A fuerza de denuncias y llamadas de atención en muy diferentes foros, ha calado en la opinión pública interesada la idea de que las administraciones españolas ejecutan mal los fondos europeos. Es cierto que cuando se salta de esta idea general a la información más precisa, tanto los políticos como los opinadores todoterreno entran de lleno en el campo de la imprecisión y del brochazo grueso. Una pena dada la magnitud de estos fondos que, con frecuencia se desaprovechan. Precisamente este riesgo es el que se cierne sobre los fondos Next Generation UE (NGUE). Es un riesgo fundado pues, antes de su recepción, España ya venía de una muy mala gestión de los fondos comunitarios emanados del marco presupuestario 2014-2020; con millones de euros sin ejecutar y devueltos a Bruselas.

Los fondos NGUE suponen entregar dinero a los países miembros de la UE a cambio de reformas orientadas a la convergencia de las economías tras la pandemia. Sin embargo, tomando como referencia el PIB por persona en edad de trabajar (lo que permite tener una idea robusta de la capacidad potencial de las economías), la economía española muestra un comportamiento muy preocupante. En los últimos quince años España ha ido separándose de la media de las siete economías europeas más avanzadas. Desde una posición en 2007 que se situaba unos cinco puntos por encima de la media hemos pasado a estar –en la actualidad– trece puntos por debajo. Los datos los aporta Rafael Domenech, economista jefe de BBVA Research y uno de los mejores profesionales en España. En definitiva, hemos perdido diecisiete puntos de convergencia en quince años; más de un punto por año.

Tras tres años de ejecución de fondos NGUE, no se aprecia ningún cambio estructural en las tendencias de la economía española

Tras tres años de ejecución de fondos NGUE, no se aprecia ningún cambio estructural en las tendencias de la economía española; nuestro crecimiento económico se ha basado en la fuerte recepción de población extranjera. La evolución de la productividad es un ejemplo de estos cambios estructurales que no acaban de aparecer. Así, si medimos la productividad en términos de PIB por hora trabajada, si en 2020 el valor era 100 ahora apenas alcanza un valor de 100,8. Peor es el registro que muestra la productividad cuando se mide como el cociente entre el PIB y el número de ocupados, bajando del valor de 100 antes de la pandemia al de 98,6 en el último trimestre del año pasado y todo esto con una aceleración en los procesos de digitalización empresarial.

Aunque las convocatorias publicadas suman unos 50.000 millones de euros (M€), en términos de PIB el volumen de fondos asignado en forma de subvenciones o licitaciones representaría el 2,4 % (unos 34.000 M€). Hasta ahora las estimaciones del BBVA Research señalan que nuestro PIB está un 1,5 % por encima del valor que tomaría de no haberse recibido los fondos NGUE. Esto significa que el multiplicador fiscal de los fondos recibidos no ha sido de 2,4 euros por cada euro recibido sino sólo 1,5. La explicación puede muy bien estar en que los fondos aun habiéndose adjudicado en forma de subvenciones o licitaciones, no necesariamente se han ejecutado.

ADIF es la entidad con más volumen de fondos adjudicados pero eso no significa que se hayan ejecutado

Por ejemplo, ADIF es la entidad con más volumen de fondos adjudicados –unos 6.000 millones– pero eso no significa que se hayan ejecutado. Para eso hay que esperar al desarrollo de los planes de inversión hasta que el dinero llegue a las empresas y trabajadores que ejecutarán las actuaciones en materia de infraestructuras ferroviarias.

El ejemplo anterior ayuda a explicar una de las mayores paradojas en torno a los NGUE. La paradoja se deriva del hecho de que aun siendo esencialmente estos fondos recursos destinados a la inversión, esta variable es la que peor comportamiento registra en la economía española situándose más de cinco puntos por debajo del nivel que tenía antes de la pandemia.

En definitiva, es muy difícil conocer el grado efectivo de ejecución. El Ministerio de Hacienda no publica números de ejecución presupuestaria por lo que el Ministerio de Economía y otras tres entidades (la AIREF, BBVA Research y ESADE) han tenido que desarrollar herramientas para estimar el grado de ejecución de los fondos recibidos. Las cuatro instituciones construyen la información sobre la ejecución presupuestaria haciendo «web scraping» en las páginas web que publican información oficial sobre esta materia. El web scraping permite extraer contenidos y datos de sitios web mediante software que permite diseñar actividades de extracción robotizada de resolución de adjudicación de subvenciones y concesión de licitaciones cuyos fondos proceden de los NGUE. En el caso de las licitaciones, por ejemplo, los datos aparecen publicados de manera dispersa en unas diez páginas web oficiales diferentes según explica Manuel Alejandro Hidalgo, otro excelente economista miembro del Observatorio Económico de Andalucía y profesor de la Universidad Pablo de Olavide.

El Ministerio de Hacienda no publica números de ejecución presupuestaria

La calidad de nuestra administración pública se vería beneficiada si en el debate público se diese un paso más allá de la fundada percepción de que ejecutamos mal los fondos que recibidos. Un paso que permitiera a profesionales, comunicadores y políticos descender de esa idea general a los casos concretos de retrasos en la ejecución. Sin duda, ello redundaría en beneficio de la calidad del gobierno de los recursos públicos.