Pocos dudarán de lo imaginativo que es Sánchez. Casi tanto como mentiroso. Imaginativo para burlar las normas, incluso la Constitución. Empezó escondiendo urnas tras una cortina en Ferraz para manipular votos. Eso hizo que sus compañeros le dieran matarile. Pero resucitó. ¿Recodarán ahora que lo que entonces consideraban inasumible es lo que está haciendo Sánchez? No le conocían. Ha convertido la Comisión Federal y su grupo parlamentario en rebaños y sus balidos sólo repiten «si bwana». El estómago y las prebendas pesan mucho.

Ahora Sánchez quiere aprobar una ley de Amnistía que para ilustres juristas sería inconstitucional. Lo va a hacer por el atajo de una proposición de ley de los grupos y así, al no ser proyecto de ley, no pasaría por el Consejo de Ministros ni precisaría informes del CGPJ, el Consejo Fiscal o el Consejo de Estado, aunque alguno esté pastoreado. La amnistía es la joya de las exigencias de Junts y ERC en la subasta inmoral aceptada por Sánchez, que se apuntalará en la opinión de juristas caseros. Los demás quedarán orillados. Hoy seré vocero de dos juristas previsiblemente orillados.

Ya en 2019, mucho antes de la subasta sanchista, Enrique Gimbernat, catedrático de Derecho Penal, considerado el príncipe de los penalistas, negó con sólidos argumentos que la amnistía tenga cabida en la Constitución, que no la menciona. Según Gimbernat «si no lo hace es porque estima que no había que establecer limitación alguna, ya que la amnistía como tal -con o sin limitaciones- había devenido inconstitucional» (…) «Como ya la amnistía individual es contraria a la Constitución, es superfluo especificar constitucionalmente que, con mayor motivo, lo es también la amnistía general». Y rebate contundentemente los argumentos favorables a su constitucionalidad.

Gimbernat señala: «Los secesionistas seguirán exigiendo la amnistía porque, como todo fundamentalismo, el independentismo catalán se caracteriza por la irracionalidad». Ellos creen que «España es un Estado de No-Derecho, en el que se puede defender (…) que existe un 'derecho a decidir', prohibido tanto por el Derecho interno español como por el internacional». La Resolución 1.514 de la Asamblea General de la ONU aclara: «todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas».

José Manuel Vera, catedrático de Derecho Constitucional, cree que la amnistía «conculca el artículo 62 de la Constitución» con similares argumentos a los ya expresados, y entiende «que la amnistía no aparezca en la Constitución; es como la esclavitud, no aparece en la Constitución y nadie creería que por ello es legal y constitucional». Vera sostiene que el artículo 14 de la C.E., que establece la igualdad ante la ley, es otro obstáculo jurídico: «Una amnistía podría ser discriminatoria al vulnerar el derecho de igualdad de todos los españoles». El catedrático opina que la amnistía supone «reconocer que en España hay perseguidos políticos; su concesión se debería a motivos espurios ya que se usaría el poder legislativo de manera bastarda en el único interés de un Gobierno que ha cruzado todas las líneas éticas».

Acaso el más insistente en defender la constitucionalidad de la amnistía haya sido el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo. Señala: «El argumento de que al prohibir la Constitución que la ley autorice los indultos generales se está implícitamente prohibiendo la amnistía, es constitucionalmente absurdo. La Constitución está limitando a las Cortes Generales para habilitar al Gobierno para que dicte indultos generales y nada más». En cuanto a este argumento ya he recogido el parecer contrario del profesor Vera. Pérez Royo, reconocido comunista, no ha ocultado nunca sus ideas respecto a la Constitución y a la Monarquía. Recojo algunas de 2020:

• «Si se coge la historia de España y se estudia... es muy difícil que la monarquía sobreviva. Hay que plantear a los españoles si quieren vivir en una república o en una monarquía».
• «La Monarquía puede ser el fusible que a lo mejor tiene que saltar para que se pueda articular un sistema político en España que pueda funcionar (…) y comenzar un proceso constituyente. Hacer unas elecciones constituyentes y hacer una nueva Constitución».
• «Llega 1931 y España se acuesta monárquica y se levanta republicana. En esta segunda restauración borbónica está pasando algo parecido. La abdicación de Juan Carlos I fue el primer fusible. Ahora éste es un segundo fusible».
• «El sistema político español es terrible. Es la propia Monarquía la que encorseta la Constitución. La Monarquía es un lastre que está ahí y que, además, es un tapón que impide la evolución del sistema».

Las opiniones de Pérez Royo son históricamente muy endebles. Salvo la efímera Primera República de 1873, caótica, y la breve República de 1931, más caótica aún, llegada ilegítimamente por una movilización callejera tras unas elecciones municipales que, además, ganaron las candidaturas monárquicas, el sistema multisecular español ha sido la Monarquía y la actual es una Monarquía parlamentaria. Los españoles ya la votamos al votar la Constitución, incluso con el nombre del titular de la Corona incluido en su Artículo 57.1. Por cierto, una de las regiones con mayor porcentaje de votos afirmativos fue Cataluña.

No dudo de que Sánchez forzará la Constitución y hará lo que quiera sin pensar en el pueblo español. Y seguirá promoviendo, en su beneficio personal, leyes con nombres y apellidos. Pero puede hacerlo porque le dejamos. Navegamos en un barco político hacia Venezuela y millones de españoles siguen en la inopia mental.

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