La memoria prohibida

Hace un par de semanas en Rusia –y Franco– son culpables adelanté: «Me resisto pero acaso un día escriba sobre las represalias de otro signo» al referirme a un mitin de Yolanda Díaz en la campaña andaluza. Los resultados electorales de su coalición de extrema izquierda fueron bien escasos porque el comodín del franquismo parece que cada vez pesa menos. La gente está pendiente de los problemas que le afectan hoy. El día al que me referí anunciando escribir sobre represalias de otro signo ha llegado. El Congreso ha sido testigo de una nueva traición sanchista enmarcada esta vez en la historia mentida, pactando con Bildu ese bodrio histórico de la nueva Ley de Memoria Democrática.

Con su pacto con los herederos políticos de ETA, causante de cerca de mil delitos graves entre asesinatos, secuestros y extorsiones, el Gobierno de Sánchez blanquea de cierta manera a la banda terrorista, ofende a sus víctimas, denigra la memoria –que le es propia– de los socialistas asesinados y lleva las responsabilidades hasta el 31 de diciembre de 1983, un año después de llegar al Gobierno Felipe González y cinco después de la Constitución. El Gobierno liquida la Transición y su espíritu de concordia, y enmienda gravemente la Ley de Amnistía de 1977. Un disparate. Es el mismo Sánchez que se molestó cuando Pablo Iglesias, apuntando a González, le habló en el Congreso de cal viva y de sangre. La coherencia de Sánchez no es precisamente ejemplar.

Recordaré algunas represalias documentadas que seguramente nuestros ilustres iletrados desconocen o han olvidado, algunas instigadas por Francisco Largo Caballero, llamado el Lenin español, un golpista que cuenta con un céntrico monumento en Madrid.

Los órganos judiciales decidieron la libertad de los oficiales del Cuerpo de Asalto, policía creada por la República, Gumersindo de la Gándara, Carlos Cordoncillo y Manuel López Benito, al no encontrarse en ellos conducta hostil a la República ni delito alguno. En el caso del capitán Gándara su lealtad republicana era más que notoria. El 26 de septiembre de 1936 fueron entregados al Comité Provincial de Investigación Pública, la llamada checa de Fomento, que los asesinó. ¿Por qué?

Tras los graves sucesos de Casas Viejas, en enero de 1933, enmarcados en una rebelión armada anarquista que fue reprimida con enorme dureza, se corrió la voz de que Azaña, presidente del Gobierno, había dado la orden de frenar a los anarquistas con «tiros y a la barriga»; fuera cierto o no la tensión creció y supuso un escándalo. El capitán Gándara firmó una declaración, con otros cuatro capitanes, denunciando que la represión en Casas Viejas se debió a órdenes directas del Gobierno presidido por Azaña. Ello llevó al inicio de un procedimiento. El jurado estimó la existencia de órdenes gubernamentales. El Tribunal de Garantías Constitucionales actuó contra varios miembros del Gobierno, entre ellos Azaña y Largo Caballero. La acusación no prosperó por defecto de forma pero no por carecer de base. En 1936, ni Azaña ni Largo Caballero habían olvidado.

Otra represalia la sufrió el juez Salvador Alarcón. En un debate en las Cortes el 20 de marzo de 1935 sobre el alijo de armas del Turquesa que el PSOE trasladó a España para la llamada Revolución de Asturias, en octubre de 1934, contra el Gobierno republicano, Azaña injurió al juez Alarcón, instructor del sumario ante el que había tenido que comparecer. En la guerra civil, Alarcón fue señalado por Claridad, periódico del sector caballerista del PSOE, detenido y asesinado en la Casa de Campo. Otro caso conocido de represalia es el del magistrado Ángel Aldecoa que incomodó a Largo Caballero porque había juzgado un asunto relacionado con él cuya sentencia no le complació; pagó con el fusilamiento la independencia judicial frente al líder socialista.

La represalia más emblemática por la personalidad del afectado fue la de Marcelino Valentín Gamazo, prestigioso abogado del Estado. Siendo fiscal general de la República –lo era desde 1935– actuó en la causa seguida en el Tribunal Supremo contra Largo Caballero como principal responsable del ya citado golpe de Estado de octubre de 1934. Valentín Gamazo pidió para Largo Caballero 30 años de reclusión al ser acusado de rebelión militar en un golpe armado que produjo más de mil muertos. Largo Caballero fue absuelto por presiones muy altas y ante las amenazas de las milicias armadas socialistas, pese a haber quedado probado en el juicio su papel de instigador del golpe revolucionario. Tras aquella absolución que él entendió como una burla a la justicia, Valentín Gamazo dimitió. En julio de 1936 se trasladó con su esposa y sus nueve hijos a una casa familiar en Rubielos Altos, Cuenca.

El 5 de agosto de 1936 se presentó en la casa un grupo de milicianos que habían requisado una camioneta obligando al conductor a trasladarlos. Dijeron que tenían que llevar al padre y a los hijos mayores a declarar en Albacete. Valentín Gamazo, como jurista que era, obligó a sus reticentes hijos a obedecer porque al no tener cargos contra ellos quedarían libres tras la declaración. Sin embargo, al alejarse del pueblo les ataron y les torturaron, asesinándolos en un olivar en la carretera de Tébar a El Picazo. No atendieron el ruego del padre de que le disparasen antes que a sus hijos para no verlos morir. Fueron asesinados de menor a mayor: primero Luis Gonzaga, de 17 años, luego Francisco Javier de 20, después el hermano mayor, José Antonio, de 21. Por último acabaron con el padre. Más tarde recabaron en una taberna de El Picazo y se jactaron de la gesta. Largo Caballero no había olvidado al fiscal general de la República que pidió para él tan larga pena.

No mucho después de acabada la guerra, el conductor de la camioneta requisada reconoció en Madrid a uno de los asesinos y, denunciado, fue juzgado, condenado a muerte y ejecutado. De los demás milicianos nada más se supo. Los asesinos que ejercieron las represalias relatadas hasta aquí, como muestras de interminables listas documentadas, son, gracias a esta ley de memoria prohibida, «víctimas de la represión franquista» y algo así como «mártires de la democracia». Dejo para otra ocasión escribir sobre más páginas de la memoria oculta, como el caso de Petra Montoro Romero, una de las primeras alcaldesas de España, promotora y fundadora de escuelas femeninas, y sus hermanas Natalia y Marta, violadas, torturadas y asesinadas las tres el 29 de noviembre de 1936 en Solihuela del Guadalimar, Jaén. No conozco ningún interés por este caso –ni por los que no sean de su cuerda– de la hiperactiva ministra de Igualdad, ella misma un monumento a la desigualdad si atendemos al origen decisivo de su nombramiento.

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