Las instituciones internacionales, los estados nacionales, los partidos políticos, las entidades públicas y privadas, los medios de comunicación social… todos demandan reformas. Unos pretenden fundamentarlas en la propia evolución acelerada de la sociedad en que vivimos (avances científicos, conciencia reciente de las desigualdades, cambio profundo de la economía competencial). Otros se basan en hechos concretos y más inmediatos. Como son el cambio climático, el brexit, la emigración masiva y desbordante, la pandemia, la crisis económica, los cambios demográficos, la invasión tecnológica especialmente en la información…

Hay también quien sectariamente utiliza estas realidades para clamando por una de ellas, ignorar otras o para promover reformas que poco tienen que ver con las realidades que lícitamente las reclaman, si no con aquellas que pretenden implantar desde sus dogmas partitocráticos o sus intereses parciales.

En España una de las reformas ineludibles, a parte de la solvencia sanitaria, las pensiones, la fiscalidad (para bajarla y no para subirla la que afecta a las empresas y las clases trabajadoras), el reforzamiento de la unidad nacional, la plena vigencia de la Constitución, la independencia de los poderes del Estado (legislativo y judicial) de los partidos y del ejecutivo…, está la reforma de la Administracion Publica, a la que dado el bosque intrincado de intereses, casi nadie se refiere y todos tratan de eludir.

Efectivamente la administración pública (estatal, autonómica, provincial, comarcal, local y paralela) es un laberinto de obstáculos para el administrado, con cientos de trámites, muchos de ellos inventados para justificar su existencia, duplicados a diferentes niveles, a veces contradictorios.

Cada nivel administrativo para justificar su función y realizar su afán intervencionista ha ido creciendo y creando organismos, a veces duplicados y otras invadiendo competencias ajenas e incluso la «libertad de empresa, en el marco de la economía de mercado» que establece nuestra constitución y la legislación comunitaria en que estamos integrados.

Así se han llegado a constituir para cada cargo, el duplicado de «vice», «sub», «adjunto», miles de cargos directivos de confianza siempre de libre designación, gabinetes de apoyo, y por si faltaba poco de «asesores». No son más que sistemas de colocación de afines, rompiendo la jerarquización y profesionalidad de los funcionarios de carrera.

Pero aún esto no es suficiente y entonces se crea una administración paralela a través de empresas públicas, semipúblicas, participadas, subvencionadas, etc. a todos los niveles, las hay municipales, autonómicas, estatales, universitarias… naturalmente de libre designación, la mayor parte de ellas innecesarias y deficitarias que terminan gravando el erario público.

Por si fuera poco esto se completa con el sistema de libertad y autonomía para conceder subvenciones clientelares. Para ello basta con crear una ONG, fundación, asociación por un grupo conectado con el partido en el poder.

Así se da el caso de que un organismo público otorgue subvenciones a entidades anticonstitucionales o contrarias a la identidad que deben representar. Actitud que no solo niega la identidad, si no inclusive la realidad de las infraestructuras lógicas ejemplo  la oposición a la ampliación del puerto de Valencia mientras se jalea la de Barcelona o la demora del Corredor Mediterráneo, o la de la autopista Valencia–Lisboa, que articularían España.

Lo lógico sería que, si esas entidades no tienen afán de lucro y su fin es colaborar al bien común, se financiaran con la cuota y aportaciones de sus afiliados y ello fuera de aplicación a los partidos políticos, los sindicatos, las ONG, las fundaciones, etc. Eso si que supondría una aportación muy importante a los presupuestos del Estado.

Todo ello se agrava por la multiplicidad y la falta de control de los centros que pueden autorizar gastos, pues aunque en algunos casos existe el límite de que no sobrepase cierta cantidad, ese límite se suele burlar, por ejemplo parcelando su coste o con mayor amplitud, falsificando conscientemente el presupuesto de ingresos, a fin de justificar el incremento del gasto, que luego cargaremos a los de siempre.

Todo ello coincide con el debilitamiento, sustitución o subordinación al mando político de la inspección y previa aprobación del gasto del cuerpo nacional de secretarios, interventores y depositarios cuya vigencia, eficacia e independencia debiera ser reforzada.

Por último, cabe referirse a la supresión de privilegios que se han convertido interesadamente en norma y que hieren la idea de justicia e igualdad. Me refiero al derecho de «puertas giratorias» y de beneficios ampliados a niveles injustificados en el ejercicio de la función pública (chofer, secretaria, asesores, dietas…), prolongados también injustamente en caso de cese (sueldos de los ministros, pensiones, gabinetes de altos cargos).

Somos el país con mayor número de funcionarios de Europa, en relación con la población.

La economía y la transparencia, hacen que, entre las reformas necesarias, esté en primer lugar la de la administración pública.