El 8 de agosto de 2022 escribí en El Debate: «Camps, ingratitud y cobardía» sobre el calvario judicial del expresidente de la Generalidad Valenciana, con hasta diez causas judiciales distintas, todas ellas archivadas por no encontrarse motivación en las denuncias o por su no culpabilidad tras celebrarse el juicio. Durante muchos años fue insultado, calumniado y condenado en un juicio mediático que cada vez iba a más. Tan objetivo como siempre, El País dedicó a Camps 169 portadas. Sí, ni una menos. ¿Publicará ahora una amplia referencia a las sentencias? Lo suyo no fue información, fue persecución. Cuando escribí el artículo sobre Francisco Camps le quedaba aún pendiente una sentencia; las nueve anteriores habían restituido la verdad y el honor mancillado en la medida en que puedan restituirse. La décima sentencia ha sido también favorable. Lo primero que declaró Camps fue: «Esto no le puede ocurrir a ningún español». Pues ocurre y más de lo que pensamos

Es cierto que el hecho no se desarrolla igual en todos los «imputados políticos», llamémosles así. Ahí están Griñán y Chaves de los que nunca más se supo. Igual ocurrirá, me temo, con el Tito Berni o Koldo y no digamos con Ábalos que según leo estaba al tanto de cómo iban las finanzas fáciles. Un día se dejará de hablar de ellos, y de algunos más según convenga, y colorín colorado. Pero los dieciséis años de Camps padeciendo, con su familia mediáticamente perseguida, y con su imagen pública a ras de suelo, no los borran diez sentencias. Es acaso el mayor ejemplo de persecución sin descanso, de calumnias continuadas, de campaña política inmoral. La Fiscalía pedía esta vez un año de prisión y 250.000 euros de multa. Sabiendo tal antecedente leer esta última sentencia de la Audiencia Nacional produce sonrojo.

La sentencia recoge «no estar acreditado por prueba alguna válida» que Camps «ejerciera presión, sugestión, recomendación o insinuación alguna» en relación con el stand de la Feria del Turismo de 2009, y «no existe testigo, escrito o comunicación alguna entre ambos en dicho periodo (se refiere a la directora general de Promoción Institucional, también absuelta) lo que aleja cualquier prueba o indicio con trascendencia penal». Tal cual.

Otro caso parecido por su gravedad y descaro persecutorio, coincidente en el tiempo y en el mismo ámbito de la Generalidad Valenciana, lo sufrió la exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo. Fue denunciada ya en 2009 y en 2010 la Fiscalía Anticorrupción acusó a la alcaldesa alicantina de cohecho y tráfico de influencias. Pese a la condena mediática, consiguió el mayor éxito del PP en unas elecciones en la capital alicantina sumando 18 concejales de 29. Eran las elecciones de 2011.

Años antes había comenzado el acoso. Si era absuelta en una instancia judicial sus adversarios políticos se sacaban de la manga una nueva acusación. Hasta que en 2014 dimitió, asqueada, como alcaldesa. La persecución y el padecimiento de su familia fueron relevantes para su decisión. Aparecían siempre la Fiscalía Anticorrupción, el PSPV, y Compromis con recursos de apelación ante el archivo en instancias previas como la Audiencia Provincial de Alicante, que sentenció que «no existe en el sumario ningún dato concreto que describa una actuación prevaricadora». Tampoco apreció delito de cohecho ni de tráfico de influencias. Y tras más calvario judicial, el Tribunal Supremo ratifica ahora su absolución. Dieciséis años de martirio. Si que podría hablarse de lawfare, de medios engrasados, de judicialización de la política, de siembra de fango. Pero eso queda para que oculte sus vergüenzas Sánchez.

Un titular de periódico de entonces fue: «Sonia Castedo, la alcaldesa de Alicante que Mariano Rajoy no quiere en la foto». En el artículo sobre Camps de hace casi dos años denunciaba la poca receptividad, que considero cobardía, del PP y de su cúpula ante acusaciones manipuladas por sus adversarios políticos. La blandenguería, buenismo o sencillamente miedo, los hace caer en sus propias trampas y tratar como apestados a dirigentes que resultarán inocentes. Falta de confianza. Les dejan solos. ¿Se restituye públicamente su honorabilidad en el seno del partido? ¿Se cuenta con ellos, con su experiencia y su trabajo? Pues no. En estos dos casos que cito el PP reaccionó acomplejado y cobarde. Por las fechas no es difícil poner nombres a esas cúpulas.

Y, como fondo a tener en cuenta, la Justicia tortuga que padecemos. Resulta exagerado que los procedimientos se prolonguen tantos años lo que supone un grave perjuicio para los afectados. ¿El Estado aplicará las indemnizaciones previstas en el artículo 121 de la Constitución cuando existe funcionamiento anormal de la Administración de Justicia? ¿La lentitud extrema es anormalidad? En el caso de los servidores públicos con responsabilidades, de la realidad y de la imagen que sobre ellos transmita la Justicia pueden depender amplios ámbitos de influencia, incluso con incidencia política. Para bien y para mal es lo que acaso no pocos buscan.

Y mi recuerdo para Rita Barberá, una gran mujer y una gran política, muerta sola y dejada a un lado por los suyos, en medio de un procedimiento judicial vacío, sin más objetivo que perjudicarla.