Muy probablemente a España se le aplicará el denominado protocolo de déficit público excesivo a petición de la Comisión Europea. Se aplicaría en 2024 y su exigencia parece que será suave y progresiva. Las reglas de estabilidad presupuestaria, al menos sobre el papel, no permiten que los países miembros de la Unión Europea (UE) presenten unas cuentas públicas con un déficit superior al 3 % del PIB ni una deuda pública que sobrepase el 60%. En la práctica sólo opera el primero de los requisitos pues, dado el elevado endeudamiento público de los países miembros, lo que en realidad se pide es que se comprometan a ir reduciendo progresivamente la carga de la deuda.

El calendario de aplicación de esta disciplina fiscal es el siguiente. Se tomará como punto de partida en el presupuesto que se está ejecutando o llevando a la práctica este mismo año 2023. Luego se esperará a los datos de liquidación o gasto efectivo en otoño de este mismo año. Con esa información que los países miembros remitan a la Comisión, ésta irá preparando su decisión que hará pública en la primavera del año próximo. En ese momento, para todos los países con un déficit público por encima del 3 %, la Comisión pedirá al Consejo Europeo que se le aplique el protocolo de déficit excesivo para que reduzca el desequilibrio entre ingresos y gastos.

En este momento, y tomando en cuenta los datos publicados por la Autoridad Fiscal Independiente (AIReF), España cerró 2022 con un déficit público del 4,5 % del PIB. Haciendo el ejercicio de suponer una situación similar para 2023, esto obliga a corregir a la baja un descuadre del 1,5 % del PIB. Llevado a euros contantes y sonantes, hay que reducir un exceso de gasto de casi 20.000 millones de euros (M€), y para ello hay tres vías que se pueden recorrer en solitario o bien un poco de cada una de ellas. La primera es esperar a que el PIB crezca y ello, automáticamente, aumente la recaudación de impuestos y la reducción de gastos (por ejemplo, los asociados a la prestación por desempleo). La segunda es aumentar los impuestos (o reducir las rebajas fiscales tomadas para paliar los efectos de la crisis energética). La tercera es reducir el gasto público.

Poco se espera del repunte del PIB, ya que se estima un crecimiento pírrico del 1,6 % para 2023. Si bien se espanta el fantasma de la recesión, se hace agarrándose a los fondos extraordinarios del Plan de Recuperación financiado por la UE, aunque con el freno de una fuerte subida de los tipos de interés que parece estar embridando la inflación.

La subida de los impuestos ocupa más espacio en tertulias y mítines que en los números del presupuesto de ingresos públicos para 2023. Pongamos algunos ejemplos. El nuevo Impuesto sobre las Transacciones Financieras sólo espera recaudar 335 M €. Otra novedad es el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, del que el Gobierno espera obtener 285 M €. La subida en dos puntos en el Impuesto sobre las primas de seguros aumentará la recaudación en 287,6 M€ si se compara con la cifra de 2021. También hay modificaciones en el impuesto sobre la Renta y en el de Sociedades, aunque éste último camina coordinadamente hacia el tipo común del 15 % recomendado por el G20. Por último, pero no menos importante, el mediático Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas no tiene previsto recaudar ni un solo céntimo en 2023.

El tercero de los caminos, reducir el gasto público, no parece estar dispuesto a recorrerse. La sociedad española cada vez es más paternalista y el auxilio prestado por el Estado tanto en la crisis financiera de 2008 como en la pandemia, no hace más que reforzar esta demanda de protección. Incluso la reivindicación de una revisión de la organización administrativa del Estado que permita evitar las duplicidades de gasto han sido aparcadas por todos los partidos con representación parlamentaria a excepción del que lidera Santiago Abascal.

El Gobierno español tiene previsto cumplir con el límite de déficit público en 2025, año para el que espera situarlo en el 2,9 % del PIB. En mitad de esto tendrá que revertir las rebajas fiscales puestas en marcha para paliar la crisis energética y la subida de precios y esperar que las turbulencias financieras no obliguen a realizar rescates bancarios o a recrecer el banco malo, la SAREB, ahora pilar clave de una Ley de Vivienda que, aún siendo importante, es menos ambiciosa que la creación en 1939 del Instituto Nacional de la Vivienda.

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