regiones del mundo experimentarán más cambios climáticos, y estos cambios serán diferentes dependiendo de la ubicación.

Para aterrizar las conclusiones y acercarlas al mapa de España, en un escenario en el que se asuma una subida de temperaturas de +1,5 º C, las precipitaciones disminuirán un 10% desde la meseta hacia el norte de España y hasta un 20 % en la mitad septentrional. Las disminuciones se expresan con respecto a los registros del periodo 1850-1900 y así se muestra en la página 12 del documento resumen de este capítulo.

Las elevadas temperaturas y escasas precipitaciones que se vienen registrando en España desde hace al menos tres años consecutivos, hace que interpretemos estos cambios meteorológicos (fenómenos atmosféricos a corto plazo) con la certeza de que también son cambios climáticos (patrones de los fenómenos atmosféricos a largo plazo). Da la impresión de que los cambios meteorológicos avanzan tan rápidamente hacia las predicciones de expertos como el IPCC que es fácil atribuirles un cierto paralelismo con la velocidad a la que avanza la Inteligencia Artificial. Buena parte de la humanidad vive desbordada por la rapidez de estos cambios disruptivos y, desde el ámbito local español no se entienden, por ejemplo, las demoliciones de embalses y presas.

El último episodio es la programada demolición de la presa de Valdecaballeros (Badajoz), asociada a una central nuclear que no llegó a construirse. En este caso se trata de una gran infraestructura hídrica con una capacidad de embalse de 70 hm3. Es posible que la demolición de esta presa se detenga por la fuerte opinión pública en contra pero son muchas las demoliciones ya consumadas. Dos ejemplos ilustrativos son las presas de Yecla (Salamanca) y Anllarinos (León).

Yecla era una presa asociada a un aprovechamiento hidroeléctrico que llevaba 20 años abandonada. Las confederaciones hidrográficas a cargo de su gestión temen a las presas abandonadas porque si ocurre algo, se convierten en responsables. La falta de inversión en su mantenimiento hizo que aunque hubieron protestas por parte de los vecinos que usaban el agua para dar de beber al ganado, la presa comenzó a demolerse en 2018.

Anllarinos era otra pequeña presa, propiedad de Iberdrola, asociada a una central térmica de carbón. La empresa cerró y solicitó la demolición a la Confederación. En febrero de 2021 se iniciaron los trabajos de demolición de la presa que se llevará a cabo en varias fases y está prevista que finalice en 2023.

La paradoja que envuelve a esta reivindicación en pro de embalses, presas y represas y que cuenta con un fuerte respaldo social es que viene liderada por vectores políticos y profesionales que niegan las previsiones de instituciones como el IPCC. Esta contradicción debe ser resuelta en aras de una hoja de ruta de solidaridad hídrica en todo el territorio nacional; una hoja de ruta para la que la administración territorial del Estado compartimentadas en autonomías es un obstáculo pero no es el único. Las lecturas ideológicas de evidencias científicas no son un obstáculo menor.

Con la prudencia debida, estaría bien releer la literatura que advierte de que las guerras futuras incluirán la pugna por el agua entre sus detonantes. El mismísimo Samuel P. Huntington también argumentaba en su obra «El choque de las civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial» que la competencia por los recursos naturales es una fuente importante de conflictos internacionales, aunque su libro se centra principalmente en las tensiones culturales y religiosas. Otros autores como Michael T. Klare, Caspar Weinberger y Peter Schweizer o Erik Gartzke y Alex Braithwaite han advertido sobre lo mismo.

Finalmente, el debate sobre las infraestructuras hidráulicas en España está ideológicamente salpicado por quienes, dueños de una interpretación sectaria de la Historia reciente, la etiquetan de franquista. No es en absoluto cierto. En primer lugar, cada infraestructura hidráulica obedece a un propósito principal (abastecimiento poblacional, agrario, hidroeléctrico, etc) y, en segundo lugar pero no menos importante, el ingeniero José Luis Márquez en un reciente y recomendable artículo recordaba que las principales obras hidráulicas ejecutadas por los gobiernos de Franco hundían sus raíces y diseños en los planteamientos regerenacionistas que influyeron en los gobiernos del General Primo de Rivera y en el programa de obras públicas de la II República. España necesita superar barreras administrativas e ideológicas para encontrar una solución eficaz y sostenible a la escasez de agua.

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