Con cinco céntimos por bolsa de basura monouso la Administración pública andaluza modificó los hábitos de compra rutinarios de miles de ciudadanos. Con la creación del impuesto sobre las bolsas de plástico de un solo uso en 2010, la Administración regional hacía eso tan arraigado entre los economistas de enviar a los consumidores una «señal de precio» para inducir a un cambio de hábitos. El cambio no era otro que traernos de casa al supermercado unas grandes bolsas resistentes y reutilizables para transportar las compras. Todo a costa de ahorrarse cinco céntimos por unas bolsas cuya fabricación, en última instancia, requería del uso de crudo de petróleo. Recuerdo con cuánto entusiasmo hablaba de la medida Vicente de la Oliva, alto funcionario de la Junta de Andalucía y excelente profesor del Departamento de Análisis Económico de la Universidad Hispalense.

La reforma de la tarifa eléctrica es otra de esas medidas que busca modificar masivamente conductas de los ciudadanos en el consumo de electricidad por la «vía precio». Es un acto de intervencionismo muy acentuado impulsado por la ministra Teresa Ribera de la que nadie puede decir que mienta. Es una convencida de la necesidad de luchar contra el cambio climático y en ello se afana con todo su empeño desde antes de entrar en un gobierno apoyado en los votos de quienes tienen en el frontispicio de su programa político, la ruptura de un Estado cuyo Gobierno sostienen. Antes de la entrada en vigor este primer día de junio del nuevo sistema de tarifas, el mayor componente de la siempre difícil factura eléctrica era la potencia contratada por los pequeños consumidores de electricidad (familias y micro pymes). El precio de la electricidad determinaba apenas el 23% del coste final para una familia con tarifa sin discriminación horaria y un 33% con discriminación horaria. El resto venía marcado por el muy complejo «componente regulado» de la factura, un conglomerado de cargos que lo mismo sirven para financiar la red de transporte de la electricidad, las primas a las energías renovables o la amortización del antiguo déficit tarifario. Sólo para las grandes empresas con contratos de suministro de alta tensión, la «señal» del precio de la electricidad era determinante pues podía llegar a representar más del 60% de su factura.

La situación de partida era clara; si el Gobierno quería cambiar la conducta de los consumidores en función de los precios, tenía que cambiar el peso en la factura de aquello sobre lo que los consumidores pueden tomar decisiones de forma que se comporten en el «sentido correcto». ¿Cuál es el «sentido correcto»? Pues lograr que los consumidores no se conecten todos a la vez para ahorrarse inversiones en redes. De esta forma se logra: uno, que la mayoría del consumo final de energía sea eléctrica pues es la más fácil de generar con fuentes renovables; dos, que para ello no se requiera desplegar una tupida pero costosa red de transporte y distribución de electricidad; y tres, que el consumo se distribuya «eficientemente» a lo largo de las 24 horas de día. Con esto último se evitan picos de demanda que obliguen a entrar en producción a las centrales generadoras más caras. Todo lo anterior acompañado del cierre de la mayor parte de centrales nucleares en producción cuyos costes de inversión están sobradamente amortizados y que suministran una electricidad barata y segura. Sí, segura. Con la reforma se amplía la parte de la factura sobre la que los consumidores pueden actuar y con ello se abre espacio el poder «seductor» del precio. Ahora todos los pequeños consumidores (familias y pymes) tienen la misma tarifa y todos la tienen discriminada con precios diferentes según sea horario pico, valle o llano. En definitiva, salvo que usted esté manejando la factura de una gran empresa, tendrá en sus manos una factura con dos opciones para la potencia contratada o «términos de potencia» y, además, para reforzar la importancia o «señal» del precio, tendrá tres precios distintos o «términos de energía». Aparte está el tratamiento para quienes tengan que recargar un coche eléctrico.

La reforma del Gobierno es marcadamente intervencionista. Nada se deja al cambio de hábitos a partir de la concienciación ecológica de los ciudadanos; en principio esto hubiese bastado pero una cosa es predicar y otra dar trigo. Así que el cambio de hábitos vendrá del susurro o del grito de los decibelios de la lavadora o de los olores del horno eléctricos, dos de los electrodomésticos que mejor pueden programarse para su funcionamiento en horas valle con término de potencia reducido.