Algunas voces discordantes pretenden retrotraer la historia, poniendo como modelo para organizar la convivencia en España la República de hace un siglo, apellidándola ya ad inicio de plurinacional (recuperando así su esencia separatista-cantonalista).

La anteponen dialéctica y sistemáticamente a una monarquía que ya no existe y que también fue nefasta, enfrentando a moderados y liberales hasta el extremo de provocar más de un siglo de guerras civiles y la decadencia de España (Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós).

Los resultados de la Segunda República fueron negativos para España. Fue el reiterado intento del Frente Popular, de establecer una república totalitaria y marxista, de romper el sistema democrático existente con continuos levantamientos, desórdenes, huelgas políticas, asesinatos… que culminaron en Casas Viejas, Jaca y sobre todo en la sangrienta revolución socialista de Asturias… inicio de la guerra civil, como ha documentado Pío Moa. El asalto al poder mediante elecciones fraudulentas del 31, 33 y 36, acompañada de violencia en la calle como han demostrado los investigadores Manuel Álvarez Tardío y Roberto Vila García en su obra Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular, tenía que desembocar como así ocurrió, en una nueva guerra civil.

Al mismo tiempo el desgobierno, producía un mayoritario analfabetismo, paro, explotación del campesino, falta total de la seguridad social… que justificaba el dogma de la lucha de clases.

Creo que tratar de reivindicar la República es una falacia de imprevisibles consecuencias, tanto como «forma política del Estado español», es una nueva «monarquía parlamentaria».

No es, ni se ha pretendido que lo fuera una «restauración» de un sistema monárquico históricamente fenecido por su inoperancia, sino algo nuevo buscado desde la catarsis de la guerra civil, con un deseo claro. No volver a caer en el pasado.

Ni siquiera ha respetado la línea sucesoria de las monarquías tradicionales. Ha sido su objetivo su integración en el sistema propio de las monarquías más avanzadas y democráticas del mundo, mediante el consenso para superar el guerra civilismo de los últimos 200 años –tanto por parte de la derecha como la izquierda en la transición–; incorporada a la Constitución y votada mayoritariamente por el pueblo.

Por eso el artículo 1º de la Carta Magna establece que «la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria».

Artículo integrado en el Título Preliminar, que como su propio nombre indica es anterior al resto del texto. Es evidente que una constitución se formula para una realidad nacional pre existente y con unos objetivos de permanencia, dentro del Estado democrático y de derecho. Monarquía que también está sometida a la Constitución, que «ha de cumplir y hacer cumplir» (artículo 61).

Monarquía parlamentaria que ha producido 45 años de paz y de mayor desarrollo económico-social de nuestra historia, como también de libertad incluso para atacarla, aunque esto no debiera producirse desde el propio Gobierno, que debiera y así lo ha jurado, defender la Constitución.

Las características fundamentales de la monarquía parlamentaria, cuales son su origen hereditario y su independencia de los partidos, lejos de ser un hándicap como pretenden los propugnadores del pensamiento único, son la garante de la unidad y la libertad. Conlleva una innovación institucional, que es una conquista democrática, que une a las características positivas de la institución (estabilidad, unidad, continuidad, independencia), la libertad y la democracia y la subordinación de la corona a la Constitución.

Esta es la razón por la que los países donde se ha alcanzado un mayor grado de libertad democrática y justicia social del mundo, tienen como forma de Estado la «monarquía parlamentaria».

Suecia, Luxemburgo, Dinamarca, Bélgica Holanda, Inglaterra, Mónaco, Japón… Hasta en el mundo islámico los países más estables y prósperos son los que se rigen por una monarquía como Marruecos, Jordania, Emiratos Árabes…

Radicalmente distinto es el resultado de los países en que rige una república socialista-marxista, que se nos propone como alternativa (tanto por quien nos hace la propuesta, como por su conocida ideología, como sus claras preferencias internacionales). En ellas no existe la libertad, la violencia y la miseria campan por doquier (Cuba, Nicaragua, Venezuela, Corea del Norte, Bielorrusia…).

