Mienten quienes señalan que en España han funcionado siete leyes de educación hasta el día de hoy. No es cierto, solamente han entrado en vigor, desde 1970, seis leyes orgánicas de educación. Por tanto, cinco de ellas han sido aprobadas, promulgadas y que han entrado en vigor desarrollándose.

Como profesional del sector, con treinta y un años de experiencia, puedo afirmar que cada una de ellas es peor que la anterior.

La Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa se remonta a 1970. Se desarrolló hasta la puesta en marcha, en 1980, de la Ley Orgánica por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares (LOECE). Cinco años después, en 1985, de aprueba la LODE (Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación). Es en ella cuando se incorporó el sistema de colegios concertados. Un lustro más tarde, en 1990, entra en funcionamiento la LOGSE (Ley Orgánica General del sistema Educativo). Pasarían dieciséis años hasta la aparición de una nueva norma educativa desarrollada, ya que en 2006 aparece la LOE (Ley Orgánica de la Educación). No obstante, en 2002, bajo el mandato de José María Aznar, fue aprobada la LOCE (Ley Orgánica de la Calidad de la Educación), pero que con la llegada al poder en 2004 del PSOE, de la mano de José Luis Rodríguez Zapatero, esta sería derogada.

Finalmente, después de intensísimos debates y de una enorme controversia generada por la izquierda, se debatió y aprobó en sede parlamentaria la llamada «Ley Wert», en alusión al ministro titular de la cartera de educación, José Ignacio Wert. Su nombre era LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa).

Muchos profesionales del sector creíamos, y seguimos creyendo que la LOE no era una buena ley, por tanto que debía ser cuando menos modificada y, para mí, suprimida. Con sus imperfecciones, la LOMCE pretendía corregir algunas cuestiones muy serias que se estaban produciendo, tales como el fracaso y el abandono escolar.

El sistema educativo español, fragmentado por el estado de las autonomías, en diecisiete modelos diferentes daba señales de una ínfima calidad.

Como docente he sufrido cuatro de ellas. Siempre, las peores de ellas han sido promovidas por el PSOE. Me refiero a la LODE, la LOGSE y la LOE. Todas ellas han llevado a la deriva a la educación en las enseñanzas medias. De las universitarias también podríamos hablar.

Ahora se nos amenaza con una nueva creación, la llamada «Ley Celaá», o lo que es lo mismo, la LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la LOE).

Si mala era aquella, por sectaria y demagógica, esta comienza su andadura dejando su impronta laicista y totalitaria. En estos momentos, en el Plan de Reconstrucción que se está elaborando tras la pandemia, en el presupuesto de dos mil millones de euros destinados a educación, ni un euro está previsto dedicarlo a la enseñanza concertada con fondos públicos.

Enésimo ataque a la libertad de enseñanza garantizado por el artículo 27 de la constitución española. La defensa a ultranza de la escuela pública es el santo y seña de la ley que se avecina.

Si Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, titular de educación con Rodríguez Zapatero, se caracterizó por su marcado espíritu contrario a la enseñanza religiosa concertada, o privada, Isabel Celaá Diéguez, ministra de Educación y Formación Profesional de Pedro Sánchez, supera con creces a su predecesora socialista en el cargo en el ataque a la educación no pública.

Llamativo es que doña Isabel, que tiene dos hijas, escogió para ellas el colegio concertado y católico, trilingüe e integral «Bienaventurada Virgen María», de las hermanas irlandesas de Lejona (Vizcaya).

Se avecinan movilizaciones. Y es natural, ya que los centros concertados con fondos públicos, representan el 25,7% de la red pública. Más de dos millones de alumnos. Seis de cada diez colegios concertados corresponden a institutos o comunidades religiosas católicas.

La patronal de las Escuelas Católicas, los sindicatos profesionales mayoritarios de la enseñanza concertada, y la Confederación Católica Nacional de Padres de Alumnos (CONCAPA) y la Conferencia Episcopal Española ya se han pronunciado negativamente. Partido Popular y, en mucha mayor medida, Vox han hecho lo propio.

La demanda de la enseñanza concertada es una realidad. La demanda social supera ampliamente la oferta de plazas disponibles. Y esto es precisamente lo que pretende eliminar del texto de la nueva ley la señora Celaá, la «demanda social», haciendo una apuesta discriminatoria a favor del modelo público. Una sutileza retórica de gravísimas consecuencias para la libre elección de centro educativo por parte de los padres.

De sus contenidos y disposiciones, todavía en borrador, les aseguro que les hablaré con más detenimiento. Solamente decir que el espíritu que anima al gobierno de coalición socialista-comunista es, el de imponer una coeducación por parte del estado junto al legítimo y natural derecho de los padres a ser los únicos responsables de la educación de sus hijos. Un abuso propio del totalitarismo cubano, bolivariano, o soviético. Sectarismo educativo puro y duro.