Los ideológicos e históricamente trasnochados ataques a la monarquía parlamentaria, son precisamente la razón que justifica su vigencia.

Se dice que es «hereditaria». Esa es la mayor garantía de su independencia, Así lo entienden y lo practican los países más avanzados del mundo. Al tener su origen y fundamento en algo permanente e independiente, se garantiza que no depende de ningún partido o grupo.

¿Os imagináis que cada cuatro años hubiera una elección promovida por los partidos políticos para designar al jefe del Estado? ¿Qué el elegido cambie cada cuatro años su estructura y el personal con un criterio partidista de repartirse el pastel, como ha ocurrido con el Gobierno?

¿Podría ser ideológicamente y en la práctica independiente de su propia ideología que le ha llevado al cargo y le garantiza su permanencia?

¿Realizará una política nacional para todos los españoles o seguirá con los objetivos de su partido, pese a que este es siempre minoritario respecto al conjunto de los partidos y más aún en relación con el total de la población?

¿Podría moralmente cumplir sin interferencias partidistas las funciones que constitucionalmente le corresponderían, de «arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones» (artículo 56 de la Constitución) si ya «al inicio» pertenece a uno de ellos?

Supongamos que un líder populista y antisistema alcanza la Jefatura del Estado –España es el único país de Europa en que los comunistas están en el poder y los separatistas en su antesala parlamentaria, dispuestos a consensuar su influencia–. ¿Quién garantiza la unidad y permanencia?

También la monarquía parlamentaria, garantiza la división e independencia de los poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) que es fundamento de la democracia, pues sin esa independencia la democracia no existe.

Efectivamente. Los partidos según su propia naturaleza tienden a imponer su ideología, a ocupar todo poder y si pueden, imponer incluso el pensamiento único y controlar la sociedad civil, especialmente aquellos antisistema. Esta actitud se multiplica cuando ocupan el poder ejecutivo, porque desde el pretender controlar y ocupar el legislativo y el judicial, con lo que al final anular la democracia.

El poder legislativo gobernando a base de decretos, eliminando el sistema de promulgar las leyes y la exigencia legal de urgencia y necesidad, e imponiendo el mandato imperativo partidista a los diputados y senadores. «Si se mueve no sale en la foto, ni repite».

El poder judicial en el nombramiento de los altos niveles de la judicatura y la fiscalía e interviniendo tendenciosamente el régimen penitenciario.

De todo ello tenemos numerosos y recientes ejemplos. Cabe añadir la creación de «mesas de diálogo» con fuerzas anticonstitucionales, o la transferencia a las comunidades autónomas de competencias exclusivas del Estado (embajadas, orden público…).

Por eso hace falta un poder moderador, independiente y en ese caso arbitral, que no puede ser partidista ni una prolongación del poder ejecutivo, un poder que garantice la independencia de los poderes del Estado, la unidad nacional y la continuidad.

Así se recoge en la Constitución vigente. Especialmente en los artículos que regulan la Corona y los que contienen su misión en el poder legislativo (90,91 y 92), ejecutivo (90, 100 y 114) y judicial (117, 122 y 124), consistente esencialmente en garantizar su constitucionalidad.

Finalmente, otra falsedad que se intenta calar en la opinión pública y que no tiene fundamento, es presentar el coste de la Corona, como un gasto extra como si este disminuyera si se sustituye por un presidente.

La verdad claramente previsible es que el gasto se incrementaría notoriamente, como ha ocurrido en cuantas instituciones han intervenido, empezando con las vicepresidencias, el Consejo de Ministros, el incremento de altos cargos, puestos de confianza, miles de asesores…

Solo pensar las campañas electorales para su elección, supera ya el coste, pero luego hay que repartir, el partido y sus aliados quieren tener su voz y parte en la Jefatura del Estado y eso hay que renovarlo cada cuatro años.

«La política es el arte de lo posible», por eso hay que elegir entre lo posible y lo mejor para el bien común, al margen de nostalgias legítimas, de utopías o de objetivos partidistas contra el sistema.